La inversión pública en Perú enfrenta una etapa de alta vulnerabilidad. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha declarado una “emergencia nacional” por la fragilidad estructural del sector, a pesar de que las proyecciones oficiales prevén un crecimiento del 3,4 % del Producto Bruto Interno (PBI) y una posición sólida en reservas internacionales. La ministra Denisse Miralles advierte que los resultados macroeconómicos no reflejan las debilidades que ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal ni la ejecución eficiente de infraestructura.
Ante este panorama, el MEF anuncia la adopción de medidas urgentes para priorizar proyectos vigentes y reforzar el seguimiento técnico de las inversiones. El objetivo es elevar la competitividad nacional, generar empleo y crear condiciones para que Perú alcance tasas de crecimiento superiores al 5 % en el mediano plazo. Para lograrlo, se analiza recurrir a esquemas mixtos de financiamiento, mayor participación de las Asociaciones Público-Privadas (APP) y la aplicación de un “shock de desburocratización” que permita agilizar la inversión.
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Brecha financiera
La magnitud del problema se evidencia en la existencia de 12.575 proyectos de inversión pública iniciados sin financiamiento completo. Esta brecha, que asciende a S/ 21.000 millones, debe cubrirse en los próximos años para evitar la paralización definitiva de obras. Según Miralles, este escenario proviene de gestiones anteriores que autorizaron proyectos sin garantizar el 100 % de los fondos, utilizando presupuestos simbólicos y postergando el grueso del gasto para ejercicios futuros.
La acumulación de compromisos financieros limita el margen para impulsar nuevas inversiones y atender otras prioridades. El MEF señala que 9.740 de estos proyectos corresponden a gobiernos locales, lo que revela una atomización presupuestaria vinculada a iniciativas pequeñas y medianas distribuidas en múltiples jurisdicciones.
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Este patrón afecta de manera directa la ejecución en sectores clave como transporte, salud, saneamiento y educación. La dispersión de recursos y la falta de finalización han provocado incrementos en los costos finales, resultado de paralizaciones y de la necesidad de realizar adicionales. Miralles explicó que esta dinámica disminuye la eficiencia del gasto y favorece la acumulación de infraestructuras inconclusas en todo el país.
Impacto de los proyectos G2G
El aumento de gastos también es significativo en proyectos bajo el esquema Gobierno a Gobierno (G2G). De acuerdo con el MEF, la cartera G2G, originalmente presupuestada en S/ 41.000 millones, alcanza un costo actual de S/ 104.818 millones, equivalente al 9 % del PBI nacional. En el caso de los Colegios Bicentenario, el costo por institución subió de S/ 37 millones a S/ 84 millones.
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Miralles advirtió que muchas infraestructuras G2G fueron entregadas sin asegurar los fondos necesarios para su operación y mantenimiento a largo plazo. La sostenibilidad depende tanto de la culminación física de la obra como de la capacidad estatal para garantizar su funcionamiento futuro.
Reformas y prioridades
El MEF sostiene que cada iniciativa de inversión debe incluir un análisis exhaustivo que contemple no solo el financiamiento de la ejecución, sino también los gastos futuros en uso y conservación. La ministra recalcó la importancia de que cualquier ley o norma que implique gasto público cuente con una evaluación previa de las fuentes de recursos, ya que la normativa, de por sí, no genera fondos.
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El Gobierno orientará sus políticas a reducir la burocracia y optimizar la eficacia procesal de la inversión pública, además de potenciar el uso de APP para proyectos de gran escala. Estas acciones, sumadas a una fiscalización estricta de los contratos G2G y una planificación presupuestaria sostenida, serán esenciales para revertir la acumulación de obras inconclusas, optimizar el gasto y permitir que el país supere los actuales límites de crecimiento.
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