Chile concretó la expulsión de un ciudadano peruano con alerta roja internacional, acusado de 13 delitos y con un extenso prontuario en el país, según informó BioBioChile.
La medida fue ejecutada este miércoles por el Servicio Nacional de Migraciones junto con la Policía de Investigaciones (PDI), quienes trasladaron a José Alfredo Chávez Guevara, de 48 años, hasta un vuelo comercial rumbo a Perú a las 07:50 horas, donde abandonó definitivamente el territorio chileno.
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De acuerdo con el citado medio, Chávez Guevara acumulaba trece causas penales en Chile, la mayoría relacionadas con robo en lugar no habitado, robo con fuerza y amenazas simples contra personas.
Entre los antecedentes que pesaban sobre el expulsado, destaca una notificación roja internacional emitida el 8 de junio de 2017 por el delito de robo a mano armada, sancionado con hasta 20 años de cárcel.
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Además, mantenía registros por amenazas contra comerciantes, en uno de los casos incluso habría amenazado con “quemar” un local comercial durante un robo en la comuna de Independencia.
Según datos del Servicio Nacional de Migraciones, el delincuente también fue vinculado con tres robos a cajeros automáticos y otros delitos cometidos en diversos puntos del país.
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La autoridad migratoria precisó que todos estos procesos judiciales se suman a una orden previa de expulsión, dictada tras comprobarse que el extranjero ingresó a Chile con documentación falsa, vulnerando los controles migratorios.
Operativo de detención
BioBioChile reportó que funcionarios de la PDI detuvieron a Chávez Guevara en las afueras del Centro Penitenciario Colina 1. Tras su aprehensión, el ciudadano peruano fue trasladado bajo custodia hasta el aeropuerto, donde abordó el vuelo que lo llevó de regreso a Perú.
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El procedimiento formó parte de un operativo conjunto entre las autoridades migratorias y policiales, diseñado para responder ante personas extranjeras con antecedentes penales graves en territorio nacional.
El Servicio Nacional de Migraciones subrayó que la expulsión de Chávez Guevara se enmarca en la política de reforzar la seguridad interna y proteger a la población frente a individuos con prontuarios delictivos extensos. La institución detalló que en los últimos meses se han intensificado los controles y la cooperación interinstitucional para identificar y expulsar a extranjeros que representan una amenaza para la seguridad.
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Política de seguridad
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, calificó la expulsión como “una señal potente de que el Gobierno del presidente Kast no va a retroceder en la voluntad de ordenar la casa”. BioBioChile recogió declaraciones del funcionario, quien remarcó: “La prioridad es la seguridad de las familias chilenas y seguiremos utilizando todas las herramientas legales para expulsar a quienes vienen a delinquir”.
Por su parte, Frank Sauerbaum, director nacional del Servicio de Migraciones, sostuvo que este caso refleja la política del Ejecutivo en materia de migración y seguridad. El directivo recordó que en las semanas recientes también se concretaron las expulsiones de un ciudadano ecuatoriano acusado de secuestro y extorsión, y de una ciudadana colombiana investigada por homicidio y presunto liderazgo de un cartel de narcotráfico.
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“Estamos poniendo énfasis en personas que le hacen daño a nuestro país”, concluyó Sauerbaum.
Contexto de la expulsión
De acuerdo con la información publicada por BioBioChile, esta nueva expulsión se suma a una serie de medidas adoptadas por el Gobierno de Chile para enfrentar la criminalidad de origen extranjero. Las autoridades han reforzado la vigilancia en los puntos de control fronterizo y endurecido la fiscalización de documentación para el ingreso y permanencia de personas provenientes del extranjero.
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El caso de José Alfredo Chávez Guevara refuerza la línea del Ejecutivo para aplicar de manera estricta la normativa migratoria y sancionar a quienes utilizan documentación irregular o cometen delitos durante su estadía en el país.
En los últimos meses, la coordinación entre organismos ha permitido identificar y expulsar a individuos con antecedentes judiciales tanto en Chile como en sus países de origen, acciones que han sido destacadas por el Servicio Nacional de Migraciones y el Ministerio del Interior.
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