Anemia en el Perú: cuando el Estado normaliza una desigualdad evitable

Hablar de anemia es hablar de un problema multifactorial, pero en Perú es también es hablar de desigualdad estructural y de un Estado que ha normalizado que millones de niños vivan con esta condición. Es, además, hablar de responsabilidades políticas, como estrategias mal diseñadas o mal ejecutadas, presupuestos que no se traducen en resultados y una fiscalización débil.

¿Qué está fallando?

Para empezar, la función fiscalizadora del Congreso, ya que muchos de nuestros “padres de la patria” han actuado durante años como cajas de resonancia del Ejecutivo en vez de exigir explicaciones frente al incremento de la anemia. Y es que hay que decirlo sin rodeos, el Congreso no está para aplaudir planes; está para evaluar si funcionan, identificar cuellos de botella y obligar a reestructurarlos cuando no avanzan.

Los datos muestran la magnitud del problema. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), la anemia afecta al 43,7% de niños menores de 3 años a nivel nacional; y en varias regiones la cifra supera el 50%. Regiones como Puno y Loreto concentran prevalencias especialmente altas, lo que refleja una combinación persistente de pobreza, limitado acceso a servicios y una institucionalidad debilitada.

Pero el problema no se limita a la infancia, ya que la anemia en gestantes se ubica en 28,6%, incrementando el riesgo de parto prematuro, bajo peso al nacer y complicaciones maternas. En mujeres en edad reproductiva alcanza 24,6%, afectando la productividad y perpetuando ciclos intergeneracionales de malnutrición. No estamos frente a un tema marginal, es una crisis de salud pública con consecuencias económicas, sociales y políticas.

Una de las causas centrales de este fracaso sostenido es el debilitamiento del primer nivel de atención. Centros y puestos de salud operan con déficit de personal, en particular de nutricionistas, lo que impide asegurar seguimiento, consejería continua y trabajo comunitario permanente. La pregunta es inevitable: ¿quién fiscaliza que los establecimientos cuenten con equipos completos, metas realistas y condiciones mínimas para sostener una estrategia?

A esto se suma la precariedad de recursos, hemoglobinómetros inexistentes o malogrados, presupuestos reducidos para sesiones demostrativas y educación alimentaria, y una provisión deficiente de suplementos nutricionales. Incluso cuando existen suplementos con evidencia de mayor adherencia, no siempre llegan a tiempo ni de forma sostenida, rompiendo la continuidad del tratamiento.

Otro error grave ha sido enfrentar la anemia de espaldas a las organizaciones sociales de base. Ollas comunes, comedores populares y programas como Vaso de Leche sostienen diariamente la alimentación de miles de familias, especialmente en contextos de crisis. No solo entregan alimentos, construyen tejido social, detectan riesgos, conocen las dinámicas reales del hogar y sostienen la vida cuando el Estado no llega. Sin embargo, se les sigue tratando como actores secundarios, cuando deberían ser parte estructural de la estrategia nacional. Integrarlas no significa descargarles responsabilidades sin recursos. Significa reconocerlas, capacitar, financiar y articular su trabajo con el sistema de salud y los gobiernos locales, con reglas claras, soporte técnico y mecanismos de seguimiento.

Durante años se repite que el enfoque para combatir la anemia debe ser multisectorial. En el papel, existe. En la práctica, suele ser fragmentado y descoordinado, ya que el peso recae casi por completo en salud, mientras educación, saneamiento, vivienda, desarrollo e incluso los gobiernos locales participan de forma débil. Así, el “multisectorial” se convierte en un eslogan sin gobernanza real.

Lo que se requiere es un espacio efectivo de articulación con capacidad de decisión, metas verificables, presupuesto trazable y participación de sociedad civil, junto con mecanismos de vigilancia ciudadana. Porque la anemia no se reduce desde Lima ni desde escritorios: se reduce en el territorio, con equipos completos, logística asegurada, metas por distrito y rendición de cuentas.

Finalmente, hay que tenerlo claro, la anemia no se combate con anuncios ni con campañas aisladas. Se combate con fiscalización firme, inversión sostenida, fortalecimiento del primer nivel de atención, articulación territorial y decisiones políticas valientes. Cada punto porcentual que no baja es una señal de alerta que alguien tiene que asumir.

Reducir la anemia no es solo una meta sanitaria, es una obligación del Estado. El Perú tiene evidencia, conocimientos y experiencias comunitarias para hacerlo. Lo que sigue faltando es lo más decisivo, voluntad política para dejar de administrar el problema y empezar, de una vez por todas, a resolverlo.