La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminó el procesamiento del 100% de actas de la segunda vuelta presidencial, en un contexto marcado por la solicitud de un reconteo general de votos por parte de Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú. La solicitud, presentada tras varios días de silencio, coincide con un proceso en el que su agrupación busca anular miles de mesas por supuestas irregularidades, aunque gran parte de esos recursos han sido objetados por incumplimiento de los requisitos legales y de plazo.
Roberto Sánchez propuso a Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, solicitar juntos una revisión integral de votos y actas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El argumento principal apunta a la necesidad de transparencia, en especial en mesas donde existan indicios de irregularidades. El pedido contempla la presencia de misiones de observadores internacionales, pero enfrenta obstáculos legales y económicos que lo vuelven inviable en la práctica.
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El costo económico: una barrera insalvable
El primer gran impedimento para el pedido de nulidad y reconteo radica en el pago de tasas que exige la normativa electoral. El Jurado Electoral Especial de Lima Centro declaró improcedente la nulidad de 1.751 actas en Lima planteada por Juntos por el Perú, ya que no se acreditó el pago de la tasa correspondiente, que asciende a 1.375 soles por acta. Para ese solo pedido, la suma alcanzaba 2.407.625 soles.
La misma autoridad rechazó la nulidad de mesas en Carolina del Norte, Estados Unidos, por el mismo motivo y porque no se presentaron hechos concretos que fundamentaran la solicitud. Aunque Sánchez anunció que impulsaría una colecta para cubrir las tasas, el simple pago no garantiza la aceptación de los recursos, ya que existen más requisitos legales que cumplir.
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Requisitos legales estrictos y plazos vencidos
La ley electoral establece que los pedidos de nulidad o reconteo deben cumplir no solo con el pago de tasas, sino también con fundamentos específicos y, especialmente, con la presentación dentro de los plazos previstos. Los recursos deben interponerse en los tres días posteriores al acto electoral, plazo que ya expiró al momento de presentar el pedido de recuento general.
El mecanismo de anulación de actas no depende únicamente del desembolso económico. Según la normativa, este procedimiento existe desde antes de la jornada electoral y no fue diseñado exclusivamente para la segunda vuelta. Además, la ley exige que cada recurso esté debidamente fundamentado y documentado, lo que no se reflejó en varias de las solicitudes presentadas.
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Dificultades adicionales en el extranjero
El personero de Juntos por el Perú informó que solicitarán la nulidad de 233 actas provenientes de Buenos Aires, aunque admitió que la ley solo concede tres días después de la elección para impugnar. Señaló que el material electoral llegó tarde desde Argentina, lo que dificultó el trámite dentro del plazo.
También cuestionó el traslado del material electoral en maletas no oficiales, aunque la autoridad electoral no advirtió irregularidades concretas que ameriten la nulidad. A pesar de estos cuestionamientos, Sánchez aseguró que respetará los resultados definitivos, incluso si resultan desfavorables para su partido.
Fuerza Popular rechaza el reconteo y defiende la institucionalidad
Mientras Keiko Fujimori esperaba los resultados oficiales, el candidato a la primera vicepresidencia de Fuerza Popular, Luis Galarreta, rechazó el pedido de reconteo formulado por Sánchez. Galarreta señaló que el recuento de votos no puede ser una decisión arbitraria y que las instituciones deben respetarse.
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Desde Fuerza Popular se insistió en que el mejor pacto de transparencia es cumplir las normas, y que las nulidades planteadas por Juntos por el Perú están siendo rechazadas por falta de sustento formal y legal. Fujimori expresó que aguardaba el inicio de audiencias públicas de los jurados electorales especiales, encargados de revisar las actas observadas. Según la candidata, el sistema muestra transparencia y corresponde esperar el resultado final de las instancias oficiales.
Alcance de los recursos de nulidad y diferencias entre partidos
El volumen de recursos presentados por Juntos por el Perú y Fuerza Popular revela la diferencia de enfoques. Juntos por el Perú solicitó la nulidad de 1.571 actas en el país, más de 600 en Estados Unidos y acciones adicionales sobre actas en Argentina. Por su parte, Fuerza Popular solo pidió anular siete actas en Puno.
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Estas cifras muestran que, mientras Juntos por el Perú apostó por una estrategia masiva de nulidades, Fuerza Popular se concentró en casos específicos. La autoridad electoral continúa emitiendo resoluciones sobre estos pedidos, aunque la mayoría enfrenta observaciones por incumplimiento de requisitos.
Opinión jurídica: ausencia de sustento legal para un reconteo general
El abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi advirtió que la apelación y el pedido de reconteo general no tienen sustento legal, ya que los plazos electorales son preclusivos. El especialista explicó que, una vez vencido el plazo y sin presentar un recurso completo y fundamentado con la tasa pagada, no es posible avanzar con la solicitud.
Rospigliosi descartó la viabilidad de un recuento total de votos, incluso si ambos candidatos estuvieran de acuerdo. Solo cabe el recuento en mesas impugnadas en el momento oportuno, no después de firmadas las actas ni vencidos los plazos establecidos por la ley electoral.
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Proceso de revisión y cierre pendiente
En este contexto, los jurados electorales especiales siguen resolviendo los recursos de revisión de actas presentados por ambas agrupaciones. El resultado definitivo de la segunda vuelta presidencial dependerá de la conclusión de estos trámites y de la publicación de las resoluciones oficiales. Mientras tanto, la autoridad electoral insiste en la necesidad de respetar los procedimientos legales y la transparencia del sistema en esta etapa final del proceso.
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