5 de junio de 2009: el día que la Amazonía peruana ardió en el 'Baguazo'

El 5 de junio de 2009, la carretera Fernando Belaúnde Terry, en el tramo conocido como la Curva del Diablo, en la provincia de Bagua, departamento de Amazonas, se convirtió en el escenario del enfrentamiento más sangriento entre el Estado peruano y comunidades indígenas en décadas. El choque entre 369 efectivos de la Policía Nacional del Perú y miles de nativos awajún y wampis dejó 33 muertos — 23 policías y 10 civiles— y más de 200 heridos.

Diecisiete años después, el Baguazo no es solo una fecha en el calendario: es una herida abierta en la relación entre el Estado peruano y los pueblos originarios amazónicos. Cada 5 de junio, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y organizaciones regionales convocan actos de memoria en Bagua, Pucallpa y Lima.

El Gobierno Territorial Autónomo Awajún estableció la fecha como el Día Conmemorativo de la Lucha por el Medio Ambiente y el Territorio Awajún mediante la Ordenanza N.° 15-GTAA, y en 2024 produjo el documental “5 de junio – Memorias del Baguazo" para preservar el testimonio de los sobrevivientes. La consigna que se repite en cada aniversario —“Bagua no se olvida”— resume la exigencia de justicia que, para muchas familias, sigue sin resolverse.

Las leyes que encendieron la mecha

El conflicto no nació el 5 de junio. Sus raíces se remontan a junio de 2008, cuando el gobierno del presidente Alan García Pérez promulgó, por delegación del Congreso, una serie de decretos legislativos destinados a adecuar la legislación peruana al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Los más cuestionados fueron el Decreto Legislativo 1090 —conocido como la Ley Forestal y de Fauna Silvestre— y el Decreto Legislativo 1064, que regulaba el aprovechamiento de tierras de uso agrario. Ambas normas abrían la puerta a concesiones madereras, petroleras y mineras en territorios ancestrales amazónicos sin consulta previa a las comunidades, en violación directa del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La AIDESEP y la Confederación de Nacionalidades Amazónicas (CONAP) lideraron la resistencia. Desde abril de 2009, miles de nativos awajún, wampis y otros grupos étnicos bloquearon durante 55 días consecutivos la carretera Belaúnde Terry, con lo que paralizaron el suministro de combustible, gas y alimentos a los departamentos de Amazonas, Cajamarca, San Martín y Loreto.

El 4 de junio, la Defensoría del Pueblo presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el DL 1064 ante el Tribunal Constitucional. Ese mismo día, el Congreso decidió no debatir la derogatoria de los decretos, con mayoría del partido aprista de gobierno.

El amanecer del 5 de junio

A las 5 de la mañana del 5 de junio, la ministra del Interior Mercedes Cabanillas y el primer ministro Yehude Simon ordenaron el desalojo. El general Miguel Montenegro comandó la operación. Los efectivos policiales avanzaron sobre la Curva del Diablo con bombas lacrimógenas lanzadas desde helicópteros.

Los manifestantes, armados con lanzas y hondas, respondieron. La policía abrió fuego con munición real. En el intercambio, nueve policías murieron en el lugar. El líder awajún Santiago Manuin cayó herido de bala, lo que exacerbó la reacción de los manifestantes.

Simultáneamente, en la estación 6 del oleoducto norperuano de Petroperú, cerca de la localidad de Imacita, indígenas tomaron como rehenes a 39 personas: 38 policías y un ingeniero.

Al conocerse la magnitud de la masacre en la Curva del Diablo, los captores ejecutaron a 10 de los efectivos retenidos. Según testimonios de los policías que sobrevivieron al secuestro, varios de sus compañeros fueron degollados y acuchillados. Los restantes fueron rescatados en una operación posterior de la Dirección de Operaciones Especiales (DIROES) de la PNP.

El gobierno de García declaró el estado de emergencia en los departamentos de Amazonas, Loreto y Cusco, con suspensión de garantías civiles.

Cifras en disputa y un desaparecido

Los números del Baguazo nunca dejaron de ser objeto de controversia. Los primeros informes oficiales de la Cancillería peruana señalaron 24 policías y nueve indígenas muertos. La Defensoría del Pueblo, en su informe de julio de 2009, estableció 33 fallecidos: 23 policías, cinco indígenas y cinco pobladores de Bagua.

La AIDESEP afirmó que más de 40 nativos —entre ellos tres niños— perdieron la vida, y la BBC recogió testimonios de testigos que elevaban la cifra de indígenas muertos a 30. Organizaciones de derechos humanos denunciaron que efectivos policiales quemaron cuerpos y los arrojaron al río para ocultar el número real de bajas civiles.

Un caso quedó sin resolución definitiva: el del mayor de la PNP Felipe Bazán, cuya última imagen conocida es una fotografía en la que aparece siendo llevado por nativos durante el enfrentamiento. Su cuerpo nunca fue encontrado.

Consecuencias políticas y judiciales

Trece días después del Baguazo, el Congreso aprobó la derogación de los decretos legislativos 1090 y 1064. El presidente García reconoció públicamente que hubo una sucesión de errores en el manejo del conflicto.

En el plano judicial, los procesos tardaron años en avanzar y recayeron casi exclusivamente sobre los manifestantes indígenas. En septiembre de 2016, el Poder Judicial absolvió en primera instancia a 53 indígenas acusados de homicidio agravado y lesiones graves contra efectivos policiales. La sentencia fue ratificada por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema en 2021.

El giro más relevante llegó en febrero de 2026, cuando la Corte Suprema de Justicia del Perú condenó a siete años de prisión efectiva a los generales José Armando Sánchez Farfán, exdirector general de la PNP, y Luis Elías Muguruza Delgado por homicidio simple por omisión impropia. El tribunal determinó que ambos autorizaron y ejecutaron el operativo pese a conocer que no existían condiciones mínimas de seguridad, lo que configuró dolo eventual.

La reparación civil fijada ascendió a 150.000 soles por cada víctima mortal, a cargo de los condenados y del Estado peruano a través del Ministerio del Interior. La exministra Cabanillas y el expremier Simon nunca fueron procesados por su responsabilidad en los hechos.