Juntos por el Perú desembolsó más de 200 mil soles para pagar la tasa electoral de su pedido para anular 647 mesas de sufragio instaladas en Estados Unidos. Sin embargo, el monto no cubre el total de mesas.
Este jueves, el partido presentó un escrito comunicando al Jurado Nacional de Elecciones el pago de 150 tasas cuando busca que se declaren nulas 647 mesas. Esto solo en Estados Unidos, toda vez que en Lima busca invalidar más de 1.700 mesas.
El monto total desembolsado asciende a 206.250 soles. En realidad tuvo que haber destinado 889.625 soles para cubrir las 647 tasas.
“No somos ajenos a las condiciones de procedencia que contempla la magistratura; es por ello que, en concordancia de los requisitos determinados por la normativa electoral (respecto de los pedidos de nulidad de votos de mesa de sufragio), por este intermedio, buscamos subsanar la ausencia de tasa, toda vez que, en su oportunidad, se nos dificultó acceder a dicho requisito”, se lee en el escrito.
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Juntos por el Perú, dice el documento, apuesta a que el JNE “resolverá de acuerdo con los derechos fundamentales de todos los ciudadanos afectados” y espera que declare fundada la apelación y declare nulas las mesas de sufragio a pesar de no haber pagado todas las tasas.
¿La excusa?
Según dijo en conferencia de prensa, candidato presidencial Roberto Sánchez explicó que la recolección de aportes a través de la plataforma Yape se interrumpió porque los abogados del partido identificaron un fallo del Tribunal Constitucional (TC) que, según su lectura, hace innecesario seguir financiando las tasas administrativas exigidas para tramitar las nulidades de mesas de sufragio.
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“¿Y por qué hemos parado? Porque se va a explicar cómo esta parcialidad nomás de haber costeado un número, casi la cuarta parte del total, nuestros buenos abogados detectaron una sentencia del TC que ha ayudado, porque en última instancia una tasa administrativa no puede impedir el ejercicio de un derecho constitucional”, sostuvo Sánchez en conferencia de prensa.

El argumento central es que el pago de una tasa no puede convertirse en un obstáculo para ejercer derechos constitucionales. Al ampararse en ese fallo, el partido considera que ya no requiere recaudar más dinero para cubrir esos costos procesales, lo que dejó sin objeto la campaña de yapeos.
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Los fondos recolectados —descritos por Sánchez como aportes populares de entre uno y veinticinco soles— tenían un destino específico: costear los pedidos de nulidad de mesas en Lima, Estados Unidos y Argentina, en el marco del ajustado resultado de la segunda vuelta del 7 de junio, donde Keiko Fujimori lidera con 50,09% frente al 49,91% de Sánchez, con más del 99% de actas escrutadas por la ONPE.
Sánchez defiende yapeos
Roberto Sánchez salió al frente de las críticas sobre el financiamiento de los pedidos de nulidad de su partido y defendió la legitimidad de los aportes recibidos vía Yape, que describió como donaciones populares de montos mínimos, transparentadas ante la ONPE.
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“Nuestra tesorera me ha mostrado toda la relación. Ocho soles, diez soles, quince soles, veinte soles, veinticinco soles, nueve soles, un sol. Todito eso está siendo trasladado a la oficina de fiscalización”, afirmó el candidato de Juntos por el Perú en conferencia de prensa.
Sánchez negó haber recibido financiamiento de banqueros o empresarios mineros, en una referencia directa al proceso penal que enfrentó Keiko Fujimori de Fuerza Popular por aportes irregulares a sus campañas anteriores. “Nosotros no hemos hecho cocteles. No hay ningún banco que nos haya dado una maleta de millones de dólares sacados ilegalmente del sistema financiero. Ninguna bolsa de ningún color, ni azul, ni roja, ni negra”, dijo.
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