Luz del Sur podrá seguir integrándose verticalmente

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ha presentado un proyecto de Decreto Supremo para reglamentar las condiciones bajo las cuales se deben evaluar los casos de integración vertical en el sector eléctrico peruano, un cambio normativo que impacta directamente a Luz del Sur, principal distribuidora de Lima.

Una integración vertical ocurre cuando una empresa controla varias etapas de la cadena eléctrica, como generación y distribución. Esto es perseguido por ley, debido a que una empresa podría favorecer a sus propias unidades y limitar la competencia, afectando los precios y opciones para los usuarios.

Un cambio de reglas que mueve al mercado eléctrico peruano

En 1992, el Estado peruano promulga la Ley de Concesiones Eléctricas (Decreto Ley 25844), que prohíbe la integración vertical y divide el sector eléctrico en generación, transmisión y distribución.

Cinco años después, se promulga la Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico (Ley 26876), que establece el control previo para las concentraciones eléctricas (integraciones y adquisiciones) a través del INDECOPI, pero no regula de forma estricta el crecimiento orgánico, es decir, crecer por inversión propia.

Luz del Sur, controlada por entonces por la estadounidense Sempra Energy, aprovecha este vacío normativo e inaugura en 2015 la greenfield Central Hidroeléctrica Santa Teresa I en Cusco, incursionando así en el mercado de generación tras solicitar permiso al INDECOPI.

Pero, para cuando Luz del Sur ya había sido adquirida por China Yangtze Power International (CYPI), el Congreso lanza la Ley 31112, que creó un único marco de control previo para todas las operaciones de concentración en la economía (industrias, bancos, etc.), derogando así la Ley 26876.

El tema está en que no derogó el artículo 13 que modifica el artículo 122 de la Ley de Concesiones Eléctricas. A partir de aquí, el MINEM pasaba a convertirse en el responsable angular de aprobar integraciones verticales por inversión propia, sin intervención previa del INDECOPI.

La era de Santa Teresa: Luz del Sur va por más greenfields en generación

Es bajo este escenario que Luz del Sur gesta su siguiente operación. La distribuidora comenzó a hablar públicamente sobre Santa Teresa II, de manera más destacada y detallada, hacia finales de 2023.

En ese periodo, la empresa, subsidiaria de China Three Gorges (dueña de CYPI), anunció los montos de inversión, que se estimaban en aproximadamente US$600 millones para un proyecto de 280 MW que debería iniciar su construcción hacia finales de 2026.

Pero ahora aparece la Resolución Ministerial N° 025-2026-MINEM/DM, que introduce nuevas reglas para la evaluación de integraciones orgánicas, estableciendo un umbral del 30% de participación en generación o distribución; si se supera, el caso debe notificarse a INDECOPI, que vuelve al ruedo.

“Desde 2021, Luz del Sur podía ir donde INDECOPI y preguntar si su operación estaba regulada. Le respondían que no, y así podían avanzar sin mayores trabas. Ahora, el nuevo reglamento les pone una barrera adicional, por eso no les gusta”, dijo una fuente del sector.

Tampoco es la única inversión de generación en su horizonte: la empresa confirmó para Infobae Perú que evalúa el desarrollo de una nueva planta hidroeléctrica y un proyecto solar adicionales, aunque aclaró que aún están en etapa de análisis interno y no tienen ubicaciones ni cronogramas definidos.

¿Barrera burocrática o claridad para invertir?

Luz del Sur encuentra innecesaria esta nueva reglamentación. La compañía asegura que la Ley 32249 —que modificó en enero de 2025 la Ley 28832, Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la Generación Eléctrica— ya obliga a todas las distribuidoras a licitar públicamente su demanda regulada.

Su gerente general Mario Gonzales señala que este tipo de concursos, supervisados por el Osinergmin, anulan la posibilidad de que una distribuidora favorezca a una generadora del mismo grupo, ya que la energía siempre se adjudica al postor que ofrezca el mejor precio.

Además, explica que la cuota de mercado de Santa Teresa II sería mínima (3% de la demanda nacional bajo escenario de estrés), por lo que no supone un riesgo de concentración.

Luz del Sur sostiene que su intención es generar eficiencias para fortalecer el sistema, no restringirlo, y que el mercado eléctrico peruano e INDECOPI ya cuentan con suficientes “salvaguardas”.

Es más, el propio MINEM reconoce en su proyecto de decreto que el riesgo ha sido mitigado, pero debe regular el tema porque “así lo exige el artículo 122 de la Ley de Concesiones Eléctricas”.

“Estamos convencidos de que las reglas claras son el mejor incentivo para seguir apostando por la infraestructura energética que el Perú requiere”, cerca Gonzales. Pero ahora está también la cuestión con su matriz.

El factor China en la integración vertical de Luz del Sur

Además de manejar el 100% de la distribución de electricidad en la capital peruana (China Southern Power Grid adquirió, en 2024, el negocio de Enel en Lima norte), la participación del estado chino en el mercado de generación va más allá del 3% de Santa Teresa II.

Si se suman otras inversiones como Chaglla y San Gabán III (ambas de China Three Gorges Corporation), y las solares solares (Majes y Repartición) y eólicas (Marcona y Tres Hermanas) absorbidas por Luz del Sur a través de Inland Energy, la cuota china de mercado sube a cerca del 10%.

Para estas últimas operaciones, Luz del Sur sí tuvo que pedir permiso al INDECOPI bajo la Ley 31112 (al no tratarse de auto crecimiento). Hoy, son materia de una controversia por presunta falsedad de datos que derivó en una multa de S/5,5 millones, que podrían ser cargados en sus próximas licitaciones.

“La cuestión es que ahora Luz del Sur pertenece a China y, aunque en los papeles figuren como empresas separadas, si en algún momento deciden fusionarlas formalmente, ya no sería solo el 3%, sino bastante más”, dijo otra fuente del sector.

Para Rafael Laca, especialista de Enerkory, la nueva propuesta funcionará como un filtro que podría volver el trámite más burocrático para los nuevos proyectos, por lo que “el ministerio debería abstenerse y solo dedicarse a fiscalizar y regularizar lo necesario en este gobierno de transición”, dijo.

Sin embargo, también es cierto que la regulación actual analiza empresas y grupos económicos, no naciones, según el exdirector de Electricidad, Roberto Tamayo. Por ello, sostiene, la concentración por país “es un tema más político que de competencia”.

“Hay muchas empresas mineras chinas que, a lo mejor, deciden contratar solamente con otras empresas, digamos, chinas. Ese sí es otro tema, pero está permitido por la ley”, añade.