Tres jóvenes fueron sentenciados por suplantar a postulantes durante el examen de admisión de la UNSA en Arequipa

La sentencia dictada en Arequipa durante los días posteriores al último examen de admisión de la Universidad Nacional de San Agustín colocó nuevamente bajo observación los mecanismos de control aplicados en los procesos de ingreso a las universidades públicas. El caso se originó dentro de las aulas habilitadas para la evaluación, donde la vigilancia de los docentes permitió detectar una irregularidad vinculada con la identidad de los postulantes.

El hecho no solo involucró a quienes rindieron la prueba de forma indebida, sino que activó la intervención inmediata del sistema de justicia mediante el proceso de flagrancia. La actuación judicial se centró en establecer responsabilidades penales y aplicar sanciones bajo un procedimiento abreviado, con el objetivo de responder con rapidez ante un delito cometido en pleno desarrollo del examen.

La decisión judicial también se produjo en un contexto más amplio, marcado por la detección de otros intentos de fraude durante el proceso CEPREUNSA II Fase 2026. Las autoridades policiales y universitarias realizaron varias intervenciones simultáneas, lo que evidenció la existencia de prácticas organizadas orientadas a vulnerar los controles de seguridad.

Fallo judicial por suplantación de identidad en la UNSA

El Primer Juzgado de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa reservó el fallo condenatorio e impuso una pena de un año y ocho meses contra dos jóvenes, además de un año de pena suspendida para un tercer denunciado, tras encontrarlos responsables del delito de falsedad genérica por suplantar la identidad de postulantes durante el examen de admisión de la UNSA.

El juez Walter Marroquín Aranzamendi aprobó el acuerdo de “terminación anticipada” presentado por el Ministerio Público y la defensa técnica. Esta decisión permitió cerrar el proceso en una etapa temprana, con la imposición de reglas de conducta que los sentenciados deberán cumplir de forma estricta para evitar que la sanción se convierta en pena efectiva.

Los jóvenes identificados como John Barton, Wilmer Mamani y Wilmer Sarmiento afrontaron el proceso luego de ser intervenidos dentro del recinto universitario. La resolución judicial precisó que las penas se dictaron en función del grado de participación de cada uno en los hechos investigados.

Detección del fraude durante la evaluación

La suplantación de identidad se descubrió gracias a la labor de un docente encargado de la evaluación en la Escuela Profesional de Psicología. El profesor advirtió que la fotografía del Documento Nacional de Identidad no coincidía con el rostro del postulante que rendía la prueba, situación que motivó la intervención inmediata del personal de control.

Este hallazgo permitió confirmar que uno de los evaluados no correspondía a la persona inscrita oficialmente para rendir el examen. Tras la verificación de los datos, las autoridades comunicaron el hecho a las instancias judiciales, lo que dio inicio al proceso por flagrancia.

Según la investigación fiscal, los sentenciados fueron contactados desde la ciudad de Lima, donde cursan estudios superiores, para rendir el examen de ingreso a las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería de Sistemas en la UNSA, en representación de terceros.

Otros casos detectados en el proceso CEPREUNSA

El caso judicial se produjo en paralelo a una serie de intervenciones realizadas durante el examen de conocimientos del proceso CEPREUNSA II Fase 2026. En total, nueve personas quedaron detenidas por presuntas irregularidades vinculadas con el uso de identidades falsas y equipos electrónicos durante la evaluación.

Las intervenciones se concentraron en las áreas de Ciencias Sociales e Ingenierías, donde los encargados del control detectaron actitudes sospechosas entre algunos postulantes. La verificación permitió descubrir el uso de equipos móviles, presuntamente empleados para recibir respuestas durante el desarrollo del examen.

El Área de Estafas de la División de Investigación Criminal asumió las diligencias correspondientes con el fin de determinar la existencia de más implicados y establecer si las acciones detectadas formaron parte de una red con mayor alcance. Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan en coordinación con el Ministerio Público y la universidad.