
El candidato presidencial de Salvemos al Perú, Antonio Ortiz, respondió este miércoles a una consulta ciudadana sobre violencia sexual y embarazo adolescente durante el debate presidencial previo a las elecciones del próximo 12 de abril.
Una ciudadana de Tumbes le preguntó por las acciones concretas incluidas en su plan de gobierno para reducir las brechas en salud sexual y reproductiva en el país, con énfasis en ambas problemáticas.
El aspirante presidencial, que aparece en los últimos lugares de las encuestas, reconoció en un primer momento la gravedad del problema y afirmó que la justicia no está aplicándose. “Es triste escuchar violaciones de niñas por adultos. Tenemos que poner mano dura, que las autoridades hagan justicia. Esos señores deben estar sentenciados a cadena perpetua”, señaló.
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Después de referirse a la necesidad de sancionar a los agresores, el candidato enfocó su discurso en la economía y las exportaciones. “Para saber salir de todo este embrollo que todos hablamos (...) estamos creciendo un tres por ciento, (pero) estamos fallando en la salud, estamos fallando en los hermanos agricultores, los hermanos de las MYPES”, expresó.

“La única manera de que este país pueda tener solvencia económica es exportando los productos que vendemos a sol. Hacemos un producto con valor agregado para exportar al mundo, como todos los países del mundo que están creciendo. Perú es el país que no crece”, sostuvo en el minuto dedicado a ese tramo.
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Ortiz reiteró que el país se ha transformado en una economía de servicios y atribuyó ese escenario a decisiones políticas. “Solamente importamos, importamos. Han matado nuestras industrias. ¿Por qué? Por la decisión de nuestro gobernante, del Congreso, que no se preocupa en legislar y hacer controles aduaneros donde deben ser los productos que ingresan con certificado de calidad”, concluyó.
Cifras de impacto
Perú reporta, en promedio, una violación sexual cada 40 minutos, una de las tasas más elevadas de violencia sexual en Sudamérica; sin embargo, el aborto para casos de violación permanece penalizado en el país. La legislación peruana solo permite la interrupción del embarazo por motivos terapéuticos, es decir, en situaciones donde la vida o la salud de la gestante se encuentran en riesgo.
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Solo en el primer bimestre del 2026, más de 70 niñas de hasta 14 años dieron a luz en el país, una cifra que refleja la persistencia de las uniones tempranas y forzadas, a pesar de la vigencia de la ley 31945, que prohíbe el matrimonio entre menores.
De acuerdo con el sondeo “Infancias en juego: Uniones tempranas en Perú bajo la lupa”, realizado por Plan International: una de cada cuatro personas considera aceptables las uniones tempranas y forzadas en caso de embarazo
El embarazo temprano actúa tanto como causa como consecuencia de estas uniones. A nivel nacional, el 86% de las mujeres que se unieron entre los 10 y los 15 años tenían menos de 18 años cuando nació su primer hijo. En zonas rurales, esta proporción asciende al 90%, según un estudio conjunto de UNFPA y Plan International de 2018.
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