La elección general de 2026 se desarrolla en un escenario donde la multiplicación de candidaturas no se traduce en adhesiones, y donde la atención ciudadana se dispersa frente a mensajes que no logran diferenciarse ni generar confianza.
Los datos más recientes de opinión pública describen un electorado que observa desde la distancia. La incertidumbre domina el ambiente y condiciona el comportamiento de los votantes, que se reparten entre la duda, el rechazo y una expectativa moderada. En ese contexto, la competencia electoral no premia la visibilidad ni la trayectoria, sino la capacidad de romper la inercia de la indiferencia.
La encuesta nacional de Datum Internacional para El Comercio confirma una característica central del proceso: el 42,5% del electorado votaría en blanco, viciado, por ninguno o todavía no define su preferencia. A casi 60 días de las Elecciones Generales 2026, ese bloque supera a cualquier candidatura individual y se convierte en el actor decisivo de la contienda.
Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, encabeza la intención de voto con 11,9%, seguido por Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, con 9,2%. Ninguno de los dos supera el umbral del 12%, una cifra baja si se considera la cercanía del proceso. En paralelo, 24 de los 36 aspirantes presidenciales se mantienen por debajo del 1%, y 16 ni siquiera alcanzan el 0,5%, un indicador de la desconexión entre oferta política y electorado.
La medición, presentada durante el foro “Radiografía de la primera vuelta de las elecciones 2026”, revela además que solo tres de cada diez peruanos declara tener el voto definido. En enero, ese grupo representaba apenas el 12%, lo que evidencia un avance, aunque todavía insuficiente para consolidar tendencias claras.
Indecisión, rechazo y emociones económicas del voto
El estudio también incorpora un componente emocional que resulta clave para entender el comportamiento electoral. Un 54% de los ciudadanos llega a la elección con malestar: 33% expresa rabia e indignación, mientras que 21% asume el voto como una obligación sin mayor expectativa. Frente a ello, un 42% todavía conserva esperanza en que su opción resulte ganadora.
Entre quienes optan por el “ninguno” o el voto blanco y viciado, predomina la percepción de corrupción generalizada y de intereses personales por encima del bien público. Ese diagnóstico explica por qué solo tres partidos —Fuerza Popular, Renovación Popular y Somos Perú— superan el 5% de intención de voto para el Senado Nacional, pese a la gran cantidad de organizaciones en competencia.
La encuesta no registra variaciones significativas respecto a la medición anterior. Con un margen de error de ±2,8 puntos, los movimientos observados no superan ese umbral, por lo que las diferencias requieren cautela. Sin embargo, al desagregar los datos por regiones aparece un elemento relevante: alta volatilidad territorial.
En el ámbito nacional, los principales candidatos se mantienen estables, pero a nivel regional las preferencias cambian con rapidez. Ese comportamiento confirma que el electorado todavía no consolida lealtades y que pequeñas variaciones pueden alterar el orden relativo, sobre todo en el grupo que disputa el tercer y cuarto lugar.
Carlos Álvarez conserva el tercer puesto con una ventaja ajustada, mientras que Alfonso López Chau detiene el crecimiento que mostraba en mediciones previas. En ese segmento intermedio, cualquier desplazamiento menor puede modificar el equilibrio, lo que añade incertidumbre al tramo final de la campaña.
¿Cuándo será el debate presidencial?
El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reveló que el esperado encuentro entre los candidatos se desarrollará entre el 23 y el 30 de marzo. Esta decisión responde a la necesidad de ajustar el calendario tradicional, privilegiando la transparencia y la pluralidad en un contexto de alta fragmentación y escepticismo ciudadano. “Normalmente el debate se realiza unos 10 días o 2 semanas antes del Día D, el 12 de abril“, señaló.
El JNE ya ha iniciado el despliegue logístico necesario para habilitar instalaciones, equipos y conectividad, así como la coordinación con medios de comunicación nacionales y regionales. Burneo confirmó la asistencia de observadores internacionales de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y el Centro Carter, quienes se sumarán a veedores de la región para monitorear el desarrollo y la imparcialidad del debate.
“El trabajo de los observadores es independiente. Ellos deciden a qué lugares del país se desplazarán y qué aspectos priorizarán durante su labor de supervisión”, puntualizó.
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