Roberto Sánchez insiste con la narrativa de fraude electoral. El candidato presidencial por Juntos por el Perú afirmó que la reciente renuncia del secretario y el incendio de un camión que trasladaba actas electorales reafirman su hipótesis de un fraude para dar como ganadora de la Presidencia a Keiko Fujimori.
En su pronunciamiento, Sánchez vinculó sus denuncias con dos episodios que, según su versión, evidencian irregularidades: la reciente renuncia del secretario general de la ONPE y el incendio de un camión que trasladaba actas electorales. “Acaba de renunciar el secretario general de ONPE, aludiendo acciones graves que han entrado en su computadora, que han manipulado su información”, afirmó ante sus simpatizantes.
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El candidato también mencionó el incendio de un camión que trasladaba actas electorales y lo incorporó a su narrativa de sospechas. “Acaba también de incendiarse un traslado, un camión, con actas que venían seguramente ya contabilizadas. Pero qué raro”, dijo, en medio de gritos de apoyo.
Además, rechazó la forma en que el Jurado Nacional de Elecciones resolvió recursos presentados por su sector. “Rechazamos cómo están resolviendo el Jurado Nacional de Elecciones, que por el hecho de no haber pagado tasas, están diciendo improcedente, improcedente, improcedente”, sostuvo, al insistir en pedidos de impugnación y nulidad.
Desde la sede de Juntos por el Perú en el Cercado de Lima, donde se concentraban decenas de militantes y simpatizantes que comparten la denuncia de un presunto fraude electoral, el candidato emitió su mensaje para dar inicio a las movilizaciones convocadas para hoy.
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Cuestiona la actuación de la ONPE y el JNE
Durante su intervención, Sánchez cuestionó el desempeño de la ONPE y del JNE, a los que acusó de falta de transparencia en la tramitación de impugnaciones y pedidos de nulidad.
“Se están rechazando observaciones por cuestiones formales sin entrar al fondo del problema. El pueblo tiene derecho a que cada acta sea revisada con absoluta claridad”, señaló en un discurso interrumpido por arengas de sus simpatizantes. En otro momento agregó: “No estamos pidiendo privilegios, estamos exigiendo que se respete la voluntad popular”.
El dirigente sostuvo que las decisiones de los organismos electorales limitarían el derecho de defensa de las organizaciones políticas al declarar improcedentes recursos por presuntos incumplimientos administrativos.
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Sánchez denuncia “persecución política y judicial”
Sánchez afirmó que su movimiento y dirigentes afines enfrentan denuncias y presiones, y lo calificó como persecución. “Rechazamos esa persecución política, esa persecución judicial a los líderes del pueblo. A mí mismo ya me han puesto más denuncias”, declaró.

El candidato también sostuvo que no se brindaron condiciones para movilizarse con normalidad. “Hoy tampoco nos han dado garantías para poder movilizarnos pacíficamente”, afirmó, antes de referirse a obstáculos para el ingreso de simpatizantes a Lima: “Les han puesto obstáculos en las entradas a Lima nuevamente, en las garitas, en los peajes”.
En esa línea, convocó a “todas las fuerzas democráticas” a sostener sus reclamos en el espacio público y cuestionó la actuación del sistema judicial, al pedir garantías para los líderes sociales que participan en las protestas.
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Sánchez defiende la protesta pese a no contar con autorización del Mininter
El exministro enmarcó la protesta en lo que describió como un ejercicio de derechos. “Es un derecho constitucional y esta salida pacífica, esta movilización que exige justicia electoral”, dijo desde la sede de Juntos por el Perú en el Cercado de Lima, donde se concentraron los asistentes.

El candidato insistió en que su sector actúa “en base a la Constitución” y “en base a la ley”, y planteó que la ciudadanía puede exigir transparencia en el proceso. “¿Acaso el pueblo no tiene derecho a exigir transparencia electoral?”, preguntó ante los manifestantes.
Cabe precisar que el Ministerio del Interior denegó la autorización para la realización de la movilización, mediante una carta en la que detalla que la protesta podría afectar el orden público y la seguridad ciudadana. El documento, difundido en la cuenta oficial del candidato, incluye consideraciones legales y técnicas que sustentan la decisión de la autoridad.
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