La provincia de Chumbivilcas, ubicada en la región de Cusco, se convirtió en escenario de una sentencia judicial inédita en el contexto de las Elecciones Generales 2026.
El Poder Judicial impuso una pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución, a dos ciudadanos acusados de suplantación de votante, un delito que atenta contra la integridad del proceso democrático.
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La sanción se dictó tras la intervención de las autoridades electorales en dos instituciones educativas, donde los imputados fueron descubiertos intentando votar en nombre de otras personas.
Los condenados, Silvestre Triveño y Alixson Pacco, recibieron un año y tres meses de sentencia, bajo estrictas reglas de conducta, según confirmó el despacho de la Fiscalía Provincial Penal de Chumbivilcas.
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El caso de Triveño se originó en la I. E. José Carlos Mariátegui, en el distrito de Llusco, donde fue sorprendido portando el documento nacional de identidad de su vecino.
La justificación que presentó, relacionada con el estado de salud del titular del DNI, no evitó la intervención de los miembros de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
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Pacco, por su parte, fue interceptado en la I. E. 56248, en Santo Tomás, tras intentar suplantar a su progenitor. En ambas situaciones, el uso de pruebas biométricas dactilares permitió constatar la discrepancia de identidades, lo que condujo a la detención inmediata de los implicados.

Contexto y mecanismos del fraude electoral
El delito de suplantación de identidad se sitúa dentro de un abanico de prácticas irregulares que vulneran la transparencia electoral. El fraude electoral engloba acciones que buscan alterar de forma ilegítima los resultados y minar la confianza ciudadana en las instituciones.
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Entre los mecanismos más frecuentes se encuentran la manipulación de padrones, la alteración física de las urnas y la compra de votos. En el caso de Chumbivilcas, la suplantación de votantes se presentó como una modalidad directa de fraude, donde la intención era modificar el resultado en una jornada caracterizada por la vigilancia de los organismos electorales.
La tecnología también ha transformado la forma en que se perpetran y detectan fraudes. El acceso no autorizado a sistemas informáticos y la alteración de bases de datos electorales han sido motivo de preocupación en diversos países.
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Sin embargo, en la provincia cusqueña, el uso de métodos tradicionales, como la identificación biométrica, resultó determinante para frustrar el intento de suplantación.
Sanciones y respuesta institucional
En las audiencias virtuales desarrolladas el 13 de abril, Triveño y Pacco aceptaron los cargos y se acogieron al proceso de terminación anticipada.
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Además de la pena suspendida, ambos pagaron S/800 como reparación civil al Estado peruano. Según informó Reuters, la Fiscalía subrayó que la sentencia ratifica el compromiso institucional con la defensa de la voluntad popular.
La tipificación del fraude electoral lleva a consecuencias legales que incluyen sanciones penales y, en algunos casos, la anulación de los comicios. Organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) suelen desplegar misiones de observación en países donde se reportan irregularidades, con el objetivo de documentar y denunciar posibles ilícitos.
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El Ministerio Público de Perú reiteró recientemente que la vigilancia ciudadana y la educación cívica son herramientas fundamentales para prevenir estas situaciones.
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