Contrasentido y puntillazo final

El riesgo para la actividad minera formal es real. El dictamen aprobado en la Comisión de Energía y Minas —que eleva costos, acorta plazos y endurece causales de caducidad de las concesiones— desconoce la naturaleza misma de la actividad minera y el contexto en el que hoy se desenvuelve en el Perú. Lejos de promover inversión, envía una señal en sentido contrario.

Se ignora la evidencia. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), un proyecto minero en el país puede tomar hasta 40 años en pasar de la exploración a la producción. De ese tiempo, alrededor del 40% corresponde a trámites y permisos. Dieciséis años en autorizaciones administrativas. Mientras tanto, en el mundo, el promedio es de 28 años. La llamada “permisología” —o “tramitomanía”, para algunos— no es un concepto abstracto; es una barrera real que nos resta competitividad.

En el índice de atractivo para la inversión minera del Fraser Institute, el Perú pasó de superar al 83% de economías en 2018 a apenas el 40% de las evaluadas el año pasado. Inseguridad, conflictos sociales e inestabilidad política completan el cuadro.

Este problema no es nuevo. Desde el gobierno de Ollanta Humala se consolidó una arquitectura regulatoria más compleja para las industrias extractivas —particularmente la minería—, acompañada de una narrativa que planteó una falsa disyuntiva: “agua sí, oro no”. El resultado ha sido una mayor conflictividad, proyectos paralizados y un entorno menos predecible para invertir. La minería y la agricultura no son actividades excluyentes; pueden convivir bajo estándares adecuados.

Pretender forzar producción por decreto —bajo amenaza de caducidad y con mayores costos—, so pretexto de impulsar la pequeña minería, no hará más que desalentar la inversión formal. Peor aún, podría abrirle espacio a la minería informal e ilegal, que no cumple estándares ambientales ni laborales y que opera al margen de la ley, como en zonas como Madre de Dios o Pataz.

A propósito del retraso y freno de grandes proyectos mineros, si nos permitimos entrar en el terreno de la especulación, las propuestas para modificar la Ley General de Minería, tal como están planteadas, calzan con el ánimo de quienes se rehúsan a la minería formal, al facilitar la liberación de concesiones para que terceros ocupen esos territorios sin cumplir requisitos técnicos, ambientales ni administrativos.

De aprobarse estos cambios, se debilitaría la minería formal que genera empleo de calidad, aporta a las comunidades con estándares de sostenibilidad y contribuye al Estado mediante impuestos, canon y regalías. En su lugar, se abriría espacio a actividades al margen de la ley, sin control ni beneficios sostenibles para el país.

Hoy el país cuenta con una cartera de proyectos de exploración y explotación minera superior a los US$ 64,045 millones. Ese potencial no es automático: depende de reglas claras, estabilidad jurídica y tiempos razonables. Golpear esos pilares tiene consecuencias.

Tras años de trabas, conflictos y pérdida de competitividad, este dictamen podría convertirse en el puntillazo final para la promoción de la inversión minera en el Perú. El país necesita exactamente lo contrario: destrabar, simplificar y dar señales de confianza. Insistir en medidas que encarecen, acortan plazos y aumentan la incertidumbre no es una apuesta de desarrollo. Es, simplemente, un contrasentido.