Milagros Jáuregui en la mira de la Comisión de Ética: le piden un “informe detallado” tras ser acusada de exponer a víctimas de violación

La situación de Milagros Jáuregui de Aguayo, presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia, podría complicarse al interior del Congreso. El titular de la Comisión de Ética Parlamentaria, Elvis Vergara, le envió un oficio tras ser acusada de exponer públicamente a menores víctimas de violación atendidas en el albergue “La Casa del Padre”, institución que dirige junto a su esposo.

En el documento, de fecha 11 de febrero de 2026, le solicitan un informe detallado sobre los hechos relacionados con la exposición pública de niñas acogidas en el mencionado refugio. Ello, a fin de que esclarezca los procedimientos adoptados en la atención de menores víctimas de violencia sexual y las circunstancias en las que fueron difundidas las imágenes cuestionadas.

La controversia se originó tras la publicación de fotografías donde menores, identificadas como sobrevivientes de violación sexual, aparecen sosteniendo en brazos a sus hijos recién nacidos junto a Milagros Jáuregui en el escenario del albergue. Dichas imágenes, difundidas en la página de Facebook del refugio y retomadas por medios nacionales, muestran a las menores en uniforme, algunas cubriéndose el rostro, mientras otras son presentadas ante el público en eventos vinculados a mensajes religiosos. Este refugio, identificado como “La Casa del Padre”, es administrado por un grupo evangélico dirigido por la propia congresista y su esposo, ambos pastores.

La polémica creció cuando la legisladora declaró en un podcast de ILAD Media que niñas entre 10 y 13 años, víctimas de violación, son llevadas a este albergue donde continúan con la gestación y dan a luz. Estas afirmaciones provocaron un repudio inmediato de colectivos feministas y defensores de los derechos de la infancia, quienes calificaron el proceder de la legisladora como “peligroso” y solicitaron la intervención del Ministerio Público.

Organizaciones como Amnistía Internacional, Flora Tristán, Demus, Manuela Ramos, PromSex y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) condenaron las declaraciones de Jáuregui, en especial su afirmación de que “la única víctima es el bebé”, excluyendo a las menores violentadas. Las agrupaciones señalaron que este discurso niega la calidad de víctimas a las niñas, agrava su revictimización y desconoce el riesgo físico y mental que implica la maternidad infantil.

Recordaron que, según el Comité de Derechos Humanos de la ONU, negar el aborto terapéutico a niñas embarazadas por violación es equiparable a un acto de tortura. Además, enfatizaron que el aborto terapéutico es legal en el Perú desde 1924, protegido por el artículo 119 del Código Penal cuando la salud física o mental de la gestante está en peligro, situación que la evidencia médica asocia a los embarazos forzados producto de abuso sexual infantil.

La propia Flora Tristán calificó la exposición de las menores como una “abominable violación de sus derechos” y denunció la utilización del dolor de las víctimas en campañas mediáticas con fines políticos. Por su parte, la Red de Sobrevivientes Perú advirtió sobre presuntas conductas de violencia física, psicológica, espiritual y sexual dentro del entorno religioso del albergue, y anunció que solicitará una intervención urgente del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Jáuregui, quien busca la reelección al Senado por el partido Renovación Popular, defendió el accionar del refugio y rechazó las acusaciones. A través de un comunicado, afirmó que en “La Casa del Padre” se atiende a adolescentes embarazadas, madres en situación de extrema pobreza y sobrevivientes de abuso, en coordinación con el Estado. Sostuvo que el centro es fiscalizado por el MIMP y juzgados de familia, y que su labor complementa la atención estatal sin reemplazarla ni interferir en competencias públicas. Además, destacó que ministras de la Mujer visitaron el albergue para constatar la calidad de sus servicios, calificándolo como un “modelo” de atención integral.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables respondió mediante un pronunciamiento en redes sociales, precisando que los albergues privados que colaboran con el Estado lo hacen bajo estrictos procedimientos y que la afiliación política no constituye criterio para la gestión de servicios. El MIMP subrayó que su actuación es técnica y ajena a cualquier forma de proselitismo.

Por su parte, el partido Renovación Popular también se distanció de los hechos. En un comunicado oficial, la agrupación lamentó lo ocurrido y recalcó que “la protección de la niñez implica respeto, cuidado y responsabilidad”. El partido aseguró que ningún evento de exposición pública de menores fue promovido ni autorizado por la organización, y ofreció disculpas por el daño ocasionado, afirmando que lo sucedido no representa sus valores institucionales.