En ese contexto, Fujimori Higuchi cuestionó el trabajo del Ministerio Público por las investigaciones iniciadas en su contra y contra otros líderes políticos.
No obstante, tras el extenso proceso judicial que afrontó, la lideresa fujimorista hizo una reflexión y reconoció que sí cometió un error al recibir dinero en efectivo para sus campañas, aunque reiteró que ello no configura ningún ilícito penal.
“Después de toda la persecución absolutamente injusta por la que hemos atravesado, 40 personas vinculadas a Fuerza Popular, pues ahora entiendo el temor de los empresarios. Puede... Sí, ha habido un error administrativo, pero jamás ha habido un tema penal”, respondió en entrevista con Milagros Leiva.
Asimismo, reconoció que desde hace tiempo no mantiene contacto con el empresario Dionisio Romero, uno de sus financistas, y señaló que actualmente el partido busca el respaldo de la ciudadanía “puerta por puerta”.
La responsabilidad del Ministerio Público
La candidata de Fuerza Popular también cuestionó las investigaciones del Ministerio Público iniciadas contra distintos líderes políticos por el financiamiento de campañas electorales. Según indicó, a nivel internacional este tipo de aportes no es considerado un delito y diversos analistas han criticado la apertura de estos procesos.
En esa línea, mencionó al expresidente Alan García, quien se suicidó antes de ser detenido, y a Luis Castañeda Lossio, quien falleció a causa de un cáncer mientras afrontaba un proceso judicial.
Para la lideresa fujimorista, estos procesos contra distintas figuras políticas terminaron debilitando la democracia.
“Pero no es el caso de otros líderes políticos. Y eso tenemos que lamentarlo y eso no puede volver a ocurrir en nuestro país. Que se utilicen decenas de funcionarios del Ministerio Público para perseguir políticamente en vez de perseguir el delito y a los delincuentes, eso es inaceptable y eso hay que lamentarlo”, remarcó.
¿Qué pasó con el caso Cócteles?
El denominado caso Cócteles comprendió una investigación dirigida contra la lideresa de Fuerza Popular y la propia organización política, proceso que fue recientemente archivado tras una decisión del Tribunal Constitucional. En su fallo, el TC concluyó que la recepción de aportes para campañas electorales no configura, por sí misma, un delito, dejando sin sustento la imputación por lavado de activos formulada por el fiscal José Domingo Pérez.
Sin embargo, el Ministerio Público no dio por cerrado el caso y presentó un recurso contra lo resuelto por el Tribunal. Será ahora la Corte Suprema la instancia encargada de determinar si se mantiene el archivo dispuesto o si corresponde que la investigación continúe.
En este escenario, el fiscal Pérez Gómez, quien condujo inicialmente el proceso, se encuentra suspendido de manera temporal, motivo por el cual fue otro representante del Ministerio Público el que asumió la presentación de la reconsideración.
Así, aunque el expediente se encuentra actualmente archivado, el futuro del caso Cócteles sigue sujeto a una decisión judicial definitiva que establecerá si el proceso queda cerrado o si vuelve a activarse.
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