El Gobierno peruano, a través del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), exhortó a las empresas industriales a acogerse a emplear combustibles alternativos de forma temporal, luego de la interrupción del transporte de gas natural de Camisea por un incidente en un ducto de TGP.
No obstante, la reanudación de operaciones —con sobrecostos por el cambio de fuente de energía— para las industrias todavía depende de una autorización oficial que, de acuerdo a la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), “no puede esperar un día más”.
MINEM llama a cambiar gas natural por diésel o GLP: ¿Qué falta?
En un comunicado, el MINEM dijo esta mañana que trabaja de manera coordinada con todos los actores del sector para restablecer el transporte de gas natural lo antes posible y asegurar el abastecimiento energético para hogares, comercios, transporte público, hospitales y servicios esenciales.
Como medida para enfrentar la emergencia, se dispuso evaluar y facilitar el uso temporal de combustibles como diésel o GLP para las industrias que requieran mantener la continuidad de sus operaciones productivas.
La aplicación de estas medidas debe ser “excepcional, temporal y sujeta a evaluación técnica”, garantizando condiciones de seguridad operacional, supervisión y control de riesgos, según el MINEM.
Sin embargo, las compañías afectadas aún necesitan la autorización formal de OSINERGMIN para poder implementar esta medida bajo condiciones de seguridad supervisadas.
OSINERGMIN debe emitir autorización cuanto antes, alerta SNI
Alejandro Daly, director de la SNI, explica que, durante años, el Gobierno peruano incentivó a las industrias a cambiar su matriz energética del petróleo al gas natural, considerado más eficiente y menos contaminante. Este cambio incluye a sectores como alimentos, químicos, cemento y cerámicos.
Las empresas que migraron al gas natural firmaron permisos que les prohíben volver a usar combustibles como GLP o diésel, salvo autorización expresa en casos excepcionales.
“Unas 1.000 empresas que cambiaron su matriz a gas natural se encuentran paralizadas desde el incidente”, dijo Daly para Infobae Perú.
Explica que desde el lunes posterior al incidente la SNI pidió al Gobierno que autorice el uso excepcional y temporal de GLP o diésel, amparándose en el Decreto Supremo 063-2010-EM, mientras dura el corte.
¿Inflación? Sobrecosto por salir del gas natural podría trasladarse a mercados
Sin embargo, la falta de una resolución del OSINERGMIN hasta este momento impide que las empresas puedan operar con combustibles alternativos, pese a que “cada día sin autorización implica más pérdidas”.
“Esto tiene que darse hoy mismo, no podemos esperar un solo día más”, destacó el dirigente gremial.
La SNI detalla que el GLP y el diésel son mucho más caros que el gas natural. Además, los precios internacionales del petróleo han subido por causas externas como la guerra por lo que la producción industrial será más costosa durante la emergencia.
De cualquier manera, el cambio de matriz elevará también los costos para las empresas y podría replicarse sobre la economía a través de inflación, ya que crudo es significativamente más caro que el gas natural.
Daly no descartó esa posibilidad y evitó dar comentarios al respecto, aclarando que los precios son determinados por la competencia en una economía de libre mercado.
Industrias y consumidores de gas natural denuncian fragilidad del sistema
De otro lado, la Asociación de Consumidores de Gas (ACG) advirtió en un comunicado que la crisis expuso una vulnerabilidad estructural en el sistema de transporte de gas, ya que el servicio opera bajo condiciones monopólicas y carece de mecanismos efectivos de respaldo o redundancia.
Según la ACG, la paralización total del suministro evidencia que millones de consumidores, industrias y el propio sistema eléctrico nacional asumen riesgos operativos que deberían ser gestionados por la empresa concesionaria como parte de su obligación empresarial.
El comunicado de la ACG también exige transparencia respecto a las causas del incidente y reclama que se determinen las responsabilidades correspondientes, así como la implementación de mecanismos de compensación para los usuarios afectados por la interrupción.
La organización consideró indispensable que las autoridades revisen los incentivos regulatorios y adopten medidas estructurales que garanticen la resiliencia y confiabilidad del sistema energético, resaltando que la seguridad energética de un país no puede depender de la suerte.
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