El Poder Judicial declaró fundada la solicitud de la Fiscalía para ampliar por 18 meses la prisión preventiva contra Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, en el marco de una investigación política de alto perfil por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo en agravio al Estado. La decisión, comunicada tras la audiencia del 11 de marzo, marca un nuevo episodio en el proceso contra esta figura mediática, investigada por su supuesta participación en una red de corrupción que involucra a funcionarios públicos y empresarios.
Con la ampliación, Andrés Hurtado permanecerá en prisión hasta septiembre de 2027, sumando más de tres años de privación de libertad desde su detención el 19 de septiembre de 2024. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, presidido por el juez Juan Carlos Checkley, avaló el pedido de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, al considerar que la causa presenta una “alta complejidad” y que subsisten riesgos procesales.
La resolución ordena al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ejecutar la medida, en atención a lo resuelto en la audiencia. El Ministerio Público, representado por el fiscal adjunto supremo Denis Pérez, argumentó que la investigación requiere un plazo adicional para profundizar en las diligencias pendientes, recabar pruebas y asegurar la comparecencia de testigos en un expediente que involucra a múltiples investigados, entre ellos la exfiscal superior Elizabeth Peralta Santur y el empresario Javier Miu Lei.
¿Por qué Andrés Hurtado seguirá en prisión hasta 2027?
El juez supremo Juan Carlos Checkley fundamentó la prolongación de la prisión preventiva en la complejidad de la investigación y en el peligro de fuga que representa Hurtado, según los argumentos del Ministerio Público. La Fiscalía sostiene que el conductor de televisión carece de arraigo domiciliario, familiar y laboral, condiciones que, de acuerdo con la legislación peruana, incrementan el riesgo de que el procesado eluda la acción de la justicia.
De acuerdo con la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, Hurtado habría utilizado su posición pública para influir en procesos judiciales y administrativos, generando un perjuicio al Estado. Además, el expediente judicial advierte que el caso está vinculado a la devolución de 100 kilos de oro al empresario Miu Lei, hecho en el que también se investiga la presunta intervención de otros funcionarios y allegados.
La investigación señala que, entre los nuevos elementos recabados, figura la declaración de un extrabajador de Hurtado en proceso de colaboración eficaz, quien indicó que el conductor ordenaba transferencias de dinero a familiares y terceros. Según la Fiscalía, estas maniobras buscaban ocultar el origen de los fondos y dificultar el rastreo del dinero por parte de las autoridades. Se suman a ello testimonios que apuntan a la provisión de defensa legal a colaboradores, con el fin supuesto de influir en sus declaraciones.
¿Cuáles son los argumentos del Ministerio Público y defensa de Hurtado?
El Ministerio Público remarcó en la audiencia que Hurtado no tiene arraigo en ninguna de las dimensiones consideradas clave: vive en hoteles, no mantiene un domicilio fijo, su hija menor está al cuidado de la madre, y su vínculo laboral con Panamericana Televisión fue suspendido tras el inicio de la investigación. Además, la Fiscalía detectó el uso de múltiples líneas telefónicas y cuentas bancarias de terceros, factores que refuerzan el peligro procesal.
El fiscal Denis Pérez subrayó que persisten diligencias pendientes, como el levantamiento del secreto de las comunicaciones de Hurtado y de los hermanos Iván y Francisco Siucho Neira, autorizado recién en enero de este año. También señaló que la existencia de investigaciones paralelas en despachos de Lavado de Activos, Anticorrupción y Suprema incrementan la dificultad técnica y justifican la extensión de la medida.
Por su parte, la defensa de Andrés Hurtado, encabezada por el abogado Elio Riera, rechazó la ampliación de la prisión preventiva. Riera argumentó que la investigación preparatoria concluyó el 2 de marzo y que la Fiscalía solo solicitó una reposición de días, lo que, a su juicio, no justifica la prolongación de la medida restrictiva. El abogado cuestionó la documentación de los supuestos nuevos hechos y defendió la necesidad de la presencia de Hurtado en su entorno familiar, especialmente por su hija con habilidades especiales.
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