OCDE: amnistías al sector pesquero complican adhesión de Perú al organismo internacional

Pese a ser uno de los principales actores mundiales en pesca de captura y acuicultura, Perú enfrenta una contradicción central en la gestión de su sector pesquero: la aplicación recurrente de amnistías y reducciones de multas a pescadores y empresas que han infringido la ley.

De acuerdo con un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), esta práctica está debilitando los avances en la lucha contra la pesca ilegal y la sostenibilidad de los recursos marinos.

La propia OCDE advierte que la recurrencia de estas amnistías va en contra de los estándares del organismo y representa un obstáculo para el proceso de adhesión de Perú, que deberá fortalecer su régimen sancionador y eliminar las exoneraciones si busca avanzar en su integración internacional.

Amnistías a infractores: el Talón de Aquiles de las políticas de pesca en Perú

El informe, publicado en apoyo al proceso de adhesión de Perú a la OCDE, documenta que, a pesar de contar con un sofisticado sistema legal para el seguimiento, control y vigilancia (SCV) de las actividades pesqueras, así como de mecanismos de monitoreo electrónico y sanciones administrativas estrictas, la imposición recurrente de amnistías y la reducción drástica de multas crean incentivos perversos.

Según la OCDE, “la eficacia de las sanciones se ha visto dificultada por decisiones políticas que conceden la amnistía o el indulto a los infractores y cancelan o reducen de manera significativa el pago de multas por parte de dichos infractores, ya sean personas físicas o jurídicas”.

El caso más reciente tuvo lugar en julio de 2024, cuando el Ministerio de la Producción (PRODUCE) otorgó un recorte del 80% en el pago de sanciones pendientes. En aquella ocasión, el viceministro Jesús Barrientos dijo para Infobae Perú que la mayoría se concetraba en la pequeña pesca, aunque no aclaró si solo en número de multas o montos.

Estas exoneraciones, motivadas en principio por crisis como el fenómeno de El Niño o la pandemia de COVID-19, han dejado en evidencia, de acuerdo al informe, la limitada capacidad administrativa del Estado para cobrar sanciones y, sobre todo, minan el efecto disuasorio de la ley.

¿Un llamado a terminar con las amnistías?

El resultado, para el organismo internacional, es una sensación de impunidad que pone en riesgo la gobernanza sectorial y la salud de los recursos hidrobiológicos.

La OCDE recomienda de manera categórica reforzar el sistema de sanciones de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y fortalecer su efecto disuasorio al garantizar que “sean proporcionales a la naturaleza y la gravedad de las infracciones, así como evitar nuevas condonaciones para el pago de multas.

Pesca en Perú: entre la excelencia técnica y los desafíos estructurales

El informe no escatima elogios al señalar que Perú es uno de los grandes actores globales de la pesca, con una producción anual de 5,5 millones de toneladas en 2022, equivalente al 3% mundial.

El país ha construido, especialmente en la gestión de la anchoveta (Engraulis ringens), uno de los sistemas de manejo adaptativo y monitoreo más sofisticados del planeta, basado en cuotas individuales por embarcación y vedas espacial-temporales en tiempo real.

La biomasa de las principales especies explotadas supera ampliamente los estándares globales: el 97% de las poblaciones evaluadas están por encima del umbral de sostenibilidad, y el 73% en niveles que maximizan la productividad, muy por encima de la media OCDE.

Sin embargo, debajo de estas fortalezas subyacen debilidades estructurales. El informe señala como retos críticos:

• Informalidad generalizada: Más del 90% de los pescadores artesanales operan fuera del registro oficial.
• Crecimiento descontrolado de la flota artesanal, en parte por la construcción o alteración ilegal de embarcaciones en astilleros informales.
• Déficit de capacidades en gobiernos regionales, especialmente en recursos humanos y tecnológicos para el SCV.
• Dificultades en la gestión de especies no monitoreadas, lo que podría conllevar sobreexplotación inadvertida.

Acuicultura y cambio climático: retos y oportunidades

Aunque la acuicultura apenas representa el 2,6% de la producción total, creció un 95% en la última década. El Gobierno aspira a convertirla en un motor de crecimiento económico, resiliente al cambio climático, mediante la Política Nacional de Acuicultura al 2030.

No obstante, este sector también enfrenta problemas de informalidad, trámites pesados y ahora, la amenaza de eventos extremos (inundaciones, sequías, enfermedades), según el foro de 38 países miembros.

El informe urge a una mayor coordinación institucional, el fortalecimiento de la Ventanilla Única de Acuicultura y la planificación espacial integrada para evitar conflictos por recursos.

Apoyo gubernamental: ¿suficiente, excesivo o de riesgo?

Perú destina en promedio 97 millones de USD al año para apoyar la pesca, monto que, aunque alto en términos absolutos, es bajo en relación con el tamaño de la flota y el empleo respecto a otros países OCDE.

Sin embargo, la mitad de ese apoyo, principalmente ayudas a ingresos e infraestructura artesanal, representa un riesgo moderado o alto de fomento de sobrepesca si no va acompañado de un sistema de manejo efectivo.

Así, el informe plantea una hoja de ruta clara para aproximar las políticas peruanas a los estándares OCDE:

• Finalizar la práctica de amnistías y asegurar el cobro efectivo de sanciones.
• Formalizar y controlar el crecimiento de la flota artesanal.
• Invertir en capacidades para gobiernos regionales y en seguimiento electrónico para el sector artesanal.
• Coordinar políticas de apoyo, evitando incentivos a la sobrecapacidad.
• Fortalecer la gobernanza ambiental y la planificación para la acuicultura ante el cambio climático.

El diagnóstico de la OCDE muestra un sector pesquero peruano robusto, con logros técnicos notables y potencial de crecimiento sostenible, pero vulnerable a decisiones políticas de corto plazo, deficiencias institucionales y viejos problemas de informalidad y sobrecapacidad.

El destino de uno de los mares más productivos del mundo pende, en buena parte, de la coherencia entre la ley, la política y la práctica, sella el documento.