Los 8 militares detenidos tras el operativo mortal en Colcabamba salieron en libertad al vencer el plazo de flagrancia

Los ocho militares detenidos por la muerte de cinco personas en Colcabamba, en Huancavelica, quedaron en libertad luego de que venciera el plazo de detención por flagrancia sin que el Ministerio Público solicitara una medida adicional. La decisión ha generado cuestionamientos, especialmente desde la defensa de las víctimas.

Según el abogado Anthony Crespo, la Fiscalía no pidió detención preliminar dentro de las 48 horas que establece la ley, lo que permitió que los efectivos abandonaran la custodia. El caso está en manos de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tayacaja, a cargo de la fiscal Zina Romero.

Crespo anunció que presentará una queja ante el órgano de control del Ministerio Público contra la fiscal, al considerar que hubo una omisión en un momento clave de la investigación. Para la defensa, la falta de acción dentro del plazo dejó sin sustento una posible prolongación de la detención.

Pese a la liberación, la investigación continúa. El Ministerio Público abrió diligencias preliminares por el presunto delito de homicidio calificado contra los ocho militares: Luis Montenegro, Brayan Fernández, Douglas Villacorta, Edilberto Marcos, Andy Sánchez, Jorge Aguilar, Américo Vásquez y Fernando Córdova.

Operativo militar dejó cinco muertos

Los hechos se remontan al 25 de abril, cuando una intervención militar en la carretera Colcabamba-Ayacucho dejó cinco personas fallecidas y dos heridas. El operativo se realizó en una zona considerada de alto riesgo por actividades vinculadas al narcotráfico.

De acuerdo con las primeras indagaciones, los militares habrían disparado contra una camioneta que no acató una orden de alto. A partir de ese momento se desencadenó un episodio que hoy está bajo investigación.

Las diligencias fiscales incluyen pericias balísticas, pruebas de absorción atómica y la incautación de celulares y del vehículo intervenido. Sin embargo, al momento de la liberación de los detenidos, estas acciones aún no habían concluido.

La falta de resultados preliminares en estas pruebas fue determinante para que no se establecieran responsabilidades individuales en el corto plazo, lo que derivó en la salida de los militares mientras continúan las investigaciones.

Dos versiones enfrentadas

El caso está marcado por relatos contradictorios. Por un lado, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sostiene que los militares actuaron en legítima defensa frente a un ataque de presuntos integrantes de redes vinculadas al narcotráfico. Según su versión, la intervención fue coordinada con la Policía y la Fiscalía.

En esa línea, un testimonio recogido durante la investigación señala que un grupo de personas habría sido contratado para transportar droga. Uno de los sobrevivientes declaró que cargó 13 kilos en una mochila y que el vehículo en el que viajaban no se detuvo ante la presencia militar, lo que habría desencadenado los disparos.

Sin embargo, esta versión es cuestionada por la defensa de las víctimas, que la califica como un intento de justificar la intervención. Además, en la escena no se encontraron armas ni sustancias ilícitas, lo que debilita esa hipótesis.

Cuestionamientos al operativo y Fiscalía

Desde el otro lado, el alcalde de Pucacolpa, Rogelio Tovar, respalda la versión de los familiares, quienes sostienen que las víctimas eran jóvenes que regresaban tras participar en un campeonato de fútbol de la Copa Perú.

Según su relato, los militares habrían colocado piedras en la vía para obligar a los vehículos a detenerse, una práctica que, en la zona, suele estar asociada a asaltos. El alcalde también puso en duda que se tratara de un operativo formal, al señalar que estos suelen contar con un mayor número de efectivos.

Tovar incluso afirmó que los jóvenes habrían sido confundidos con “mochileros” en una intervención irregular. “Estoy seguro que no era un operativo militar”, sostuvo.