La afirmación de la candidata a diputada por Lima de Renovación Popular, Roxana Rocha, quien sostuvo que “nadie obliga” a las menores víctimas de abuso sexual a continuar con un embarazo, no refleja la realidad legal peruana. En el Perú, el aborto está penalizado en casi todos los supuestos, por lo que las niñas que enfrentan un embarazo producto de violencia sexual carecen de opciones legales para interrumpirlo, según el portal de verificación PerúCheck.
Entre 2020 y 2025, el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea identificó 7.790 partos en menores de 14 años a nivel nacional, cifra que, por la edad de las víctimas, corresponde a situaciones consideradas como crimen según el artículo 173 del Código Penal peruano. En ese mismo periodo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables reportó 41.991 casos de violación sexual contra menores de 17 años en el país. Tanto la ley como el marco sanitario restringen severamente la capacidad de decisión de las niñas, ya que la única excepción legal al aborto es la llamada causal terapéutica.
El marco legal y la imposibilidad práctica de decidir
La legislación nacional establece que el aborto está penalizado en todas sus formas, excepto el aborto terapéutico contemplado desde 1924. De acuerdo con el artículo 119 del Código Penal, este procedimiento solo es permitido cuando la vida de la gestante está en riesgo o puede sufrir un daño grave y permanente en su salud. No existe ninguna excepción en la norma para casos de embarazo por violación sexual en menores de edad.
Marcela Huaita, profesora de derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, explicó a PerúCheck que “en Perú no existe una norma que diga explícitamente que una menor debe continuar con el embarazo, pero el marco legal limita su capacidad de decidir porque nuestro ordenamiento jurídico solo contempla el aborto terapéutico y no por casos de violación”. Desde una perspectiva de derechos humanos, Huaita sostuvo que la falta de previsión de aborto por violación sexual genera, en la práctica, una imposición de la maternidad.
Barreras para el acceso al aborto terapéutico
Aunque en teoría el aborto terapéutico está despenalizado, en la práctica existen múltiples barreras para acceder a este procedimiento. La Resolución Directoral N.° 200-2025-DG/INMP, que actualiza la ‘Guía Técnica de Procedimiento de Aborto Terapéutico’, establece que los médicos deben informar a las pacientes —incluidas las menores— sobre los riesgos y alternativas disponibles, y una junta médica debe evaluar cada caso. Sin embargo, diversos factores sociales y sanitarios dificultan el acceso real a esta opción, según investigaciones citadas por PerúCheck.
Entre los principales obstáculos identificados se encuentran la falta de información adecuada por parte de los funcionarios de salud, la oposición de familiares y la tendencia a judicializar las decisiones médicas. Además, existen conflictos de interés entre los profesionales y la influencia de actores externos que buscan intervenir en el proceso. Estas condiciones hacen que, en la mayoría de los casos, las menores no puedan ejercer un derecho efectivo a decidir sobre su embarazo.
Casos recientes ilustran las consecuencias letales de esta situación. El 1 de agosto de 2025, una menor de 13 años falleció durante el parto en su vivienda en Huánuco. Un caso similar ocurrió en septiembre de 2023, cuando otra niña de 13 años murió en Junín tras complicaciones en el parto. Ninguna de ellas accedió al aborto terapéutico.
Impacto psicológico del embarazo infantil
Respecto a la afirmación de que las niñas “se sienten felices” al ser madres producto de una violación, la evidencia científica contradice esta idea. Un estudio publicado en la Revista de Psicología de la Universidad de Antioquia, citado por PerúCheck, reveló que 3 de cada 10 adolescentes embarazadas presentan algún nivel de depresión y más de la mitad experimentan ideación suicida. Los factores asociados incluyen la desesperanza, el estrés y la falta de redes de apoyo, lo que refuerza las consecuencias negativas del embarazo en menores.
La candidata Roxana Rocha no respondió a las solicitudes de comentario realizadas por PerúCheck al cierre de este informe.
En el Perú, aunque no existe una ley que obligue expresamente a las niñas víctimas de abuso sexual a continuar con un embarazo, el marco legal y las barreras sociales impiden que puedan acceder a alternativas. De este modo, la afirmación de que “nadie las obliga” resulta inexacta, ya que la ausencia de opciones legales y el contexto restrictivo tienen como efecto práctico la imposición de la maternidad en menores.
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