
En el tercer bloque del Debate Presidencial 2026, centrado en la Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción, la candidata Keiko Fujimori (Fuerza Popular) protagonizó un intenso intercambio de acusaciones con Mario Vizcarra (Perú Primero) y Mesías Guevara (Partido Morado). Lo que inició como una exposición sobre reformas estructurales del Estado derivó rápidamente en un careo sobre historiales judiciales, vacunas irregulares y el uso de la fe en la política.
Fujimori abrió su intervención diagnosticando que la corrupción actual es “el freno al desarrollo” y no solo un problema administrativo. Su propuesta bandera para este bloque fue un “shock de transparencia” basado en la digitalización total de los procesos estatales.
“Necesitamos que todos los gastos y trámites se simplifiquen y puedan verse en línea. Hoy, una reforma de justicia está más preocupada en perseguir opositores que en condenar criminales”, afirmó la candidata, señalando que solo cinco de cada diez mil denuncias llegan a sentencia.
Para operativizar esta vigilancia, anunció la creación de un “ejército de oficiales de cumplimiento”. Estos funcionarios tendrían la misión de monitorear las instituciones públicas y reportar anomalías directamente a la Presidencia de la República, buscando saltar las trabas de la burocracia tradicional.
Sin embargo, la tensión escaló cuando Mario Vizcarra recordó el pasado del fujimorismo y mencionó la situación carcelaria de su hermano (el expresidente Martín Vizcarra) como una consecuencia de “enfrentarse a partidos mafiosos”. La respuesta de Fujimori fue frontal y apeló a la memoria del escándalo de las vacunas.
“El señor Vizcarra es muy parecido a su hermano. Lo único que hicieron fue irse a vacunar rapidito contra el COVID. Pero claro, nunca se vacunaron de la mentira y la corrupción”, disparó la lideresa de Fuerza Popular, invalidando los ataques de su contendor.
A esta crítica se sumó la defensa de su modelo de formalización. Fujimori relató el caso de Guillermina, una artesana de Lamas, para proponer un cambio en el rol de la SUNAT. “La SUNAT solo sabe perseguir a los emprendedores y ponerles multas. Vamos a simplificar las cosas”, prometió.
Por su parte, el candidato del Partido Morado, Mesías Guevara, centró su ataque en la influencia de Fuerza Popular en los organismos de justicia. Guevara acusó a Fujimori de tener un “pacto mafioso” con Vladimir Cerrón para controlar el Tribunal Constitucional y obtener impunidad.
A su turno, Vizcarra insistió en referirse a la lideresa naranja: “Sí, aunque le moleste a la señora Keiko, hay jóvenes que desconocen el nivel de corrupción que llevó el gobierno de su padre. Y ahora pretenden seguir lucrándose, seguir con sus prácticas mafiosas desde el Congreso. Y eso todo el mundo lo sabe. Por eso es que no le gusta que le recuerden cómo fue su pasado. Y con el socio, Vladimiro Montesinos, que sabemos cómo repartía el dinero en fajos comprando voluntades de muchas personas que ahora purgan prisión. Eso no quiere que se recuerden. Pero el pueblo peruano está advertido, sabe quién está a su favor, sabe quién legisla en su contra. Y aquí tenemos un ejemplo, quién está en contra del pueblo”.
Fujimori replicó deslindando de las sentencias por corrupción y recordando la sentencia contra Martín Vizcarra. “Alguien ha sido sentenciado por corrupción y su hermano también está en prisión. Yo no. Llevan décadas haciendo las mismas mentiras, colgándose de mi falda en vez de hacerse cargo de sus propias ineptitudes”, sentenció.
Hacia el final del bloque, Fujimori recurrió a un tono personal para hablar de su proceso judicial. Denunció haber pasado 490 días en prisión preventiva sin condena, vinculando su caso a los de Alan García y Luis Castañeda Lossio como ejemplos de una “justicia que persigue a la democracia”.
“Me encerraron cuando mis hijas tenían nueve y once años. Pero encontré también un sentido, y es que me acerqué mucho a Dios”, confesó.
Esta mención a la religión fue duramente cuestionada por Guevara, quien calificó de “blasfemia” y “cinismo” el uso de la fe en el debate, cerrando el bloque con una acusación de lavado de activos a través de los polémicos ‘cócteles’ de Fuerza Popular.
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