Osinergmin: peritaje por deflagración de TgP en ductos de Camisea sigue detenido por retención de muestras en Fiscalía

La investigación técnica sobre la deflagración del 1 de marzo en la estación de válvulas ubicada en el kilómetro KP 43 de Megantoni (Cusco), que motivó la paralización del transporte de gas natural y líquidos de gas natural de Camisea, permanece inconclusa ante la falta de autorización para realizar pruebas de laboratorio a las muestras metálicas clave.

Así lo informó Osinergmin, que supervisa el sector energético, al precisar que la conclusión del proceso depende de que la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Convención (Cusco) disponga las diligencias necesarias para que las muestras –almacenadas en Lurín (Lima) desde el 26 de marzo– puedan ser evaluadas.

La entidad subrayó que el análisis técnico de estas muestras es imprescindible para cerrar la investigación y aplicar las medidas regulatorias correspondientes.

Por ello, Osinergmin ha solicitado la intervención de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) para que exhorten a la Fiscalía de la Nación a agilizar el trámite y así permitir el cierre de la etapa de fiscalización.

Osinergmin exige liberar evidencias clave para concluir el peritaje

Osinergmin ha emitido tres informes técnicos sobre el caso desde el incidente. El primero, publicado en marzo, determinó que el concesionario no acreditó condiciones excepcionales para justificar una prórroga por fuerza mayor.

Los dos informes siguientes, remitidos a fines de abril, identificaron varios incumplimientos contractuales, entre ellos el no suministro de flujo y presión suficientes de gas natural para atender la demanda máxima entre el 1 y el 13 de marzo de 2026.

Estos documentos fueron enviados al Ministerio de Energía y Minas (MINEM), encargado de evaluar y tomar las acciones que correspondan como entidad concedente.

Finalmente, Osinergmin reiteró su compromiso de mantener informada a la ciudadanía con transparencia y rigor técnico, y recalcó que la culminación de las diligencias fiscales es imprescindible para aplicar sanciones según ley.

TgP recurrió a la “fuerza mayor” para evitar sanciones

El incidente de marzo de 2026, que involucró una rotura y fuga en el ducto operado por Transportadora de Gas del Perú (TgP), generó una crisis de abastecimiento de gas natural y GLP a nivel nacional.

La deflagración provocó una caída del suministro hacia la costa a menos del 10% de su capacidad habitual, afectando la producción de GLP en Pisco y elevando los precios de los combustibles para miles de familias.

Tras el suceso, TgP intentó clasificar la rotura como un caso de fuerza mayor para evitar sanciones e indemnizaciones, pero Osinergmin rechazó la solicitud y señaló incumplimientos, lo que abrió la puerta a eventuales multas.

El desabastecimiento se prolongó por cerca de dos semanas y su impacto se reflejó en la inflación: en marzo de 2026, Lima Metropolitana registró un alza mensual de precios del 2,38%, la más alta en 32 años, directamente relacionada con la crisis energética.

Vale mencionar que el contrato de TgP (propiedad al 49,87% de EIG Global Energy Partners) exige una disponibilidad operativa del 99% y prevé el uso de sistemas redundantes, pero la ausencia de un ducto paralelo dejó al país vulnerable a crisis energéticas, según el organismo.

De acuerdo con registros oficiales de Osinergmin, el sistema de ductos operado por TgP ha sufrido un total de 13 fallas o incidencias desde el año 2004.