Ministerio Público investiga presunta discriminación por uso de cisterna y expresiones racistas contra simpatizantes de Roberto Sánchez

La actuación de una cisterna municipal contra un grupo de ciudadanos que participaba en una manifestación frente a una sede electoral generó la intervención del Ministerio Público y abrió un debate sobre el respeto a los derechos fundamentales durante las protestas públicas.

El caso se produjo en el distrito limeño de Jesús María, donde simpatizantes de la agrupación Juntos por el Perú permanecían en las inmediaciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a la espera de decisiones relacionadas con actas impugnadas. La difusión de imágenes del incidente motivó cuestionamientos desde distintos sectores y dio paso a acciones fiscales.

A través de sus redes sociales, el Ministerio Público informó que la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo dispuso una indagación previa por el presunto delito de discriminación en agravio de ciudadanos que participaban en una concentración pública.

Investigación fiscal busca determinar posibles actos discriminatorios

Según informó el Ministerio Público, la medida fiscal tiene como objetivo identificar indicios del delito de discriminación tras la recepción de una denuncia ciudadana. La investigación se centra en presuntas expresiones racistas dirigidas contra personas reunidas en la vía pública mientras ejercían sus derechos de reunión y libertad de expresión.

La entidad precisó que los hechos ocurrieron frente a una sede del Jurado Nacional de Elecciones, donde los manifestantes desarrollaban una protesta pacífica. La indagación previa permitirá recopilar elementos que ayuden a esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los acontecimientos denunciados.

Imágenes muestran intervención de camión cisterna municipal

El episodio cobró notoriedad después de la difusión de registros audiovisuales compartidos inicialmente por el periodista Eloy Marchán, del medio Hildebrandt en sus trece.

Las imágenes muestran un camión cisterna perteneciente a la Municipalidad de Jesús María mientras arroja agua sobre las carpas instaladas por simpatizantes de Juntos por el Perú en el parque Jaime Bausate y Meza. Los manifestantes permanecían en la zona a la espera de resoluciones relacionadas con actas observadas dentro del proceso electoral.

La situación provocó reacciones en diversos sectores políticos debido a que la intervención involucró a una gestión municipal encabezada por el alcalde Jesús Alberto Gálvez, integrante de Renovación Popular.

Organizaciones de derechos humanos cuestionan actuación municipal

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) expresó su rechazo a la utilización del vehículo municipal contra los participantes de la protesta.

En un pronunciamiento público, la organización señaló: “Rechazamos el uso de un camión cisterna de regado por parte de la Municipalidad de Jesús María contra las y los ciudadanos que realizaban un plantón pacífico en el parque Jaime Bausate y Meza”.

La CNDDHH sostuvo además que “esta acción constituye una vulneración del derecho a la protesta y un acto de amedrentamiento incompatible con las obligaciones de las autoridades de garantizar la libertad de expresión”.

La organización también destacó que el caso adquiere una dimensión adicional debido a antecedentes recientes en el mismo espacio público. Según indicó, “hace pocas semanas, otro grupo de ciudadanos se manifestó en el mismo espacio sin enfrentar restricciones ni intervenciones similares”.

Asimismo, recordó que las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales en igualdad de condiciones, sin discriminación ni actuaciones arbitrarias.

Municipalidad atribuye los trabajos a mantenimiento programado

Frente a las críticas, la Municipalidad de Jesús María difundió un comunicado en el que negó cualquier motivación política detrás de la intervención.

La comuna sostuvo que “los riegos realizados (...) se deben a un cronograma regular de mantenimiento, programado dos veces por semana, con el fin de conservar las áreas verdes en óptimas condiciones para el disfrute de todos los vecinos”.

Según la versión municipal, estas labores forman parte de actividades habituales relacionadas con la conservación de espacios públicos. El comunicado añade que “estas labores responden directamente a las solicitudes de mejora presentadas por los propios vecinos de la zona, y son ejecutadas por la Municipalidad como parte de su compromiso permanente con el cuidado de los espacios públicos y el bienestar de la comunidad”.

La administración distrital también rechazó cualquier relación entre los trabajos de mantenimiento y la presencia de manifestantes en el lugar. En ese sentido, afirmó que “estos trabajos no guardan relación alguna con temas de índole político” y sostuvo que “se trata únicamente de actividades técnicas de mantenimiento orientadas a garantizar la calidad y sostenibilidad de nuestras áreas verdes”.

Mientras la fiscalía desarrolla las diligencias correspondientes, las autoridades deberán evaluar los elementos presentados en la denuncia ciudadana y las circunstancias que rodearon la intervención registrada en el parque Jaime Bausate y Meza.