Un operativo de seguridad realizado en el Establecimiento Penitenciario de Cochamarca, ubicado en Cerro de Pasco, permitió al personal penitenciario localizar presuntas sustancias ilícitas en el pabellón 2-B, correspondiente al régimen cerrado ordinario.
La intervención se desarrolló en los dos niveles del pabellón, donde se efectuaron revisiones corporales a los internos y se inspeccionaron celdas, pasadizos y espacios comunes.
El hallazgo se produjo en los servicios higiénicos del patio, donde los agentes identificaron costales con tacos de madera. Dentro de estos, se encontró una bolsa de plástico que contenía cinco paquetes envueltos con cinta transparente. Además, uno de los tacos de madera ocultaba sustancias no identificadas y varias pastillas sueltas.
Tras el descubrimiento, el personal penitenciario aisló la zona y notificó de inmediato a las autoridades competentes, como el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP), para que inicien las diligencias correspondientes.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) reiteró su compromiso de mantener el control y la vigilancia en los establecimientos penitenciarios, con el propósito de prevenir hechos ilícitos y salvaguardar el orden interno.
Estrategia nacional
El hallazgo en Cochamarca se inscribe en una serie de operativos sorpresa que el INPE ejecuta en diferentes penales del país.
Estas acciones buscan identificar y eliminar objetos prohibidos y sustancias ilícitas que puedan ser utilizadas en actividades delictivas dentro de los recintos penitenciarios. La estrategia responde a una directiva nacional dispuesta por el Consejo Nacional Penitenciario, orientada a fortalecer el control y la seguridad, con un enfoque en lograr un sistema penitenciario libre de riesgos y mecanismos clandestinos.
En el penal de Chiclayo, una intervención reciente culminó con la incautación de libretas con anotaciones, cables para conexiones ilegales, encendedores y otros artículos prohibidos, que fueron entregados a las autoridades para su análisis e investigación.
Estos operativos movilizan a decenas de agentes penitenciarios y se desarrollan bajo supervisión de los directores regionales y de cada establecimiento. La instrucción principal es erradicar cualquier elemento que facilite la continuidad de actividades ilícitas desde el interior de los penales.
El INPE subraya que cada operativo permite detectar riesgos y cortar las cadenas delictivas que pueden extenderse más allá de los muros de los establecimientos penitenciarios, con especial atención a delitos como la extorsión, que afecta a comerciantes, transportistas y ciudadanos.
La institución sostiene que estos controles son parte de una política integral de seguridad que apunta a proteger los derechos y la integridad de la población interna, así como a mantener el orden y la disciplina.
Objetivo institucional
De acuerdo con las autoridades penitenciarias, la política institucional del INPE se basa en la ejecución continua de operativos de requisa y control, con la meta de bloquear todas las rutas que permitan a los privados de libertad mantener comunicaciones ilícitas con el exterior.
Cada director regional y de penal tiene la responsabilidad de implementar acciones sostenidas para eliminar cualquier amenaza a la seguridad interna.
El INPE enfatizó que estos esfuerzos se orientan a ofrecer un entorno seguro tanto para los internos como para la sociedad en general.
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