Ciro Castillo Rojo reapareció públicamente luego de que el Poder Judicial anulara la prisión preventiva dictada en su contra y levantara la orden de ubicación y captura que lo mantuvo varios meses en la clandestinidad, mientras avanzaba una investigación fiscal por presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y corrupción.
El gobernador electo del Callao brindó una extensa entrevista al periodista Christian Hudtwalcker, en la que confirmó que actualmente enfrenta el proceso bajo medidas restrictivas y reconoció que no puede pronunciarse sobre el fondo del caso.
El proceso judicial contra Castillo se desarrolla en el marco de la investigación fiscal denominada “Los Socios del Callao”, que indaga la presunta existencia de una organización criminal que habría operado dentro del Gobierno Regional del Callao durante el año 2023.

De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, esta red habría direccionado de manera ilícita más de 60 procesos de contratación pública, generando un perjuicio económico superior a un millón de soles en agravio del Estado peruano. Por estos hechos, la Fiscalía solicitó inicialmente prisión preventiva, medida que luego fue anulada por el Poder Judicial.
Tras esa decisión judicial, Castillo explicó que se le impusieron diversas restricciones. “Dentro de las medidas restrictivas está primero la de no poder salir del país, no poder abandonar la provincia constitucional del Callao, el no hablar sobre temas específicos de la carpeta en la que estoy… se está investigando, venir a registrarse a las cuestiones biométricas una vez al mes, entre otras”, declaró este 2 de febrero para el programa de Willax.
Desde el inicio de la entrevista, el gobernador electo marcó distancia respecto al contenido de la investigación. “Te agradezco por la entrevista, pero no voy a poder conversar en estricto sobre los temas relacionados al proceso judicial que está en curso y que se está investigando”, señaló, al precisar que se trata de una prohibición expresa impuesta por el Poder Judicial.

Afirma su inocencia
Consultado por su decisión de no ponerse a derecho cuando pesaba en su contra una orden de detención preliminar, Castillo evitó responder de manera directa. Afirmó que explicar sus motivos implicaría referirse a los criterios utilizados por la Fiscalía para solicitar la prisión preliminar y preventiva, lo cual —según dijo— le está prohibido. “Si es que toco el tema, prácticamente ya estaría tocando las motivaciones que tuvo la Fiscalía para determinar la prisión preliminar o preventiva. Estoy prohibido de tocarlas”, sostuvo.
Ante la insistencia del periodista, quien le recordó que la resolución judicial no establece expresamente esa prohibición, Castillo insistió: “Este es un tema del Poder Judicial”.
Más adelante, confirmó que él y otros implicados forman parte de una carpeta fiscal reservada, lo que limita cualquier defensa pública. “Nosotros hemos sido sujetos de una carpeta reservada, entre comillas, y no la voy a tocar en su esencia, porque no puedo tocarla”, declaró.

En ese contexto, explicó que tomó conocimiento formal de su situación legal cuando se encontraba realizándose controles médicos. “Yo soy médico, no tengo la formación jurídica como para hablar en términos jurídicos. El imputado o la persona señalada, que en ese caso he sido yo, me entero al final. Por otro lado, yo estaba en revisión de mis padecimientos médicos. Soy un hombre de más de setenta años y estaba en pleno control en una clínica privada”, relató.
Hudtwalcker cuestionó entonces el hecho de que Castillo permaneciera en la clandestinidad, señalando que respetar la institucionalidad no implica evadir una orden judicial. Frente a ello, el gobernador electo respondió apelando a razones personales. “Por sobre todas las cosas están los valores fundamentales de la persona. Uno de ellos, la libertad, y el otro, el respeto y el resguardo de la propia vida”, afirmó.
Respecto a su situación legal, Castillo reiteró que mientras el proceso no concluya, se mantiene vigente la presunción de inocencia. “Mientras no haya una sentencia firme, mientras no se hayan hecho las investigaciones del caso, existe la presunción de inocencia”, señaló.

No obstante, ante una pregunta directa, fue más enfático. “Grito a los cuatro vientos que soy inocente, pero que eso lo tiene que demostrar la justicia. Yo mismo en fuero interno me considero inocente y me considero en la obligación de demostrarlo, de no defraudar al pueblo chalaco”, declaró.
Consultado sobre otros implicados en el caso, como Hugo Cárdenas y Zúñiga Jáuri, Castillo marcó distancia. “No solamente por ellos, sino por nadie, por nadie pongo las manos al fuego”, afirmó, dejando en claro que no asume una defensa colectiva frente a la investigación fiscal.
Finalmente, al referirse a la corrupción en el Gobierno Regional del Callao, evitó adelantar conclusiones. Reconoció que se trata de un problema estructural que atraviesa distintas instituciones del país, pero insistió en que será el Ministerio Público y el Poder Judicial quienes determinen responsabilidades. “El encargado de establecer eso es la autoridad, y estoy seguro que lo van a hacer más temprano que tarde”, concluyó.

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