En menos de 24 horas, un chófer de transporte público fue asesinado y dos buses fueron incendiados. La Policía Nacional del Perú confirmó que estos crímenes están vinculados a bandas de extorsionadores que operan contra el sector transporte. Dirigentes del gremio advirtieron que evaluarán convocar a un nuevo paro si el Gobierno no logra frenar los ataques.
En medio de esta crisis de seguridad, en el Congreso se tramita una iniciativa legislativa que podría impedir la formación de equipos especializados para investigar delitos complejos como la extorsión. Se trata del proyecto de ley 13424/2025-CR, presentado por la bancada de Perú Libre.
El proyecto que eliminaría equipos especiales de fiscales
La propuesta plantea derogar los artículos 80-A y 80-B de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Estas disposiciones permiten la creación de equipos especiales de fiscales para investigar delitos de alta complejidad, como redes de corrupción, crimen organizado, lavado de activos o narcotráfico.
En la práctica, estos equipos han sido utilizados para casos de gran impacto en el país, como las investigaciones vinculadas al caso Lava Jato. Estos grupos se caracterizan por concentrar fiscales especializados que trabajan de manera coordinada en expedientes complejos que involucran múltiples investigados, grandes volúmenes de pruebas y estructuras criminales organizadas.
Si el proyecto se aprueba, la figura de los equipos especiales desaparecería de la legislación del Ministerio Público. En consecuencia, las investigaciones tendrían que ser asumidas por fiscalías ordinarias.
Impacto en investigaciones contra la extorsión
La eliminación de estos equipos podría tener efectos directos en la lucha contra delitos como la extorsión, que actualmente afecta a transportistas, comerciantes y empresarios en varias ciudades del país.
De hecho, durante el gobierno del expresidente José Jerí se promulgó una ley que disponía la creación de un equipo especial integrado por la Policía Nacional, el Poder Judicial y el Ministerio Público para investigar casos de extorsión. Sin embargo, la norma aún no se aplica debido a la falta de presupuesto.
Si se concreta la propuesta legislativa presentada por Perú Libre, incluso la posibilidad legal de crear equipos especiales dentro del Ministerio Público desaparecería. En ese escenario, tampoco podría implementarse un grupo fiscal especializado en la persecución de redes de extorsión.
Especialistas y fiscales advierten que este tipo de delitos requiere investigaciones coordinadas, experiencia técnica y trabajo en grupo. Sin equipos especializados, los casos podrían volverse más lentos y difíciles de investigar.
Restricciones para organizar investigaciones complejas
El proyecto también plantea limitar la posibilidad de asignar casos a órganos fiscales especiales o ad hoc. Esto significa que los procesos tendrían que seguir únicamente los criterios ordinarios de competencia.
En investigaciones de crimen organizado, esta flexibilidad suele ser utilizada para concentrar expedientes en despachos con mayor experiencia en delitos complejos. Sin esa herramienta, la persecución penal podría fragmentarse entre distintas fiscalías.
De acuerdo con los críticos de la iniciativa, estos cambios reducirían la capacidad del sistema de justicia para adaptarse a las características de redes criminales que operan de forma organizada.
En medio de una escalada de ataques contra transportistas, la discusión de este proyecto vuelve a poner sobre la mesa el criterio que tiene el Congreso de la República para promover proyectos que en lugar de beneficiar, perjudican la lucha contra el crimen organizado.
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