Temido sicario del Tren Aragua cumple su condena en agosto y no tiene orden de expulsión del Perú

El sistema de justicia peruano enfrenta un escenario crítico: Edinson Agustín Barrera, conocido como ‘Catire’ y señalado como uno de los sicarios más peligrosos del Tren de Aragua, quedará en libertad en agosto de este año tras cumplir su condena, sin que exista una orden efectiva de expulsión del país.

Según reportó El Comercio, la ausencia de esta medida genera alarma en las autoridades, ya que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) no tiene facultades para retenerlo ni trasladarlo a otra dependencia en ausencia de un mandato judicial específico.

En agosto de 2018, la captura de ‘Catire’ en Plaza Norte marcó el inicio de un nuevo capítulo para la criminalidad en Lima. Agustín Barrera se convirtió en el primer rostro identificado del Tren de Aragua en Perú. Su detención fue calificada como el ‘caso cero’ por la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), ya que permitió a la policía comprender la magnitud de la amenaza que representaba la organización criminal extranjera.

La caída de Barrera coincidió con una escalada de violencia vinculada a crímenes de extrema agresividad. El 22 de junio de 2018, una banda asaltó la joyería Banchero en el Jockey Plaza, acción que evidenció la capacidad operativa de estas redes para actuar en los puntos más resguardados de la capital.

Barrera fue señalado por su frialdad y crueldad, características que, según su propio peritaje psicológico, reflejan un “total desprecio por la vida humana”.

Vacíos legales

La sentencia impuesta a ‘Catire’ en 2019 lo condenó por tenencia ilegal de armas y tráfico de drogas, pero no incluyó la expulsión como medida accesoria.

Este detalle es fundamental, ya que, como explicó el abogado penalista Jorge Zúñiga a El Comercio, el INPE debe disponer la libertad inmediata del interno una vez cumplida la pena.

“No podrían tenerlo retenido ni trasladarlo porque no tiene facultades de detención más allá de las que correspondan a la ejecución de la pena”, dijo el letrado.

La ausencia de una orden judicial adicional deja a las autoridades sin mecanismos legales para evitar la excarcelación. Además, el proceso administrativo para gestionar la expulsión requiere de una resolución firme, lo que puede demorar más allá del plazo de la condena.

La reciente Ley 32372, vigente desde junio de 2025, obliga a la expulsión inmediata en delitos graves, pero no puede aplicarse retroactivamente a casos anteriores como el de Barrera.

El antecedente

Las alarmas se incrementan al revisar el caso de Víctor Manuel Rivero Álvarez, integrante de la facción ‘Los Malditos del Tren de Aragua’ y cómplice de Barrera.

Rivero fue capturado junto a ‘Catire’ en Plaza Norte con un arsenal y el croquis de una agencia bancaria. Cumplió su condena de seis años en 2024 y, tras ser puesto a disposición de la División de Extranjería del INPE, recobró su libertad por falta de sustento legal para la expulsión. Desde entonces, su paradero es desconocido, según revelaron fuentes policiales a El Comercio.

Este precedente advierte sobre la posibilidad de que Barrera y otros miembros del grupo, como José Rafael Zorrilla Velásquez y Rodysnimel Alcántara Brito, sigan el mismo camino.

A menos de 90 días para el vencimiento de la condena, las autoridades no han confirmado si existe algún procedimiento en marcha para su expulsión.

Al entramado jurídico

El abogado Zúñiga remarcó que, ante la falta de una orden judicial, cualquier intento de retención tras el cumplimiento de la pena sería “arbitrario” e “inconstitucional”.

El protocolo del PASEE, mecanismo de expulsión rápida remitido por Migraciones, no resulta aplicable si la sentencia original no contempló la medida accesoria de expulsión. “Eso es a partir de junio del 2025, para los de atrás (como Barrera) tendrían que cumplir toda su pena”, señaló el experto.

Las autoridades migratorias informaron que Barrera figura actualmente con ‘calidad migratoria suspendida’, aunque sin un expediente formal de expulsión gestionado, según fuentes consultadas por El Comercio.

Un reto

La inminente excarcelación de ‘Catire’ pone a prueba la capacidad de respuesta de las instituciones peruanas ante la criminalidad transnacional.

“Se debe disponer su libertad inmediata. No existe posibilidad de retención si no hay mandato judicial”, reiteró el abogado penalista. El caso se convierte así en un desafío para el sistema, que enfrenta la presión de evitar la reincidencia de escenarios donde la falta de coordinación administrativa permite la permanencia de criminales extranjeros en territorio peruano.