Roberto Sánchez enfrentaría posible inhabilitación política por no reconocer resultados de ONPE y hablar de ‘fraude sin presentar pruebas’, según Óscar Urviola

El constitucionalista Óscar Urviola manifestó que Roberto Sánchez carece de fundamento legal para rechazar una determinación del Jurado Nacional de Elecciones, advirtiendo que esa postura puede provocar una crisis institucional y afectar la transición democrática programada para el 28 de julio.

Durante una entrevista transmitida por Ocurre Ahora de ATV, el ex presidente del Tribunal Constitucional abordó el caso como una presunta infracción constitucional, y no solo como una controversia electoral. Expuso que cuando un candidato y actual congresista anuncia públicamente que no acatará una resolución de la autoridad electoral, incurre en una contradicción directa con el mandato de respeto al ordenamiento jurídico peruano.

El artículo 38 de la Constitución y la autoridad electoral

Urviola fundamentó su posición en el artículo 38 de la Constitución peruana, el cual obliga a todos los ciudadanos a honrar al país, proteger sus intereses y defender el marco constitucional. “Desconocer al Jurado Nacional de Elecciones representa una vulneración directa de ese mandato”, afirmó el jurista ante la consulta del programa.

La postura de Urviola sobre la pregunta central fue clara: Roberto Sánchez, como candidato y parlamentario, está obligado a respetar a la autoridad electoral, que actúa como instancia definitiva en los procesos democráticos. Negarse a acatar sus resoluciones, explicó, supone desacato y una interferencia en la transición democrática prevista.

La gravedad institucional y el deber del congresista

El constitucionalista consideró que la situación se agrava por la condición de parlamentario de Sánchez. Desde su perspectiva, un congresista debe sujetarse de forma más estricta al orden constitucional y su comportamiento tiene mayor peso político y jurídico. “La responsabilidad de un miembro del Congreso es mayor, por el ejemplo que debe dar en el respeto de las normas”, subrayó Urviola.

Además, planteó una posible consecuencia política en el corto plazo: el próximo Congreso bicameral, que asumirá funciones el 28 de julio, debería considerar la apertura de un proceso de inhabilitación parlamentaria para quien desconozca el fallo de la máxima autoridad electoral. A su juicio, esa actitud demuestra que no está habilitado para ejercer cargos de conducción nacional.

El marco constitucional y el penal, dos planos distintos

Durante la entrevista, Urviola explicó que corresponde a los especialistas en derecho penal determinar si la conducta de Sánchez constituye un delito. No obstante, desde el punto de vista constitucional, reiteró que se trata de un desacato que debe ser analizado por el Congreso. Así, la infracción constitucional y la responsabilidad penal se abordan en procedimientos separados.

Urviola remarcó que cualquier acto que cuestione la legitimidad del proceso electoral alimenta la incertidumbre y debilita los cimientos del sistema democrático peruano. “Insistir en el desconocimiento solo genera expectativas falsas y riesgos para la estabilidad política”, advirtió el constitucionalista.

Respuesta categórica a las acusaciones de fraude

El jurista rechazó los argumentos presentados por Sánchez en torno a una supuesta ruptura de la cadena de custodia del voto en el exterior y la falta de digitalización. Urviola consideró que esas afirmaciones carecen de sustento y no permiten fundamentar una impugnación real. “Ninguno, a ninguna parte”, respondió al ser consultado sobre el alcance de esos planteamientos.

Profundizó en que no existieron cambios en las normas electorales después de la convocatoria a elecciones. Explicó que las reglas del proceso, como el calendario y la inscripción de candidaturas, son independientes a la logística con que se remitieron las actas desde el extranjero. Dicha logística, precisó, fue acordada entre la Cancillería y el órgano electoral.

Garantías del proceso y falta de pruebas de fraude

Para Urviola, el envío físico de actas y cédulas mediante valija diplomática constituyó una medida que garantizó la expresión de los peruanos residentes en el exterior. Aclaró que en la audiencia correspondiente no se pudo precisar en qué consistía el supuesto fraude ni se presentaron pruebas que respaldaran esa acusación.

La entrevista también abordó la denuncia constitucional contra el canciller Carlos Pareja. Urviola calificó la acusación como un intento de generar incertidumbre en el proceso político. Describió a Pareja como embajador de carrera y ex funcionario que asumió el cargo en un contexto difícil para el país, y consideró que no existen fundamentos para que prospere la denuncia en su contra.

El Poder Judicial y los límites de la impugnación electoral

En la parte final de la entrevista, Urviola fue enfático al señalar que las acciones judiciales presentadas ante la jurisdicción constitucional no pueden revertir una decisión definitiva del órgano electoral. “No existe amparo electoral que permita dejar sin efecto una resolución emitida en última y definitiva instancia”, sostuvo el ex presidente del Tribunal Constitucional en Ocurre Ahora.

Según su lectura, el “conducto legal” para impugnar los resultados está cerrado. Insistir en desconocer el fallo solo propicia escenarios de movilización social que afectan la estabilidad democrática y generan incertidumbre en la ciudadanía.

Movilizaciones y riesgos para la estabilidad política

Urviola advirtió que la insistencia en desconocer los resultados ya se traduce en movilizaciones y marchas que afectan a comerciantes y trabajadores. Aunque el conductor del programa recordó que Sánchez planteó protestas pacíficas y dentro del marco legal, el constitucionalista advirtió que estas pueden convertirse en una forma de presión indebida sobre la autoridad electoral.

La advertencia política de Urviola fue clara: “Si Sánchez aspira a la presidencia, debe respetar el sistema democrático y pensar en el futuro”, concluyó el jurista durante la transmisión. En su opinión, la actitud de desconocimiento lo descalifica ante la opinión pública y representa un riesgo para la gobernabilidad democrática peruana.