La infraestructura de saneamiento es clave para el desarrollo y la salud pública en el país, pero los retrasos y paralizaciones en su ejecución pueden impactar directamente en la vida de miles de ciudadanos.
En el caso del proyecto Cachimayo, la demora en sus obras ya afecta a más de 200.000 personas en la región Cusco, en medio de cuestionamientos a la gestión del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) y a la supervisión contratada.
El proyecto, denominado ETAPA 2: Cachimayo, presenta un atraso superior a 300 días en su frente más importante, el sector Casuarinas, que representa el 36% del contrato, según una denuncia de Expreso.
El origen de la paralización se encuentra en la decisión de la supervisión, en representación del PNSU, de ordenar la reubicación de los tanques de tormenta sin el sustento técnico adecuado y sin notificar al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad que financia la obra.
Orden de reubicación sin consulta y sobrecostos para el Estado
Desde el inicio del proyecto, comunidades locales bloquearon el acceso a los terrenos, dificultando los trabajos técnicos. Frente a esta situación, la supervisión instruyó al contratista a realizar una reingeniería para reubicar los tanques, lo que paralizó gran parte de la obra por más de diez meses.
Finalmente, esa decisión fue revertida por la misma supervisión, ordenando volver al diseño original, sin considerar los sobrecostos y la pérdida de tiempo generados.
Según documentos internos, el PNSU y la supervisión no reconocen la ampliación de plazo ni los mayores gastos generales que, por contrato, corresponden al contratista. Esta conducta agrava el riesgo de una resolución contractual y la posible paralización definitiva del proyecto.
Riesgo de ruptura contractual y advertencia de especialistas
El Vice Decano del Colegio de Ingenieros del Cusco, José Cabezas Mancilla, advirtió que la gestión del PNSU presenta fallas graves: “El hecho de que se emita una orden de reubicación y 10 meses después se deje sin efecto denota una grave carencia en la gestión del diseño”.
Cabezas alertó que negar una ampliación de plazo legítima puede reducir el avance acumulado del contratista a menos del 80%, lo que constituye causal directa para la intervención económica de la obra o incluso su resolución contractual.
La unidad de investigación de Expreso obtuvo documentos que prueban que el PNSU y la supervisión ordenaron la reubicación sin comunicarlo al BID, como exige el contrato.
Pese a la denuncia pública en medios locales, la respuesta del Ministerio de Vivienda fue enviar a un coordinador técnico que minimizó la paralización y evitó informar sobre eventuales medidas disciplinarias contra los responsables.
El BID exige explicaciones y advierte por el uso de fondos
El representante del BID, Francisco José Torres Medina, confirmó que la entidad no fue notificada debidamente sobre la modificación.
“Cuando ocurren esas modificaciones el procedimiento es solicitar una aprobación del BID y nunca me enviaron tal justificación”, señaló. El BID recordó que debe velar por la correcta ejecución de los fondos y que el proceso requiere transparencia y comunicación continua.
Por su parte, el consorcio Cachimayo evitó pronunciarse sobre el caso, mientras la incertidumbre persiste y las comunidades afectadas siguen a la espera de soluciones que permitan reactivar la obra y garantizar el acceso a servicios de saneamiento.
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