José Domingo Pérez contraataca: acusa a la JNJ de usar datos falsos y anuncia denuncia constitucional

El exfiscal del caso Lava Jato desmiente investigación por enriquecimiento ilícito y asegura que su salida responde a un “pacto mafioso”

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El fiscal José Domingo Pérez se defiende enérgicamente de las acusaciones de enriquecimiento ilícito, calificándolas de falsas. | Mejor con domingo

Lejos de aceptar el retiro silencioso, José Domingo Pérez, ahora exfiscal provincial, lanzó una contraofensiva frontal contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ). A través de su podcast Mejor con Domingo, el abogado denunció que la resolución que lo aparta del Ministerio Público no es el resultado de una evaluación objetiva de su desempeño, sino un producto de la manipulación de información y una represalia por sus investigaciones en casos emblemáticos como Lava Jato y Cócteles.

El magistrado saliente fue enfático al señalar que ninguna autoridad, ya sea juez, fiscal o miembro de la Junta Nacional de Justicia, puede recoger en un documento oficial hechos falsos o información que no se ajuste a la realidad jurídica, pues esto no solo constituye una infracción administrativa, sino que escala al terreno de la responsabilidad penal y constitucional.

Detalló que el Poder Judicial emitió un auto de sobreseimiento con fecha 11 de noviembre de 2025, el cual quedó consentido y figura en el expediente que los evaluadores tenían la obligación de revisar antes de emitir un juicio sobre su idoneidad.

“Me he cansado de ir a cuanto medio he podido a decir que esa denuncia calumniosa de la militante aprista Patricia Tubilla, hoy candidata a diputados, esa denuncia fue archivada, sobreseída a nivel del Juzgado Superior de Investigación Preparatoria”, mencionó respecto al dato utilizado en la ponencia de la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera.

José Domingo Pérez
José Domingo Pérez

Agregó que la investigación patrimonial a la que fue sometido incluyó tres pericias exhaustivas, el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil, sin que se hallara una sola irregularidad en sus ingresos o egresos. Calificó su no ratificación como una maniobra propia de lo que él denomina una coalición autoritaria o un pacto mafioso que busca el control absoluto de las instituciones de justicia para garantizar impunidad.

Ante este escenario, anunció: “Mientras esta coalición autoritaria, que correctamente la opinión pública ya los ha identificado como el pacto mafioso, siga controlando las instituciones, queda claro de que no voy a poder regresar a la fiscalía”.

En cuanto a las acciones legales inmediatas, José Domingo Pérez informó que presentará un recurso de nulidad contra la resolución de no ratificación, agotando así la vía administrativa antes de trasladar el conflicto al Poder Judicial, al cual todavía considera como el último bastión de independencia en el país. A ello se sumará la preparación de una denuncia constitucional contra los miembros de la Junta que votaron por su salida.

María Teresa Cabrera juró como
María Teresa Cabrera juró como presidenta de la Junta Nacional de Justicia. Andina

Aclaró que no presentará dicho recurso ante el actual Congreso de la República, al cual cuestiona severamente: “No voy a ser ingenuo de presentarlo a este Congreso de la República. Voy a esperar el 12 de abril con mi denuncia constitucional y se lo voy a entregar a quien seguramente será el próximo presidente de la República”.

“No nos pueden pisotear”

Asimismo, cuestionó las formas procesales seguidas por la Junta Nacional de Justicia, denunciando que se llevó a cabo una deliberación y una votación sin haberle notificado previamente los informes técnicos correspondientes ni haberle permitido ejercer su derecho a ser escuchado en una audiencia de defensa.

“No nos pueden pisotear, no nos pueden asustar. Tenemos que defendernos, tenemos que hacer valer nuestros derechos”, expresó el exfiscal, instando a la ciudadanía a ser vigilante en el próximo proceso electoral para evitar que grupos que solo buscan beneficios particulares sigan controlando el destino del país.

A pesar de reconocer que su nueva situación de civil lo coloca en una posición de mayor vulnerabilidad y riesgo personal, reafirmó su compromiso de seguir analizando la realidad jurídica desde su plataforma digital. “No podemos permitir que quienes han llevado al país a este nivel de bajeza moral regresen o sigan controlando las instituciones”, sentenció.