Desde las 9:00, el presidente de la República, José Jerí, responde preguntas del Ministerio Público en una diligencia reservada realizada en Palacio de Gobierno. El proceso es dirigido por el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, en el marco de una investigación preliminar por los presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias en agravio del Estado.
El interrogatorio obedece a la facultad que le concede una sentencia del Tribunal Constitucional, dictada tras el caso de la exmandataria Dina Boluarte, que permite al jefe de Estado elegir el lugar del interrogatorio y limitar su participación a un máximo de dos sesiones. El mandatario se encuentra acompañado de su abogado, tal como permite la normativa.
Reuniones con empresarios chinos bajo la lupa
El foco de la investigación, conocido como caso ‘Chifagate’, apunta a reuniones no registradas entre Jerí y empresarios de origen chino, en especial Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong. El episodio central es la cita reservada del 26 de diciembre de 2025 que el presidente mantuvo con Yang en un restaurante de San Borja. Jerí argumentó que el encuentro se realizó para celebrar el “Día de la Amistad Perú-China” y que la ausencia de registro oficial responde a su “dinámica de trabajo”. Sin embargo, llama la atención que, tres días antes de la reunión, Yang había solicitado al Ministerio de Energía y Minas postergar el inicio de obras de la estación Pachachaca 2, gestionada por su empresa Hidroeléctrica América, hasta junio de 2029.
El Ministerio Público también investiga las visitas de Ji Wu Xiaodong a Palacio de Gobierno. Xiaodong, quien enfrenta arresto domiciliario por tráfico ilegal de madera y presunta pertenencia a la organización criminal Los Hostiles de la Amazonía, habría ingresado a la sede del Ejecutivo hasta en tres oportunidades entre diciembre y enero, acompañado siempre por Yang. Las autoridades buscan determinar si existió alguna gestión irregular o favorecimiento en esas visitas.
Acusaciones y contradicciones en las versiones
Ji Wu Xiaodong es investigado por presunta participación en una red de corrupción dedicada a la obtención de concesiones madereras en Madre de Dios mediante cohecho, colusión agravada y organización criminal. La Fiscalía solicita 23 años de prisión para el empresario, a quien se le atribuye haber concertado con funcionarios públicos a cambio de beneficios económicos.
Durante una audiencia judicial en 2022, Xiaodong demostró dominio del español y acreditó ser traductor juramentado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que desmiente la versión del presidente Jerí, quien aseguró que el empresario “no habla bien el español”. Este detalle ha generado dudas sobre la transparencia del relato oficial.
Otra situación investigada es el ingreso de Jerí el 6 de enero de 2026 a la empresa Market Capón SAC, clausurada horas antes por la Municipalidad de Lima. Aunque el presidente sostuvo que acudió a “comprar caramelos”, las autoridades pretenden definir si existió alguna injerencia para beneficiar al negocio. La sucesión de hechos genera preocupación sobre posibles vínculos indebidos.
Diligencia y próximos pasos de la investigación
El fiscal Gálvez acudió a Palacio junto al fiscal adjunto supremo Ronal Ramón Flores Ñañez y el fiscal provincial Pedro Ramos Miranda. El proceso se mantendrá dentro de los límites establecidos por el Tribunal Constitucional: una vez cumplidas las dos sesiones permitidas, la investigación solo podrá reanudarse tras el fin del mandato de Jerí en julio de 2026.
El Ministerio Público ha citado a Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong como testigos y ha solicitado información a otras entidades estatales. Además, no se descarta la convocatoria al ministro Vicente Tiburcio en el marco de esta causa.
“Invoco al presidente que participe en la diligencia, que es su verdad la que tiene que dar. Vamos a actuar con todo el respeto a la institución de la presidencia y de lo investigado”, expresó Tomás Gálvez.
A pesar de la gravedad de las acusaciones y la presentación de siete mociones de censura y vacancia, ninguna ha conseguido el respaldo necesario para convocar un pleno extraordinario en el Congreso.
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