En las semanas finales de su mandato, el Congreso de la República del Perú enfrenta nuevas críticas tras aprobar la entrega de un bono extraordinario por casi 40 millones de soles a más de 3.600 trabajadores, en un contexto marcado por una desaprobación ciudadana que supera el 90%. Esta decisión no está relacionada con la aprobación de leyes polémicas, sino con un polémico beneficio económico que enciende el debate sobre el manejo de fondos públicos y las prioridades del Legislativo.
Según reportes recogidos por 24 Horas Edición Central, la bonificación de 11.000 soles será entregada tanto al personal de carrera como a los trabajadores de confianza de la institución parlamentaria, incluyendo cargos que han sido señalados por presuntas designaciones políticas. El desembolso se realizará a fin de mes y se suma a otros dos bonos extraordinarios otorgados en enero y marzo de este año, además de los pagos regulares por escolaridad.
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Un Parlamento bajo la lupa por sus gastos
La medida ha generado cuestionamientos entre analistas y representantes de la sociedad civil, quienes señalan que el Congreso peruano no solo cierra su gestión con una desaprobación sin precedentes, sino también con una larga lista de escándalos. Durante el actual periodo legislativo, la institución ha sido protagonista de diversos episodios que han afectado su imagen pública: desde la aprobación de leyes controvertidas hasta denuncias por blindaje político, contrataciones irregulares y gastos millonarios en remodelaciones y adquisición de autos de lujo.
De acuerdo con reportes periodísticos, los propios trabajadores y voceros parlamentarios argumentan que la entrega de estos bonos se justifica por las extensas jornadas laborales que, en ocasiones, se extienden hasta altas horas de la noche durante los plenos, y cuyos esfuerzos no se compensan como horas extras. Sin embargo, la frecuencia y el monto de los pagos extraordinarios han intensificado el debate sobre la discrecionalidad en el uso del presupuesto estatal.
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Reacciones ante el reparto de beneficios económicos
La tercera entrega de bonos en lo que va del año ha puesto una vez más en el centro de la discusión pública a la administración del Congreso. Distintos sectores han señalado que, mientras se destinan millones para beneficios internos, persisten falencias en otras áreas prioritarias del país. El Consejo Fiscal ha advertido sobre la existencia de un “forado fiscal” que el próximo gobierno deberá afrontar, producto de lo que califican como gastos irresponsables y sostenidos en el tiempo.
En contraste con el incremento de recursos destinados al Congreso de la República, jóvenes peruanos que obtuvieron plazas en universidades extranjeras a través de la Beca Bicentenario han recibido la notificación de que no dispondrán del apoyo económico prometido. De acuerdo con testimonios recogidos por los propios becarios, la respuesta recibida fue: “No hay presupuesto para ustedes, pero sí para este congreso”. Esta situación afecta a estudiantes seleccionados por su desempeño académico, quienes no podrán concretar sus proyectos de formación internacional por la falta de fondos en el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC), mientras los recursos para el Parlamento y sus funcionarios privilegiados se mantienen sin restricciones.
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Escándalos y cuestionamientos en la gestión saliente
Durante los últimos cinco años, el Legislativo peruano acumuló numerosos escándalos, incluyendo denuncias de corrupción, protección a legisladores investigados, peleas internas y allanamientos judiciales. A esto se suman las críticas por el uso de recursos públicos para remodelaciones y la contratación de personal que, según diversas fuentes, no siempre cumple funciones efectivas dentro de la estructura parlamentaria.
La actual administración del Congreso ha sido señalada por aprobar beneficios para trabajadores que incluyen tanto a personal de planta como a aquellos designados por confianza política. La entrega de bonos, incluso a quienes no cumplen tareas activas, ha sido descrita por analistas como un reflejo de prácticas institucionales poco transparentes que profundizan la crisis de imagen del órgano legislativo.
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El reto del nuevo Congreso: confianza y transparencia
Con la inminente instalación del nuevo Congreso Bicameral, las expectativas se centran no solo en la producción legislativa, sino en la capacidad de recuperar la confianza ciudadana y revisar el manejo de fondos públicos. El gran desafío será establecer criterios claros y transparentes para la asignación de beneficios y el uso del presupuesto, en un contexto donde la percepción de discrecionalidad —y la indignación social— prevalecen.
Mientras la desaprobación supera el 90%, según cifras recientes, el Congreso peruano se despide dejando a la próxima administración una serie de tareas pendientes en materia de rendición de cuentas y comunicación con la sociedad. Entre los principales reclamos figura la exigencia de que los recursos estatales se orienten a prioridades nacionales, como la educación y el desarrollo social, en lugar de beneficios internos para funcionarios y trabajadores parlamentarios.
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Impacto fiscal y cuestionamientos al futuro
El Consejo Fiscal ha advertido que los gastos aprobados por el actual Parlamento comprometen la estabilidad de las cuentas públicas para el próximo gobierno. La entrega de bonos y otros desembolsos millonarios se produce mientras otras áreas, como el apoyo a estudiantes destacados en el extranjero, quedan desfinanciadas. “Para ellos sí hay dinero, para el estudiante no”, lamentan fuentes consultadas por medios peruanos.

El balance de la gestión saliente deja como principal desafío para los nuevos legisladores la tarea de restaurar la credibilidad y demostrar que el Congreso puede actuar de manera responsable y en sintonía con las demandas de la ciudadanía.
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