La reciente extradición de Erick Moreno Hernández, conocido como ‘El Monstruo’, desde Paraguay hasta su arribo a Lima, generó una ola de cobertura mediática y ha puesto en debate las estrategias de comunicación del Estado peruano.
Germán Small Arana, exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y exviceministro de Justicia, expresó su desacuerdo con la amplia exposición que rodeó el traslado del cabecilla de ‘Los Injertos del Cono Norte’.
En declaraciones para Exitosa, Small Arana señaló que la operación se manejó con un nivel de publicidad inusual, equiparable a la cobertura de acontecimientos de alto impacto.
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Según el exfuncionario, la extradición se acompañó de un importante despliegue de personal policial y penitenciario, así como de presencia mediática constante.
Small Arana planteó que bastaba con un traslado seguro y discreto, sin la necesidad de convertir el procedimiento en un espectáculo.
“Se le ha dado tanta publicidad como si fuera un gran personaje, cuando debería tratarse como una persona que ha hecho daño y, por lo tanto, ubicarlo en un vehículo de seguridad y llevarlo a un establecimiento penal sin mayor preámbulo”, afirmó.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, justificó el operativo argumentando que el despliegue respondió a razones de seguridad. Sin embargo, Small Arana insistió en que el proceso se sobredimensionó desde el punto de vista comunicacional y operativo.
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Seguridad y proceso judicial
La extradición de Moreno Hernández implica un proceso judicial condicionado por el principio de especialidad. Según el penalista César Nakazaki, la justicia peruana solo podrá procesar al extraditado por los delitos aprobados por las autoridades paraguayas. Si surgen nuevas denuncias o víctimas fuera del expediente original, será necesario solicitar una ampliación formal ante Paraguay.
El traslado de ‘El Monstruo’ estuvo a cargo de Interpol hasta su entrega a la PNP. Posteriormente, los jueces realizaron el control de identidad y el INPE definió el penal de reclusión.
La defensa de Moreno Hernández solicitó que su declaración instructiva se recoja antes de su ingreso a un penal, alegando riesgos para su vida por información sobre policías infiltrados en la organización criminal. Nakazaki explicó que, si se justifica la urgencia ante un fiscal y un juez, podría darse esa declaración.
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El INPE, actualmente bajo una administración interina, determinó que Moreno Hernández sea internado en la Base Naval del Callao, una prisión de máxima seguridad gestionada por la Marina de Guerra del Perú. Este penal ha alojado previamente a internos de alta peligrosidad y líderes de organizaciones criminales.
El contexto penitenciario en el Perú evidencia una serie de desafíos. En los últimos meses, el INPE ha quedado en la mira por fugas de internos, desorden administrativo y deficiencias en la gestión.
La renuncia reciente de su jefe y la designación de una autoridad transitoria reflejan la inestabilidad institucional, mientras el Estado busca recuperar el control y neutralizar la actividad delictiva desde el interior de las cárceles.
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Durante la conferencia de prensa sobre la extradición, el jefe policial Óscar Arriola reveló que, desde 2025, la PNP capturó a 79 personas vinculadas a la red criminal liderada por Moreno Hernández, incluidos siete expolicías.
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