La presión de colectivos, activistas y parlamentarios ante el pólemico tratamiento de menores víctimas de violación en un refugio derivó en la intervención de ‘La Casa del Padre’. La Fiscalía Provincial de Familia de La Molina-Cieneguilla inició una investigación preliminar por la presunta contravención a los derechos de niñas, niños y adolescentes en el Centro de Acogida Residencial (CAR). Este refugio, fundado por la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo, se encuentra hoy bajo la lupa por el manejo de la privacidad de sus internas.
La diligencia tuvo como objetivo constatar si el centro cumple con sus obligaciones legales de proteger la identidad y privacidad de las menores. Esto ocurre tras la difusión de imágenes donde se exponía a niñas y adolescentes, víctimas de violencia sexual aparentemente forzadas a la maternidad, en eventos de la institución.
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La práctica que ha sido duramente criticada como una forma de revictimización para obtener réditos institucionales o políticos. La parlamentaria de Renovación Popular ha aparecido en varias de estas fotografías publicadas tanto por su cuenta personal como la del albergue.
Hallan a 29 adolescentes en el refugio
Durante la intervención liderada por el fiscal Genaro Solís Quispe, las autoridades verificaron que el centro de acogida alberga actualmente a veintinueve adolescentes y siete bebés. El equipo fiscal, integrado por las adjuntas Giuliana Sotelo y Sonia Quispe, realizó consultas generales a algunas de las internas y revisó los protocolos internos de la institución.
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El foco de la investigación se centra en el artículo 69° del Código de los Niños y Adolescentes, que sanciona cualquier afectación a los derechos fundamentales de la infancia. La Fiscalía ha requerido documentación sobre cómo se gestiona la imagen de las menores y qué medidas se adoptan para evitar que su situación de vulnerabilidad sea expuesta públicamente.
Las fotografías que circularon en redes sociales, antes de desactivar la página temporalmente, mostraban a las menores en “coros navideños” y otras actuaciones. El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, trató de minimizar la situación en una entrevista reciente al asegurar que se trataba de un “evento privado”.
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Rechazo alcanza a congresista vinculada
Aunque la congresista Milagros Jáuregui ya no figura legalmente como la titular del refugio, su vínculo histórico, familiar y espiritual con la institución es innegable. Fue ella quien describió en un pódcast las acciones que se tomaban el centro, y ha subido fotografías del local en su cuenta política. También, según registros públicos, el esposo de la congresista y su hija Fe Jerusalem forman parte del consejo directivo.
La intervención fiscal se suma al anuncio del Ministerio de la Mujer (MIMP) de supervisar exhaustivamente el centro y a una denuncia penal presentada contra la legisladora por lesiones graves y exposición de personas al peligro.
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En este contexto, Susel Paredes ha presentado oficios ante el Ministerio Público y el Ministerio del Interior para solicitar formalmente que se le remita información detallada sobre las cuatro menores de edad que lograron escapar de la casa de acogida y fueron reportadas como desaparecidas. El hecho pone en entredicho los protocolos de seguridad y el bienestar emocional de las jóvenes bajo la custodia de la institución vinculada a Jáuregui, también llamada como María Aguayo.
Una investigación que recién comienza
El Ministerio Público ha reafirmado su compromiso con la protección integral de las menores y ha advertido que las diligencias continuarán. La evaluación de la documentación institucional será clave para determinar si existió una contravención administrativa o penal en el manejo de ‘La Casa del Padre’.
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Mientras el albergue se mantiene en silencio y ha restringido sus redes sociales tras el escándalo, la Fiscalía busca garantizar que el derecho a la confidencialidad y la dignidad no sea moneda de cambio para cubrir otros intereses.
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