El Ministerio de Cultura presentó el proyecto de reglamento del Decreto Legislativo N.° 1699, que desarrolla el marco para autorizar la participación privada en la gestión, conservación y servicios culturales asociados a bienes públicos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.
El documento, publicado para consulta ciudadana, detalla procedimientos y criterios para identificar, priorizar y supervisar proyectos bajo mecanismos como Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos (PA), siempre bajo la rectoría y supervisión estatal.
Según el Ministerio, la nueva regulación busca “fortalecer la puesta en valor, acceso y sostenibilidad” del patrimonio, sin que el Estado pierda la titularidad ni el control de los bienes culturales.
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Un problema de escala: 31 mil monumentos y presupuesto insuficiente
El diagnóstico oficial reconoce una brecha estructural: el Estado enfrenta una limitada capacidad para conservar y gestionar más de 31,000 bienes culturales públicos.
En 2024, el presupuesto total para el sector Cultura alcanzó los S/ 737,9 millones, de los cuales solo S/ 190,4 millones se destinaron a inversiones, lo que representa apenas un 25% del total.
“Las necesidades superan ampliamente los recursos disponibles”, advierte el Ministerio de Cultura.
La falta de financiamiento y mecanismos modernos ha impedido que muchos monumentos y sitios arqueológicos reciban intervenciones técnicas y sostenidas.
La propuesta: inversión privada regulada sin pérdida de control estatal
El reglamento del Decreto Legislativo N.° 1699 implementa un marco especializado para promover la inversión privada como complemento, no sustituto, de la gestión pública. Necesariamente, la autorización tendría que pasar por ProInversión.
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El Estado mantiene la propiedad, protección y función social de los bienes, mientras que los privados pueden participar en proyectos de restauración, gestión, servicios culturales y aprovechamiento sostenible, siempre bajo condiciones estrictas y “compatibilidad cultural”.
La iniciativa responde al reconocimiento de que la acción estatal, hasta ahora, ha sido “fragmentaria y casuística” y carecía de reglas claras para la cooperación con el sector privado.
Así funcionarán las APP y Proyectos en Activos
Las APP se aplicarán cuando el proyecto requiera gestión integral, operación, mantenimiento o prestación continua de servicios culturales.
Por ejemplo, una empresa podría modernizar y operar un museo estatal, gestionar servicios de interpretación o restaurar un monumento, pero siempre con planes de reinversión y bajo fiscalización técnica del Ministerio de Cultura.
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Los Proyectos en Activos se orientan al aprovechamiento compatible de un bien cultural, como habilitar espacios para actividades culturales o servicios complementarios (cafeterías, etc), sin gestión integral ni transferencia de propiedad.
El reglamento introduce modelos estandarizados, diagnóstico obligatorio y monitoreo permanente. Esto permite “uniformizar, controlar y dar predictibilidad” a la gestión público-privada, según la exposición de motivos.
La derogación de la antigua Ley 29164 elimina trabas burocráticas y da paso a un modelo moderno, con procedimientos sectoriales claros y mecanismos de rendición de cuentas.
Machu Picchu y Kuélap, fuera del alcance de los convenios privados
El Ministerio de Cultura excluyó explícitamente los bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO de los convenios de administración con privados.
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Sitios emblemáticos como Machu Picchu o Kuélap no podrán ser gestionados bajo APP, Proyectos en Activos ni convenios de administración privada, según el marco propuesto.
La norma establece que estos mecanismos solo aplican a bienes públicos que no cuentan con esa protección internacional, reforzando el compromiso con la preservación y la función social del patrimonio.
Un cambio de lógica en la gestión patrimonial estatal
La propuesta reglamentaria no modifica el régimen de protección, ni autoriza la privatización ni la venta de bienes culturales públicos.
Así, el Estado busca sumar capacidades técnicas y financieras del sector privado bajo reglas estrictas, con el objetivo de transformar la gestión patrimonial en un proceso “continuo, sostenible y controlado”.
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Según el Ministerio de Cultura, este modelo permitirá que la puesta en valor del patrimonio deje de ser una intervención aislada y se convierta en una política pública sostenida y articulada bajo interés general.
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