La Asociación de Acreedores Laborales y Jubilados de Doe Run Perú (AAL&JDRP) ha solicitado de manera pública una auditoría independiente sobre la gestión de los bienes y recursos de la empresa, advirtiendo el riesgo de que se pierdan fondos y derechos laborales durante el proceso concursal que se extiende desde hace más de quince años.
La demanda por los últimos US$22 millones de La Oroya -bajo fideicomiso en Scotiabank- se dirige tanto a la actual liquidadora, Alva Legal Asesoría Empresarial, que asumió funciones en noviembre de 2025, como al anterior gestor del proceso, Consultores A1.
Doe Run Perú: Indecopi bajo cuestionamiento por falta de fiscalización
Según declaraciones recogidas por Infobae Perú, los representantes de la AAL&JDRP expresaron su inquietud por la prolongada demora en la liquidación de Doe Run Perú y por la falta de fiscalización por parte de Indecopi, entidad a la que acusan de permitir irregularidades y no atender las denuncias presentadas por los acreedores laborales y jubilados.
Los voceros manifestaron que la función de fiscalización no se ha ejercido de manera efectiva, lo que habría facilitado una pérdida considerable de valor en los activos de la empresa.
Uno de los principales reclamos de la asociación se centra en la venta de activos a precios muy inferiores a su valor real. Entre los casos mencionados, destacaron la “Residencia Chule”, que según los registros fue transferida por Consultores A1 a un valor de US$6 millones, pese a que su último inventario arrojaba una tasación de US$17 millones.
De acuerdo con la AAL&JDRP, la diferencia de US$11 millones habría permitido cubrir la mayor parte de la deuda concursal laboral. “Estas operaciones, lejos de cumplir con el objetivo de preservar el patrimonio para los acreedores, han generado una merma significativa en los recursos disponibles”, afirmaron los dirigentes.
Opacidad en el inventario y destino de bienes de Doe Run generan tensiones a casi 4.000 m.s.n.m
La agrupación también denunció la fragmentación y falta de representatividad en la elección de delegados ante Indecopi. Señalaron que el proceso no incluyó a los trabajadores de La Oroya, quienes representan un sector importante del universo de acreedores, y que la mayoría de los representantes acreditados responden a intereses de Cobrisa y no han sido elegidos en asambleas abiertas.
Este escenario ha profundizado la división entre los propios afectados y ha reducido su capacidad de exigir transparencia y acceso a la información. Paralelamente, recordaron, se llevan otros procesos con los acreedores de servicios, enabezados por Depósitos Químicos Mineros (DQM) de la noruega Odfjell Terminals.
Otro de los puntos planteados por los trabajadores del excomplejo metalúrgico de La Oroya fue la preocupación por la inexistencia de un inventario actualizado y transparente de los bienes que aún podrían quedar a nombre de Doe Run Perú.
Los dirigentes señalaron que algunos inmuebles continúan inscritos a nombre de la empresa en registros públicos y que el acceso a estos datos es limitado. Reclamaron que la nueva liquidadora, Alva Legal Asesoría Empresarial, establezca mecanismos de información abiertos y rinda cuentas periódicamente a todos los acreedores.
¿Omisión de aportes laborales y posibles perjuicios previsionales?
La AAL&JDRP también alertó sobre posibles omisiones en el pago de aportes previsionales y tributos durante la gestión concursal anterior, señalando que existen montos no declarados o no transferidos a entidades como la AFP y la ONP, lo que afecta directamente la jubilación y derechos de cientos de trabajadores.
De acuerdo con el análisis del grupo, la suma de estas irregularidades podría superar los S/28 millones. “Hemos presentado la documentación correspondiente a Indecopi, pero hasta ahora no hay sanciones ni respuestas claras”, detalló uno de los representantes a Infobae Perú.
El grupo recordó que, según la ley concursal, los pagos a los acreedores laborales deben tener prioridad, pero el deterioro del patrimonio y las dudas sobre el destino de los fondos han puesto en entredicho el cumplimiento de este principio. La AAL&JDRP representa a cerca de 200 trabajadores y jubilados, de un universo que supera los 3.200 acreedores reconocidos.
Finalmente, los voceros de la asociación solicitaron la intervención de la sociedad civil para exigir transparencia y garantizar que la auditoría solicitada se realice de manera pública, con acceso irrestricto a los documentos y procedimientos. “Solo así se podrá esclarecer el destino de los bienes y proteger los derechos de quienes han esperado más de una década por una solución”, sentenciaron.
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