La muerte en la vía pública vuelve a instalar un debate que se repite con cada atropello: normas que existen pero no se cumplen, controles que llegan tarde y procesos judiciales que se dilatan. Las calles de Lima y de otras ciudades del país acumulan expedientes que comparten un mismo punto de partida: una decisión al volante que terminó con una vida o dejó secuelas permanentes.
El caso de la atleta Lizeth Marzano Noguera reabre esa discusión. Su atropello en San Isidro no solo dejó dolor en su familia y en la comunidad deportiva; también expuso, otra vez, la fragilidad del sistema de fiscalización y sanción frente a conductas temerarias. El conductor implicado escapó del lugar y, hasta ahora, se mantiene en la mira de las autoridades.
Su historia se suma a otros procesos que marcaron la agenda pública en los últimos años: el del músico Edu Saettone, el de la economista Melisa González Gagliuffi y el del chofer de la empresa Orión que arrolló al fotógrafo Ivo Dutra. Cada uno refleja decisiones judiciales discutidas, apelaciones, cambios de condena y reclamos de justicia que aún resuenan.
Lizeth Marzano: atropello y fuga en San Isidro
Lizeth Marzano, integrante de la selección nacional de apnea, murió tras ser atropellada la noche del martes 18 de febrero en la avenida Camino Real, frente al ingreso del Lima Golf Club, en el distrito de San Isidro. El hecho ocurrió alrededor de las 11:30 p.m., cuando, según la denuncia de familiares y amigos, un sedán negro con lunas polarizadas subió a la vereda e impactó contra ella mientras corría.
El conductor huyó sin prestar auxilio. Debido a la gravedad de las lesiones, la deportista falleció durante la madrugada. La comisaría de Orrantia del Mar y la División de Homicidios revisan cámaras de seguridad para identificar al responsable.
El caso generó conmoción en el ámbito deportivo y reavivó el debate sobre la conducta de conductores que abandonan la escena de un siniestro. La familia exige justicia y que se le imponga la sanción correspondiente.
El caso Edu Saettone: un proceso con cambios de condena
El 23 de agosto de 2012, el músico Edu Saettone atropelló a María Elena Coronado, de 69 años, en la cuadra 37 de la avenida Benavides. En diligencias iniciales, sostuvo que un vehículo de transporte público se cruzó en su camino y que no pudo evitar el impacto. Cinco días después, la mujer murió a causa de un traumatismo encéfalocraneal.
La defensa indicó que la pista estaba resbalosa por una intensa garúa y que el vehículo patinó. Durante meses no hubo contacto con la familia. El propio Saettone señaló que sus abogados le recomendaron no acercarse porque se trataba de un “accidente”.
En 2014 se dictó una sentencia que establecía cuatro años de prisión suspendida. El músico no acudió a la lectura y fue declarado reo contumaz. La familia apeló. En agosto de 2016, el Juzgado Penal de Lima concluyó que el accidente se produjo por exceso de velocidad, señalando que conducía a 90 km/h. Se dispuso prisión efectiva por cuatro años.
En mayo de 2017, el Tribunal de Apelaciones cambió la pena a prisión suspendida. A inicios de 2018, la Segunda Sala Penal Transitoria ordenó su captura y encarcelamiento, con una reparación civil de 100 mil soles. Sin embargo, en abril de ese año, la Sexta Sala Penal para Procesos con Reos Libres redujo la sanción a tres años de libertad condicional y elevó la reparación a 304 mil soles.
La familia cuestionó supuestas maniobras procesales y cambios constantes de defensa. El expediente se convirtió en referencia cuando se discuten criterios judiciales frente a delitos culposos con resultado fatal.
Melisa González Gagliuffi: velocidad, víctimas y controversia judicial
El 19 de octubre de 2019, en la avenida Javier Prado, Melisa González Gagliuffi perdió el control de su camioneta a la altura de la cuadra 9. El vehículo chocó contra un árbol y atropelló a Joseph Huashuayo Tenorio, Christian Buitrón Aguirre y Luis Vega Palacios. Los dos primeros murieron; el tercero quedó con lesiones graves.
González Gagliuffi afirmó que un taxi colectivo le cerró el paso. En su defensa declaró: “Yo pensé que ya se iba a ir y de pronto veo que me mete el carro y lo saca, una cosa brusca como asustándome…me descarriló, y yo me asusté. A lo único que atiné fue a tirar el timón a la derecha y frenar. Luego tratar de estabilizarme, pero el carro ya perdió el control”.
