En medio del debate nacional por el avance del crimen organizado y las decisiones del Congreso en materia de seguridad y justicia, Infobae Perú revisó cómo votó José María Balcázar, actual presidente interino del Perú, en ocho leyes que han sido calificadas como “procrimen” por especialistas, el Ministerio Público y organismos internacionales como Human Rights Watch.
El balance es el siguiente: Balcázar votó a favor en cinco de estas normas, votó en contra en una y no participó en dos debido a ausencias o licencias oficiales. Este comportamiento legislativo cobra especial relevancia tras su reciente elección como jefe de Estado transitorio, en un contexto de alta desconfianza ciudadana hacia el Parlamento.
Cinco votos a favor de normas cuestionadas
Entre las leyes que contaron con el respaldo de Balcázar se encuentran algunas de las más criticadas por debilitar herramientas importantes del sistema de justicia.
Ley 32108: redefinición de organización criminal
Publicada en agosto de 2024, esta norma modificó la Ley contra el Crimen Organizado y el Código Penal. Exige ahora que una organización criminal tenga una estructura compleja y capacidad para controlar toda una cadena de valor ilegal, lo que —según el Ministerio Público— deja fuera a muchas bandas dedicadas a extorsión o sicariato.
Voto de Balcázar: a favor (primera votación).
Ley 31751: límites a la prescripción penal
Conocida como la “Ley Soto”, restringe la suspensión de la prescripción a un máximo de un año, incluso en delitos complejos como corrupción o lavado de activos. La norma ha sido calificada como una “ley de impunidad” por acelerar el archivo de procesos.
Voto de Balcázar: licencia oficial en la primera votación y a favor en la segunda.
Ley 31989: beneficios a la minería ilegal
Esta ley derogó disposiciones que permitían a la Policía actuar contra mineros ilegales con explosivos o inscripción suspendida en el REINFO. Especialistas advierten que favorece directamente a la minería ilegal, una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado.
Voto de Balcázar: a favor en ambas votaciones.
Ley 32130: cambios en la investigación penal
Promulgada desde octubre de 2024, esta norma modificó el Nuevo Código Procesal Penal y trasladó a la Policía Nacional del Perú la conducción de la investigación preliminar, dejando al Ministerio Público con un rol de dirección jurídica y control posterior. Especialistas advierten que el cambio debilita la autonomía fiscal y altera el modelo acusatorio del sistema penal.
Voto de Balcázar: licencia por enfermedad en la primera votación y a favor en la segunda.
Ley 32326: restricciones a la extinción de dominio
Aprobada en mayo de 2025, exige —como regla general— una sentencia penal firme para extinguir bienes obtenidos ilícitamente. El Ministerio Público la considera un grave retroceso, pues dificulta confiscar patrimonios de narcos, corruptos y mineros ilegales.
Voto de Balcázar: a favor en la primera votación; licencia por enfermedad en la segunda.
El único voto en contra
La única vez que José María Balcázar votó en contra fue durante la aprobación de la Ley 31990, promulgada en marzo de 2024.
Ley 31990: colaboración eficaz bajo plazos rígidos
La norma impuso plazos estrictos al proceso de colaboración eficaz y limitó la forma de corroborar testimonios, debilitando una de las herramientas más efectivas contra el crimen organizado y la corrupción.
Voto de Balcázar: en contra en la primera votación.
Esta ley fue incluida por Human Rights Watch y analistas nacionales dentro del paquete de normas que representan retrocesos en la lucha anticorrupción.
Ausencias y licencias en votaciones clave
Balcázar no participó en dos leyes adicionales que también han sido duramente cuestionadas.
Ley 32181: Elimina detención preliminar en casos de no flagrancia
Aprobada en diciembre de 2024 por el Congreso de la República, esta norma eliminó la detención preliminar en casos sin flagrancia y modificó el Nuevo Código Procesal Penal, limitando la capacidad del Ministerio Público para detener a investigados por crimen organizado y corrupción. Fiscalías y especialistas advirtieron que la ley favorece la impunidad al dificultar capturas oportunas y permitir fugas o destrucción de pruebas.
Voto de Balcázar: ausente en ambas votaciones.
Ley 32054: blindaje a partidos políticos
Excluye a los partidos políticos de responsabilidad penal y administrativa por delitos cometidos en su nombre, dejando la sanción solo a personas naturales. Especialistas sostienen que protege a organizaciones con investigaciones abiertas por corrupción.
Voto de Balcázar: licencia por enfermedad.
Un paquete legislativo bajo severas críticas
Estas ocho leyes han sido agrupadas como “procrimen” por el Ministerio Público, analistas jurídicos, medios de comunicación y organizaciones civiles porque, en conjunto, limitan la definición de organización criminal, debilitan la colaboración eficaz, restringen la extinción de dominio, facilitan la prescripción de delitos y reducen la capacidad del Estado frente a economías ilegales.
De acuerdo con esta revisión, José María Balcázar votó a favor en cinco de las ocho normas analizadas, en contra solo una vez y no votó en dos, un récord legislativo que hoy vuelve a ser examinado a la luz de su rol como presidente interino del país.
Como se recuerda, el Congreso eligió a José María Balcázar como presidente interino tras la destitución de José Jerí, en una sesión marcada por tensiones, abstenciones estratégicas y denuncias de un “pacto mafioso”.
Balcázar asumirá el cargo de manera provisional hasta el 28 de julio, con la misión de conducir la transición y garantizar el proceso electoral. Sin embargo, su historial está marcado por 13 investigaciones fiscales activas vinculadas a su trayectoria como magistrado y congresista. Los cuestionamientos se originan en su paso por el sistema judicial —con resoluciones observadas por presunto prevaricato—, su gestión en el Colegio de Abogados de Lambayeque, que terminó en expulsión, y una indagación por la presunta apropiación ilícita de más de S/ 2 millones. Todos estos procesos continúan en trámite en distintas instancias fiscales y judiciales.
El caso de mayor impacto político es una acusación constitucional por presunto intercambio de favores, que investiga si Balcázar habría apoyado decisiones en el Congreso a cambio del nombramiento de su nuera como fiscal provisional. A ello se suman polémicas por sus posiciones públicas, como sus declaraciones en 2023 a favor del matrimonio desde los 14 años, que generaron rechazo social. Aunque el presidente ha negado irregularidades y asegura colaborar con la justicia, estos antecedentes acompañan su gestión transitoria y marcan el actual escenario político.
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