El Estado peruano, a través del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y bajo la administración provisional de OSINERGMIN, asignó S/167 049 089,00 para la custodia, conservación y administración de los bienes del inconcluso Gasoducto Sur Peruano (GSP), que debía llevar el gas natural de Camisea a las regiones del sur del país, como ocurre con Lima.
Esta transferencia fue autorizada mediante la Resolución Ministerial Nº 055-2026-MINEM/DM, suscrita en Lima el 13 de febrero y publicada oficialmente el 14 de febrero.
Fondos para la administración y vigilancia de los activos del gasoducto
El monto transferido proviene del presupuesto institucional del MINEM para el ejercicio fiscal 2026, conforme a la Ley Nº 32514 sobre Equilibrio Financiero del Sector Público.
El informe favorable de la Oficina de Presupuesto de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto verificó la disponibilidad de recursos en el Pliego 016, permitiendo la operación destinada a cubrir los gastos corrientes involucrados en la administración y supervisión de los activos del extinto proyecto, durante el periodo de enero a diciembre de 2026.
Los fondos se orientan exclusivamente a la vigilancia, conservación y manejo de los materiales y equipos que integran la concesión original del Gasoducto Sur Peruano, proyecto paralizado tras el escándalo de corrupción de Odebrecht en 2017. Entre estos activos figuran kilómetros de tubos de gran diámetro, maquinaria pesada y repuestos, actualmente almacenados en depósitos de Lurín, Ilo y otras localidades bajo control estatal.
Mandato legal y contexto de la administración provisional
La medida responde al mandato del Decreto de Urgencia Nº 001-2017, que asignó a OSINERGMIN la administración temporal de los bienes del GSP en representación del Estado, hasta que se concrete una transferencia definitiva al sector privado, juicio mediante.
El mismo decreto faculta la contratación directa de un administrador y la supervisión de todo el proceso, funciones que el organismo continuará ejerciendo hasta el 31 de diciembre de 2026.
La resolución ministerial aclara que los recursos asignados no pueden destinarse a fines distintos a los previstos y que los saldos no ejecutados, junto con los intereses generados, deberán ser revertidos al Ministerio de Energía y Minas al cierre del año fiscal, según lo dispuesto por el Sistema Nacional de Tesorería.
Casi una década de activos paralizados
Desde la anulación del contrato con Odebrecht en 2017, el Estado peruano ha destinado recursos anuales para la custodia y conservación de estos activos, cuyo valor supera los 1.600 millones de dólares. La administración de los tubos y materiales del GSP representa un gasto recurrente, mientras permanece pendiente la reactivación del proyecto o la definición de un nuevo destino para los activos.
Los fondos para el resguardo de estos bienes provinieron inicialmente de la multa de 184 millones de dólares que Odebrecht pagó al Estado peruano tras incumplir el cierre financiero del proyecto. Sin embargo, esta fuente ya debería haberse agotado, por lo que el Gobierno estaría echando mano de alguna otra partida o fondo.
Contexto judicial y situación del proyecto
El Gasoducto Sur Peruano fue uno de los mayores proyectos energéticos inconclusos del país, diseñado para transportar gas natural desde Camisea (Cusco) hasta la costa sur. El escándalo de corrupción que involucró a Odebrecht llevó a la anulación de la concesión en 2017, dejando los activos en manos del Estado y bajo administración provisional de OSINERGMIN.
Las investigaciones fiscales señalan que, durante los gobiernos de Alan García y Ollanta Humala, se conformó una estructura criminal que favoreció la adjudicación irregular de contratos estatales al consorcio liderado por Odebrecht. Pese a varios intentos, el proyecto permanece paralizado y el Estado sigue destinando fondos a la protección de los materiales, sin garantía de recuperar la inversión inicial.
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