Denuncian a titular de la ONPE, Piero Corvetto: piden su destitución por mal uso de S/80 millones en franja electoral

El congresista Edwin Martínez presentó una denuncia formal ante la Junta Nacional de Justicia contra el titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, solicitando su destitución por presuntas faltas graves en el manejo de la franja electoral. La acusación sostiene que el titular del organismo permitió el mal uso de S/80 millones provenientes de fondos públicos destinados a la difusión de propaganda electoral.

La denuncia, a la que accedió Infobae, señala que el jefe del organismo tenía la responsabilidad de reglamentar y supervisar el uso de los fondos asignados, tal como lo establece el artículo 38 de la Ley de Organizaciones Políticas. Sin embargo, no previó salvaguardas suficientes para evitar el direccionamiento, los conflictos de interés y la dilapidación de recursos hacia personas o empresas vinculadas a partidos políticos, como fundadores, dirigentes, candidatos y militantes.

Uno de los casos señalados en la denuncia involucra al partido político CPP (Ciudadanos por el Perú) que, pese a no contar con candidatos habilitados para la contienda electoral, recibió casi S/1 millón para la franja electoral, un hecho que Martínez definió como “derroche inaceptable de recursos públicos”. El legislador remarcó que la omisión de controles en el reglamento firmado por Corvetto facilitó que el dinero se destinara a campañas sin sustento, desvirtuando el objetivo del financiamiento público y afectando la equidad en la competencia política.

La denuncia también critica la continuidad en el desembolso de recursos tras la detección de irregularidades. De acuerdo con el petitorio, “el jefe de la ONPE, pese a conocer los hechos, no rectificó oportunamente, continuando con el reparto de fondos públicos y convirtiéndose en cómplice de los malos manejos”.

El congresista enfatizó que la función del titular de la entidad no puede limitarse a una gestión pasiva o meramente administrativa, sino que implica velar activamente por la correcta utilización de los recursos estatales, evitando cualquier tipo de favoritismo o malversación.

La responsabilidad de la ONPE en estos hechos, según la denuncia, trasciende el plano administrativo y afecta gravemente la confianza pública en las instituciones electorales. Argumentó que la pérdida de credibilidad en la administración electoral pone en riesgo la legitimidad de los procesos democráticos y la estabilidad institucional del país.

“El jefe de ONPE actúa como custodio de los recursos públicos asignados para repartir a través de la franja electoral, asegurando su afectación al uso público, previniendo su uso indebido. No es un mero espectador o cajero electrónico como pretende excusarse”, expuso.

Adicionalmente, el documento presentado ante la Junta Nacional de Justicia incluye como falta grave la ausencia de diligencia en la implementación de la Solución Tecnológica de Voto Digital (STVD).

Destacó que el Jurado Nacional de Elecciones, máxima autoridad electoral peruana, observó y desaprobó la propuesta de voto electrónico impulsada por Corvetto, concluyendo que no reúne las condiciones mínimas de seguridad para garantizar la autenticidad del sufragio y la integridad de los resultados en las Elecciones Generales 2026. La denuncia argumenta que esta deficiencia afecta a millones de peruanos, tanto en el país como en el extranjero, que se ven privados de una alternativa tecnológica segura para ejercer su derecho al voto.