Ciudadano chino es detenido en Iquitos con S/ 100.000 por presunto vínculo con ‘Los Depredadores del Oriente’

Un ciudadano chino fue intervenido en Iquitos tras hallarse S/ 100.000 en moneda nacional y extranjera durante un operativo dirigido por la Fiscalía Corporativa Especializada en Materia Ambiental de Ucayali. El extranjero, vinculado a la organización criminal ‘Los Depredadores del Oriente’, quedó detenido por presunto lavado de activos. La intervención forma parte de una ofensiva contra el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre, delito que afecta severamente la biodiversidad en el país.

Desde 2024, la organización ha estado bajo investigación por captar especies de fauna silvestre en Ucayali, trasladarlas a Iquitos y Lima, y enviarlas al extranjero sin autorización.

En las intervenciones a los inmuebles, participaron cinco fiscales especializados y agentes de la Dirección de Medio Ambiente (Dirmeamb), quienes aseguraron pruebas fundamentales para la investigación.

El Ministerio Público reafirmó su compromiso de sancionar los delitos ambientales y promover la defensa del medio ambiente, subrayando la importancia de las acciones coordinadas entre fiscales y personal policial para combatir estas redes ilícitas.

Incautan dinero y armas en inmuebles allanados

El operativo, encabezado por el fiscal provincial Eduardo Nina Cruz, incluyó el allanamiento de seis inmuebles en Lima, Loreto e Ica, considerados puntos estratégicos en la red investigada. Tres de estos inmuebles pertenecen al ciudadano chino intervenido en Iquitos, mientras que otros dos, ubicados en Lima e Ica, así como una oficina en la capital, están vinculados a Allan Flores, exfuncionario del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

Durante la diligencia, las autoridades incautaron celulares, laptops, dispositivos USB y documentación relevante para la investigación. En uno de los inmuebles del ciudadano chino, se encontró el dinero que originó su detención por presunto lavado de activos. Además, en otro local fue hallada un arma de fuego, motivo por el cual el responsable del predio fue arrestado por tenencia ilegal de armas y municiones.

Los fiscales especializados del subsistema FEMA y los agentes policiales de Dirmeamb participaron en la operación, asegurando la cadena de custodia de los bienes incautados. Estas acciones buscan identificar a todos los miembros de la organización y su estructura operativa, así como rastrear el destino de los fondos y bienes obtenidos ilegalmente.

Modus operandi de ‘Los Depredadores del Oriente’

La investigación preliminar sostiene que ‘Los Depredadores del Oriente’ habrían desarrollado un esquema para captar especies de fauna silvestre en Ucayali con el propósito de trasladarlas a Iquitos, luego a Lima y finalmente al extranjero, todo ello sin los permisos exigidos por la legislación peruana.

La captación de fauna silvestre, entendida como la captura, caza o extracción de animales desde su hábitat sin autorización estatal, constituye un delito ambiental según el artículo 308-A del Código Penal y la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N.° 29763).

De acuerdo con las autoridades, la organización utilizaba redes logísticas para el transporte y almacenamiento de animales y partes de especies protegidas, ocultando su origen ilícito mediante documentos falsos y contactos en diferentes regiones del país. El rol de exfuncionarios públicos, como Allan Flores, habría facilitado el otorgamiento irregular de derechos y permisos.

Captación ilegal de fauna puede recibir hasta ocho años de cárcel

El delito de captación ilegal de fauna silvestre puede acarrear penas de tres a cinco años de prisión y multas significativas, que aumentan si las especies están amenazadas, si se actúa en áreas naturales protegidas o si existe participación de una organización criminal, llegando hasta ocho años de cárcel. Además de la sanción penal, los implicados enfrentan multas administrativas, decomiso de animales y la inhabilitación para actividades vinculadas al manejo de fauna silvestre.

La gravedad de estas conductas radica en su impacto sobre el equilibrio de los ecosistemas y la supervivencia de especies protegidas. Por ello, el Estado peruano considera la captación y el tráfico ilegal de fauna silvestre como delitos graves contra el patrimonio natural del país, y mantiene operativos permanentes para desarticular estas redes y sancionar a sus responsables.