El proceso concursal de Doe Run Perú (DRP) atraviesa un nuevo punto muerto debido a la demora del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) en resolver una apelación clave. La falta de pronunciamiento mantiene paralizado el nombramiento efectivo de la liquidadora y bloquea el avance del procedimiento, generando preocupación entre los acreedores laborales.
La controversia se originó en noviembre de 2025, cuando se designó a Alva Legal Asesoría Empresarial S.A.C. como liquidadora de bolsa mediante la Resolución N° 9120-2025/CCO-INDECOPI. Sin embargo, en diciembre, el segundo candidato, Chávez Magán, apeló esta designación.
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Aunque el recurso fue admitido el 31 de diciembre, el expediente no registró avances sustantivos durante varios meses, lo que desencadenó protestas de los trabajadores de Doe Run Perú.
La demora en la apelación bloquea la liquidación efectiva
Luis Cuadrado, representante de los trabajadores de Doe Run Perú, denunció que “Indecopi ha dejado dormido el caso desde enero hasta abril”. Solo la semana pasada, tras la presión ejercida con una movilización de aproximadamente 200 acreedores laborales frente a Indecopi, el expediente fue trasladado a la sala correspondiente. La sala hizo observaciones y devolvió el trámite a la Secretaría Técnica para subsanaciones, manteniendo aún la resolución definitiva pendiente.
Esta dilación tiene consecuencias concretas para el proceso. Aunque la liquidadora fue formalmente designada, no puede inscribir sus poderes en registros públicos porque el nombramiento no queda consentido mientras exista una apelación en trámite. Como resultado, el proceso concursal permanece entrampado y la administración de los activos de DRP sigue sin avances.
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Doe Run Perú: trabajadores exigen destrabar el proceso
“Registros públicos ya ha observado dos veces la inscripción. Mientras no se resuelva la apelación, la liquidadora no puede actuar plenamente”, explicó Cuadrado. La parte laboral insiste en que el objetivo es destrabar el proceso, sin importar quién asuma la liquidación. “Queremos que esto termine. Si ya se nombró a la liquidadora, que se ratifique de una vez para poder avanzar”, sostuvo el representante.
La urgencia radica en que la resolución del concurso permitirá el pago de acreencias a 3.500 trabajadores y sus familias, quienes dependen de la liquidación de un fideicomiso que permanece bajo custodia de Scotiabank, el cual está valorado en cerca de 20 millones de dólares.
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El futuro de los pagos depende de la resolución del Indecopi
A pesar del estancamiento, Cuadrado indicó que existe voluntad política desde el Ejecutivo y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) para avanzar en la solución, siempre que la liquidadora cuente con reconocimiento formal en registros públicos.
Los acreedores laborales exhortaron al Indecopi a emitir cuanto antes una resolución definitiva sobre la apelación, subrayando que se trata de un trámite “simple” cuya demora solo prolonga innecesariamente un proceso que lleva ya quince años.
“Mientras más pase el tiempo, más peligroso se vuelve para nosotros”, advirtió Cuadrado. La expectativa de los trabajadores está puesta en que la sala resuelva en el corto plazo y permita reactivar el proceso clave para miles de familias que esperan una solución definitiva.
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