
El Ejecutivo declaró el estado de emergencia en seis distritos de Madre de Dios por un periodo de 60 días calendario. La disposición, formalizada a través del Decreto Supremo N° 055-2026-PCM, abarca los distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto en la provincia de Tambopata, así como Madre de Dios y Huepetuhe en la provincia de Manu.
La decisión responde al incremento de la criminalidad y situaciones de violencia en la región, lo que motivó la aplicación de acciones extraordinarias.
Durante la vigencia del estado de emergencia, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene el control del orden interno, apoyada por las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en acciones de patrullaje y operativos.
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Se restringen derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito y de reunión, así como la libertad y seguridad personales, en concordancia con el artículo 137 de la Constitución.
El decreto establece que la realización de eventos masivos requerirá autorización previa de las autoridades competentes. En cambio, las actividades no masivas podrán efectuarse sin permiso. La intervención policial y militar se rige por el Decreto Legislativo Nº 1186, que regula el uso de la fuerza.
Para coordinar y supervisar las operaciones, se conforman el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO) y el Comité de Coordinación Distrital (CCD) en cada distrito, además de los Comités de Inteligencia, Fiscalización y Comunicación Estratégica. Estas instancias operan de manera permanente, integrando recursos tecnológicos y humanos para monitorear la situación y responder a los incidentes detectados.
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Coordinación integral y acciones estratégicas en la región
El CCO, presidido por el Jefe de la Región Policial Madre de Dios, reúne a representantes de las fuerzas armadas, el Ministerio Público, el Poder Judicial y las autoridades municipales, con el objetivo de liderar la estrategia de seguridad y restablecer el orden.
El operativo cuenta con un sistema unificado de datos que permite el seguimiento de migración irregular, índices de criminalidad y resultados de los operativos, mediante una plataforma digital de interoperabilidad.
El Comité de Inteligencia implementa un sistema integrado de videovigilancia y tecnología de reconocimiento facial, empleando cámaras públicas y privadas, drones y sistemas satelitales.
Esta información alimenta la toma de decisiones y la ejecución de operativos tácticos dirigidos a la desarticulación de organizaciones criminales y el control de fronteras.
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El Comité de Fiscalización coordina con entidades como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, OSIPTEL, Migraciones, Sunat y gobiernos locales para planificar y ejecutar operativos diarios, reforzando la fiscalización sobre actividades ilícitas y el ingreso irregular de migrantes. Los reportes y resultados son centralizados y clasificados como información reservada para proteger la eficacia de las acciones.
En paralelo, el Comité de Comunicación Estratégica, liderado por el IRTP y los equipos de comunicación de la región, se encarga de la difusión de información oficial y estrategias comunicacionales orientadas a la ciudadanía.
El Comité Regional de Seguridad Ciudadana, los comités provinciales y los comandos locales permanecen en sesión permanente durante el estado de emergencia, garantizando la disponibilidad de infraestructura y logística para las fuerzas integradas. Al cierre del periodo de emergencia, el CCO deberá presentar un informe final con los resultados y recomendaciones a las autoridades nacionales.
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