El informe de la Policía de Accidentes de Tránsito concluyó que la velocidad no era razonable y que superaba los 60 kilómetros por hora. También estableció que ningún vehículo le cerró el paso. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones canceló su licencia de conducir.
Luis Vega declaró que un abogado intentó entregarle dinero a cambio de que no acudiera a la prensa: “(A cambio de esos 6 mil soles) me pedían que acabara todo esto, que no salga a la prensa. Pero a mí, su dinero no me interesa”. Nancy Tenorio, madre de Joseph, afirmó: “Son dos vidas, no es para seis años”.
El 7 de junio de 2022, el Segundo Juzgado de Tránsito de la Corte Superior de Justicia de Lima dictó seis años de prisión efectiva. Sin embargo, no se presentó a la lectura y pasó a condición de no habida. Ingresó al Programa de Recompensas del Ministerio del Interior.
En mayo de 2023, el Poder Judicial varió la pena a vigilancia electrónica. Un reportaje reveló que no tenía grillete instalado. El INPE informó que el dispositivo se colocó el 16 de mayo tras notificación judicial. Nancy Tenorio cuestionó la medida: “Al ponerle el grillete es como darle libertad. Nadie va a controlar absolutamente nada. Eso no es justicia”.
El padre de Joseph expresó: “No sabíamos de este cambio, se supone que cuando hay un cambio las partes deberíamos estar presente en la audiencia y nunca nos citaron”.
Ivo Dutra y la empresa Orión: condena por dolo eventual
El 6 de agosto de 2011, Ivo Dutra Camargo, fotógrafo de 25 años y colaborador de la revista “Hildebrandt en sus trece”, fue atropellado en Jesús María por un bus de la empresa Orión que cruzó la luz roja. Otro vehículo de la misma empresa circulaba en paralelo. El impacto lo lanzó más de 15 metros. Murió seis días después en una clínica.
Su madre relató: “Serían como las 10 p.m. cuando unos estudiantes de la PUCP me llamaron. Venían en el bus que había atropellado a Ivo. Cogieron el celular de mi hijo, que me tenía entre sus contactos como ‘ma’, y me dijeron lo que había pasado. Salí en pijama”.
Weimer Huamán Sánchez, chofer del bus, recibió una condena de 13 años por homicidio simple con dolo eventual. Meses después, la pena se redujo a 10 años. La empresa fue considerada tercera civilmente responsable. La familia denuncia incumplimiento en el pago de la reparación civil y presuntos movimientos de activos hacia otras empresas.
El caso marcó precedente al tratarse de una condena por dolo eventual contra un conductor sobrio.
Otros hechos recientes: Javier Prado y Piura
El 9 de febrero, Fernando Arturo Guerrero Flores, de 21 años, resultó herido tras un atropello en la avenida Javier Prado, en San Isidro. El vehículo terminó contra un árbol. El joven salió de UCI y continúa en rehabilitación. Declaró: “He tenido una recuperación, pero aún hay un poco de dolor en algunas zonas”. También afirmó: “Es como si hubiera dormido el día anterior y hubiera estado en un largo sueño, todo en negro, y de la nada desperté en el hospital confundido”.
Su familia sostiene que el conductor no aportó dinero. “Hasta el día de hoy, el señor no ha dado ni un sol”, indicó un familiar. El presunto responsable no acudió a una reunión previa y presentó descanso médico.
En Piura, el 4 de septiembre de 2025, un conductor identificado como Yeder Ayton Carrasco Santos intentó evadir una intervención del Servicio de Administración Tributaria y la Policía. Durante el traslado al depósito, escapó con dos trabajadoras a bordo. Fue interceptado tras persecución y puesto a disposición por presunta desobediencia y resistencia a la autoridad.
La Municipalidad Provincial de Piura señaló que el caso refleja la firmeza frente a conductores que incumplen obligaciones y anunció más operativos conjuntos.
Estos episodios, separados en el tiempo y en el contexto, comparten un punto en común: decisiones al volante que derivaron en procesos penales, reclamos de reparación y cuestionamientos sobre la respuesta del sistema frente a hechos que, según las familias, pudieron evitarse.
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