Tomás Gálvez es elegido fiscal de la Nación por la Junta de Fiscales Supremos

La Junta de Fiscales Supremos eligió a Tomás Aladino Gálvez como nuevo fiscal de la Nación para el periodo 2026-2029, con posibilidad de extender su mandato por dos años adicionales. La decisión se adoptó con tres votos a favor y dos en contra, el mínimo requerido para alcanzar la mayoría simple que establece la ley.

La elección se realizó tras la confirmación de la destitución de Delia Espinoza por parte de la Junta Nacional de Justicia, lo que dejó vacante el cargo de manera definitiva. Hasta ese momento, Gálvez se desempeñaba como titular interino del Ministerio Público desde septiembre de 2025.

El proceso responde a lo establecido en la normativa vigente: los cinco fiscales supremos en funciones se reúnen en sesión y votan entre ellos para designar al titular de la institución. No se requiere unanimidad, sino mayoría simple. En la práctica, esto implica que con tres votos se define al nuevo fiscal de la Nación.

La convocatoria a esta sesión se realizó luego de que quedara firme la situación de Espinoza, quien además había sido inhabilitada por el Congreso. Con ese escenario, correspondía a Gálvez, en su calidad de interino, convocar a la Junta para proceder con la elección.

Perfil de Tomás Gálvez y su paso por el Ministerio Público

Tomás Aladino Gálvez es fiscal supremo y asumió la conducción del Ministerio Público de forma interina en un contexto de crisis institucional. Su elección lo consolida ahora como titular en un periodo marcado por tensiones políticas y cuestionamientos al sistema de justicia.

Durante su gestión provisional, adoptó decisiones cuestionables dentro de la institución. Entre las más relevantes figura la desactivación de cuatro equipos especiales, incluido el equipo Lava Jato, lo que reconfiguró la estructura de investigación de casos complejos dentro del Ministerio Público.

Además, impulsó la elaboración de un proyecto para una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, con el objetivo de reorganizar la institución. Estas medidas se dieron en medio de un escenario de cambios constantes, cuestionamientos y disputas internas.

Gálvez también ha estado vinculado a investigaciones por su presunta implicancia en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Sin embargo, las denuncias constitucionales en su contra fueron archivadas por el Congreso, lo que le permitió mantenerse en funciones.

Crisis institucional y contexto político en la Fiscalía

La elección del nuevo fiscal de la Nación se produce en un momento de inestabilidad dentro del Ministerio Público. En los últimos años, la institución ha atravesado cambios continuos en su liderazgo, destituciones y enfrentamientos entre sus principales autoridades.

El caso de Delia Espinoza refleja este escenario. Fue apartada del cargo en septiembre de 2025 y posteriormente inhabilitada por el Congreso, aunque se mantuvo en funciones hasta que su situación legal quedó definida. Este proceso generó un vacío de poder que fue cubierto de manera interina por Gálvez.

A ello se suma un contexto de cuestionamientos a fiscales supremos por presuntos vínculos con redes de corrupción o decisiones controvertidas. Estas situaciones han impactado en la percepción pública sobre la independencia y el funcionamiento del Ministerio Público.

Composición de la Junta de Fiscales Supremos

La Junta de Fiscales Supremos está integrada por cinco fiscales supremos, quienes tienen la responsabilidad de elegir al fiscal de la Nación. Entre sus miembros figuran Zoraida Ávalos y Patricia Benavides, ambas con experiencia en la conducción del Ministerio Público. Incluso, se consideraba que Benavides podía ser elegida nuevamente, al interpretarse su eventual retorno como una forma de reparación tras su destitución mientras ejercía el cargo.

También forman parte Juan Carlos Villena, quien ejerció el cargo de manera interina; Luis Arce Córdova, recientemente reincorporado tras decisiones judiciales; y el propio Tomás Aladino Gálvez.

Algunos de estos integrantes han enfrentado denuncias constitucionales o investigaciones. En varios casos, dichas acusaciones fueron archivadas por el Congreso o no prosperaron en el ámbito judicial. Esto ha alimentado el debate sobre la idoneidad de quienes integran la Junta.