Juntos por el Perú en desesperación: Presentan denuncia penal contra Keiko, Balcázar, Burneo y Corvetto por “fraude”

El personero legal alterno de Juntos por el Perú en Arequipa, Pablo Salas, presentó una denuncia penal contra el presidente José María Balcázar, el canciller Carlos Pareja; el exjefe de la ONPE Piero Corvetto; el actual Bernardo Pachas; el presidente del JNE, Roberto Burneo; y hasta la candidata presidencial Keiko Fujimori por el inexistente fraude.

Según la denuncia presentada ante el despacho del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, se habría producido un “fraude” en la segunda vuelta, pero no aportan ninguna prueba. Solo mencionan una serie de hechos que, dicen, responden a una "sofisticada operación ejecutada desde las más altas esferas del poder político y electoral” para “distorsionar, alterar y manipular los resultados”.

Así, en la denuncia, Juntos por el Perú intenta vincular un decreto supremo de 2025, que se actualizó las remuneraciones de los funcionarios del servicio diplomático, con su narrativa del fraude. Dicen sin prueba alguna que se trata de un “acto indiciario de cooptación económica y compra de lealtad funcional de las autoridades que, por mandato legal, debían ejercer la custodia y escrutinio del voto en el exterior”.

También se menciona el “cese intempestivo de embajadores estratégicos" por parte de Balcázar y el canciller. Dicen que esta acción provocó un “vacío deliberado de fiscalización jerárquica de primer nivel”, dejando el material electoral y las mesas de votación bajo el control de “funcionarios interinos de menor rango, quienes carecían de la capacidad logística y de la independencia institucional necesarias para resistir presiones”. Sin embargo, los referidos embajadores, si bien sus nombramientos fueron dados por concluidos, siguen en sus cargos a la espera de la resolución que fije su último día de labores. El canciller indicó que sería el próximo gobierno el que decidiría si estos diplomáticos seguían o no en sus cargos.

Otro punto que aborda la denuncia es el uso de la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) en la primera vuelta. Según la denuncia, Piero Corvetto, “impuso el empleo del aplicativo” a pesar de tener “pleno conocimiento de que adolecía de trece vulnerabilidades críticas en su código fuente, las cuales permitían que memorias USB convencionales fueran clonadas y reconocidas por el sistema oficial como originales sin las debidas firmas criptográficas”. Según el partido fraudista, el uso de este software supuestamente indujo al “ausentismo masivo de los electores en las zonas con mayor densidad poblacional”. Tampoco presentaron pruebas para llegar a esta conclusión.

Como era de esperarse, la denuncia también aborda la resolución jefatural de la ONPE que, dicen, “flexibilizó y relajó de manera ilegal los protocolos de control del escrutinio en el exterior, limitando la participación efectiva de los personeros de las agrupaciones políticas y eliminando los contrapesos de fiscalización ciudadana”. Este argumento también fue invocado por el partido para intentar anular la votación en el extranjero. No obstante, el Pleno del JNE desbarató contundentemente esta teoría.

Finalmente, Juntos por el Perú denuncia una supuesta “injerencia sin precedentes por parte de la Embajada de los Estados Unidos en Lima, a cargo del embajador Bernie Navarro”. Según el documento, Navarro no mantuvo neutralidad, sino que “actuó como un actor político directo, ejerciendo presión sobre las instituciones democráticas peruanas para favorecer un resultado específico”. Pruebas, ninguna.