Operativo en penal de Piura destapa nuevas evidencias de redes criminales dedicadas a la extorsión

Una intervención en el penal de Piura permitió identificar indicios vinculados a posibles comunicaciones irregulares desde el interior del establecimiento. Durante la revisión, agentes encontraron una hoja con nombres y números telefónicos, así como una tarjeta de memoria, elementos que suelen ser considerados en investigaciones por extorsión.

La acción fue realizada de manera conjunta por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú. La revisión se concentró en el pabellón 1, en sus dos niveles, donde el personal ingresó a las celdas para verificar la presencia de objetos prohibidos.

Entre los hallazgos, la hoja con anotaciones llamó la atención por contener datos que podrían ser utilizados para establecer contactos externos. A ello se sumó una tarjeta micro SD, que será evaluada para determinar si contiene información relevante.

Detectan objetos prohibidos

Durante la misma intervención, el personal encontró en una de las celdas objetos prohibidos. Entre ellos, armas punzocortantes, pipas artesanales, encendedores y cables eléctricos.

También se hallaron envoltorios con restos de hierba seca, que serían marihuana. Este tipo de elementos suele estar asociado tanto al consumo interno como a dinámicas de intercambio entre internos.

En total, participaron más de 170 personas en la intervención, entre agentes penitenciarios, fiscales especializados en criminalidad organizada y efectivos policiales. El despliegue permitió cubrir distintos espacios del pabellón intervenido.

Antecedente: celular oculto en pared

Una intervención anterior en el mismo penal ya había evidenciado el uso de equipos móviles para cometer delitos desde el interior. En esa ocasión, durante un operativo ejecutado en junio de 2025, se encontró un celular táctil oculto en un hueco de la pared de una celda, cubierto para evitar ser detectado.

El equipo tenía chip operativo y era utilizado para realizar llamadas y enviar mensajes, mediante los cuales se exigía dinero a empresarios bajo amenaza. Según las investigaciones, el dispositivo funcionaba como punto de contacto con las víctimas.

Durante esa revisión también se incautaron otros equipos, varios de ellos de tamaño reducido, diseñados para pasar desapercibidos. Estos dispositivos eran utilizados para facilitar la comunicación sin ser detectados en los controles habituales.

El caso permitió identificar a internos presuntamente involucrados y dio lugar a investigaciones para determinar cómo ingresaron los equipos al penal. También se evaluaron posibles responsabilidades dentro y fuera del establecimiento.

¿Los penales son centros de extorsión?

El auge de las bandas criminales dedicadas a la extorsión puso en foco a los penales como centro de operaciones de los delincuentes. Sin embargo, esta afirmación no sería del todo cierta. En declaraciones previas, el entonces jefe del INPE, Javier Llaque, sostuvo que las extorsiones originadas en centros penitenciarios representaban una proporción reducida del total de casos registrados en el país.

“En el peor escenario, hablamos de un 0.15%”, señaló al referirse a los reportes disponibles. Según explicó, ese porcentaje correspondía a los casos atribuidos a internos en comparación con el total de denuncias.

El funcionario indicó que, pese a ese nivel, se habían adoptado medidas como el traslado de reclusos involucrados y la implementación de bloqueadores de señal para limitar las comunicaciones ilegales desde los penales.

También afirmó que estos sistemas habían permitido reducir significativamente las llamadas extorsivas. Sin embargo, reconoció que cualquier variación en estas cifras debía ser atendida con acciones inmediatas.