El futuro del IMARPE y una pregunta incómoda sobre la reforma

Hablar del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) es referirse a una de las instituciones científicas más relevantes del país en la gestión de los recursos hidrobiológicos. Desde su creación en 1964, el IMARPE ha constituido el principal soporte técnico y científico de las decisiones vinculadas al mar peruano, un espacio que no solo define nuestra identidad como nación costera, sino que sustenta una de las actividades económicas más estratégicas del Perú.

Con el paso del tiempo, el IMARPE logró consolidar un reconocido prestigio internacional, construido sobre la base de datos, series históricas, investigación aplicada y una comprensión profunda del ecosistema marino, con especial énfasis en la anchoveta, especie clave para la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de las pesquerías.

La fortaleza del IMARPE ha residido siempre en la calidad de su producción científica y en una autonomía técnica que le permitió asesorar al Viceministerio de Pesquería y a las entidades del Estado que requirieron de su conocimiento, con independencia y rigor, incluso en contextos políticamente complejos.

En esa línea, cabe mencionar el proyecto de ley titulado “Ley que propone fortalecer la autonomía y el rol del IMARPE en la gestión marino-costera”, el cual plantea la transferencia del instituto al sector Ambiente y una ampliación sustantiva de su ámbito de funciones. La exposición de motivos del proyecto no solo extiende el campo de acción del IMARPE hacia los ecosistemas marino-costeros, la biodiversidad no comercial, los impactos de infraestructura, el cambio climático marino y la contaminación, sino que además le asigna nuevas funciones de investigación, monitoreo, desarrollo tecnológico e innovación en ciencias marinas y aguas continentales.

El problema no es la ambición del enfoque, sino la falta de sustento técnico, presupuestal y legal del proyecto; por otra parte, si se sostiene que dicha transferencia y ampliación de funciones no generarían gasto, ¿por qué, a la fecha, no se ha empleado el presupuesto para implementar y mejorar las tecnologías, los sistemas y las embarcaciones con los que actualmente cuenta el IMARPE?

Cabe entonces una pregunta de fondo: ¿cuál es el propósito real de trasladar al IMARPE, con funciones tan específicas como la evaluación de recursos hidrobiológicos, la estimación de cuotas y el sustento técnico de la actividad pesquera, al control del Ministerio del Ambiente? La modificación no es meramente orgánica; implica redefinir el eje institucional desde el cual se toman decisiones estratégicas para el sector pesquero. Comprender el trasfondo de esta iniciativa es indispensable para evaluar sus verdaderas implicancias.

Más allá del debate legal que pueda surgir, existe una cuestión de fondo que no puede soslayarse. Por su naturaleza y finalidad, el IMARPE es una institución concebida para sustentar científicamente la gestión productiva y sostenible de los recursos hidrobiológicos. Su trabajo está íntimamente ligado a la dinámica de las pesquerías, a la evaluación de biomasa, a la determinación de cuotas y a la adopción de decisiones que permiten equilibrar la conservación y la producción. Separarlo del sector Producción —específicamente del Viceministerio de Pesquería— no fortalece su rol; por el contrario, lo diluye.

Ello no implica desconocer la dimensión ambiental del mar ni la necesidad de una coordinación estrecha con el sector Ambiente; por el contrario, dicha articulación es indispensable. Sin embargo, coordinación no equivale a subordinación ni a traslado institucional. Es un hecho que los institutos científicos que mejor funcionan son aquellos que mantienen claridad en su mandato, estabilidad en su gobernanza y coherencia entre la ciencia y la política pública.

Resguardar al IMARPE es respaldar la ciencia del mar peruano. Respaldar la ciencia del mar implica preservar su autonomía técnica, su especialización y su ubicación natural dentro del sector donde su conocimiento incide directamente en la adopción de decisiones. Las reformas pueden ser necesarias; sin embargo, cuando se formulan sin el debido sustento técnico, presupuestal e institucional, corren el riesgo de debilitar aquello que buscan fortalecer. En un país cuya relación con el mar es estratégica para su desarrollo económico, social y alimentario, cualquier modificación estructural debe responder a una visión rigurosa y responsable, y no a impulsos coyunturales.