El abogado José Palacios, director de La Voz del Policía, habló desde la experiencia directa y el acceso a información interna. Su intervención en Exitosa marcó un punto de quiebre frente a los reportes difundidos hasta ese momento, que situaban el número de policías condenados muy por debajo de lo expuesto en la entrevista.
Durante la entrevista, Palacios cuestionó las cifras que circulaban en el debate público. Ante una mención inicial de 170 policías sentenciados, advirtió que ese dato no reflejaba la magnitud real del problema. “Yo tengo una data superior a ciento setenta. Nos estamos quedando cortos”, sostuvo.
A continuación, precisó el alcance de la información que maneja. “Yo tengo 280, entre oficiales y suboficiales, sentenciados”, afirmó en referencia a la Policía Nacional del Perú. Según explicó, la diferencia responde a registros que no siempre se encuentran actualizados ni consolidados en fuentes públicas.
Además, alertó sobre la dimensión de los procesos aún en curso. “Ni te puedo decir las cifras, porque va a ser espeluznante el número de los que están siendo procesados y están a punto de ser sentenciados por actos de corrupción”, señaló, antes de precisar que alrededor de 1.200 efectivos policiales se encuentran actualmente bajo investigación penal.
Dos décadas de prácticas reiteradas
En su diagnóstico, el abogado vinculó el crecimiento de estos casos con una falta de respuesta sostenida desde el poder político. “Cada año que ha ido sucediendo en estas dos últimas décadas, lamentablemente, los actos de corrupción han ido creciendo”, expresó durante la entrevista.
El análisis incluyó hechos ocurridos en distintos niveles de mando. “Desde el más alto nivel, como hemos podido ver, comandante general saliendo enmarrocado, rompiéndole los despachos”, indicó. También mencionó episodios durante la pandemia. “Generales que en el tiempo de pandemia han lucrado con la vida de los policías”, añadió.
Según Palacios, la problemática no se limita a casos aislados, sino que también alcanza al servicio policial cotidiano. “Vemos que policías están metidos con organizaciones criminales, con bandas organizadas, con extorsionadores, con sicarios”, afirmó, al describir un escenario que, en su opinión, recibió escasa atención estatal.
Casos recientes que refuerzan la preocupación
Los registros judiciales y policiales del último año incluyen varios episodios de alto impacto. Uno de los más conocidos corresponde a la detención de dos policías presuntamente implicados en el secuestro del empresario colombiano Juan Padilla, ocurrido el 2 de agosto del 2025. La División Antisecuestros de la Dirincri ejecutó el operativo que permitió la liberación de la víctima.
Otro expediente involucra a ocho policías y a un coronel en retiro, arrestados por su presunta participación en una red dedicada al cobro de coimas a cambio de liberar detenidos. El caso reveló un mecanismo organizado dentro de dependencias policiales.
Desde la Inspectoría se informó que, en ocho meses del 2025, 532 policías recibieron el retiro definitivo por faltas graves, tras procesos administrativos regulares. Esta cifra se suma a las investigaciones penales en curso.
Investigaciones por narcotráfico y crimen organizado
En junio de 2025, reportes oficiales dieron cuenta de al menos 150 policías investigados por vínculos con el narcotráfico. Muchos continúan en actividad, sobre todo dentro del Grupo Escorpión, unidad antidrogas señalada por posibles filtraciones hacia organizaciones como Comando Vermelho.
Entre 2020 y 2025, más de 120 efectivos afrontaron investigaciones por tráfico ilícito de drogas. Algunos expedientes describen operativos simulados con el fin de apropiarse de cargamentos de cocaína.
Otro proceso relevante involucra a nueve policías y un civil, acusados de colocar marihuana a un detenido y alterar actas oficiales. Las penas solicitadas alcanzan hasta 35 años de prisión. También figura la detención de siete policías de la División Contra el Crimen Organizado tras la intervención de un camión con supuestos lingotes de oro, uno de los cuales resultó ser cobre.
En el norte del país, informes de inteligencia señalan a unos siete policías en funciones por presuntos vínculos con la red criminal de “El Monstruo”, con apoyo logístico e información. Uno de los investigados escapó hacia España.
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