El grupo Intercorp emitió un comunicado ante la clausura de 15 tiendas, entre los que se encuentran reconocidos establecimientos como Cineplanet, Oechsle, Interbank, Bembos y Vivanda. Según la compañía, los cierres se realizaron en menos de una semana y obedecieron a múltiples acciones de fiscalización de la Municipalidad de Miraflores.
En un comunicado difundido este 13 de febrero de 2026, Intercorp aseguró que las sanciones “no tienen sustento técnico ni jurídico, ya que dichos establecimientos cuentan con los permisos reglamentarios y certificados necesarios para su normal funcionamiento”. La empresa indicó que estas medidas afectaron tanto a sus negocios de servicios financieros y retail como a restaurantes y cines.
Coordinación e inmediatez de operativos
Intercorp también cuestionó la rapidez y la focalización de los operativos de fiscalización. La empresa señaló que “sorprende la inmediatez y coordinación de los operativos de fiscalización de la Municipalidad que cerraron los 15 locales en tan corto plazo y de manera focalizada en las empresas de Intercorp”.
La compañía enfatizó que estas acciones se realizaron de manera selectiva, afectando exclusivamente a sus negocios, lo que ha generado preocupación sobre la equidad en la aplicación de las normas municipales.
Controversia contractual
El comunicado de Intercorp subraya que los cierres coinciden con un contexto de controversia contractual. La disputa estaría relacionada con el convenio de colaboración social sobre el Complejo Deportivo Niño Héroe Manuel Bonilla, firmado entre un consorcio de cuatro empresas de Intercorp, liderado por Urbi Propiedades, y la Municipalidad de Miraflores.
Según la empresa, esta coincidencia temporal ha generado suspicacias sobre la motivación detrás de las clausuras, aunque no se han detallado acciones legales inmediatas. Intercorp manifestó que la situación afecta no solo la operación de sus locales, sino también la percepción de estabilidad y seguridad jurídica para sus inversiones en el distrito.
Llamado a la Municipalidad
Frente a estos hechos, Intercorp hizo un llamado directo a las autoridades municipales para resolver la situación. En el comunicado, la empresa instó a la municipalidad a “restaurar la legítima licencia para operar de nuestras empresas en el distrito”.
La compañía advirtió que continuará monitoreando la aplicación de las normas y espera que se eviten medidas que puedan afectar a sus clientes y trabajadores, reafirmando su compromiso con la legalidad y el cumplimiento de todos los requisitos municipales para el funcionamiento de sus establecimientos.
“Alguna falta u omisión”
Según información difundida por el diario Gestión, la Municipalidad de Miraflores indicó que, por el momento, no cuenta con mayores detalles sobre la situación relacionada con los recientes cierres de establecimientos en el distrito. La entidad señaló que el caso aún no tiene precisiones adicionales que puedan ser comunicadas públicamente.
No obstante, desde la comuna se precisó que cada clausura o multa responde a un procedimiento administrativo sustentado en un expediente técnico. En ese sentido, remarcaron que estas medidas se aplican cuando se detecta “alguna falta u omisión de parte de los administrados”, en referencia a los responsables de los locales fiscalizados.
Gremios rechazan cierre de tiendas
Los gremios de micro y pequeñas empresas (Mypes), pequeñas y medianas empresas (Pymes) y grandes empresas a nivel nacional expresaron su preocupación por la reciente ola de clausuras y fiscalizaciones que afectan a comercios formales en el distrito de Miraflores. Señalaron que la simultaneidad y el alcance de estas medidas genera inquietud sobre la aplicación equitativa de las normas municipales, sanitarias y de seguridad, y reafirmaron su compromiso con el cumplimiento de la normativa vigente.
Los sectores empresariales destacaron que toda acción de fiscalización debe aplicarse bajo criterios de proporcionalidad, razonabilidad y predictibilidad, reservando la clausura únicamente para incumplimientos graves debidamente acreditados. Además, enfatizaron que la estabilidad normativa y la seguridad jurídica son esenciales para el desarrollo de la actividad empresarial, especialmente de las Mypes y Pymes, motor de empleo y desarrollo en el país, y que el orden se construye con reglas claras, trato equitativo y diálogo constante entre autoridades y sector privado.
Comunicado oficial de la Municipalidad de Miraflores
La Municipalidad de Miraflores emitió un comunicado la tarde del viernes 13 de febrero, en el que precisó que durante febrero se realizaron más de 250 intervenciones de fiscalización en el distrito, con el objetivo de salvaguardar la integridad y seguridad de trabajadores y visitantes. En ese marco, 39 negocios pertenecientes al grupo Intercorp fueron inspeccionados, de los cuales 13 fueron clausurados por deficiencias.
Según el municipio, las inspecciones detectaron problemas críticos en medidas de seguridad y evacuación, así como la presencia de balones de gas no declarados. Además, indicaron que solo dos de las empresas clausuradas han iniciado procesos para levantar las observaciones, lo que representa un reconocimiento de que existían infracciones. La comuna aclaró que las acciones responden a criterios estrictamente técnicos y reiteró su compromiso con una cultura de prevención y el bienestar de los vecinos.
Aporte en debate
El grupo Intercorp sostiene haber realizado una inversión significativa que asciende a S/21.6 millones de soles para el proyecto de modernización del Estadio Manuel Bonilla. De este monto total, la empresa detalla que aproximadamente S/20.8 millones ya fueron efectivamente desembolsados y depositados en las cuentas de un fideicomiso de administración, cuya beneficiaria directa es la propia Municipalidad de Miraflores.
Por su parte, la gestión municipal actual reconoce la existencia de dicha inversión bajo un convenio suscrito en el año 2021 (durante la administración anterior), pero afirma que el proyecto fue cerrado en su banco de inversiones el 23 de septiembre de 2023. Esta discrepancia financiera es el eje de la tensión, ya que mientras la empresa exige el cumplimiento del acuerdo o la devolución de su aporte bajo amenaza de acciones legales, la comuna asegura que el vínculo contractual ya concluyó formalmente.
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