Minería ilegal en el Congreso: proponen quitar la curul a parlamentarios sentenciados

El avance de la minería ilegal en el Perú ha dejado de ser un problema exclusivamente ambiental para convertirse en una amenaza estructural al Estado de derecho. La expansión de dragas en ríos amazónicos, la deforestación masiva, la contaminación con mercurio y el impacto directo sobre comunidades indígenas y rurales configuran una emergencia social de gran escala. Según el Observatorio de Minería Ilegal, esta actividad ilícita mantiene un crecimiento sostenido en la Amazonía y en zonas andino-amazónicas, donde el control estatal es débil o inexistente.

En este escenario, la congresista Diana Gonzáles, representante de Avanza País y candidata a la reelección, presentó un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones políticas contra quienes resulten sentenciados por este delito. La iniciativa propone modificar el artículo 19 del Reglamento del Congreso de la República para que los parlamentarios condenados por minería ilegal pierdan de manera definitiva su escaño, sin posibilidad de reemplazo por un accesitario del mismo partido, aplicando la figura conocida como la “silla vacía”.

La “silla vacía” como sanción política

El proyecto, registrado como Proyecto de Ley N° 13835/2025-CR, plantea que si un senador o diputado es condenado mediante sentencia firme por delitos graves —como tráfico ilícito de drogas, terrorismo, trata de personas, lavado de activos y, con esta modificación, minería ilegal—, la curul quede vacante durante el resto del periodo parlamentario. La propuesta apunta no solo al individuo sentenciado, sino también al partido político que lo postuló, bajo el argumento de que debe asumir responsabilidad por no aplicar filtros éticos y legales adecuados en la selección de sus candidaturas.

Actualmente, el reglamento del Congreso ya contempla la pérdida del escaño para determinados delitos, pero permite que el accesitario asuma la representación. La iniciativa de Gonzáles busca cerrar esa posibilidad en el caso de la minería ilegal, equiparando su gravedad al impacto social, ambiental y económico que genera en el país.

Economía ilegal, redes criminales y vacíos del Estado

Los argumentos que sustentan el proyecto se apoyan en cifras oficiales y estudios especializados. El Natural Resource Governance Institute (NRGI) ha advertido que la expansión de la minería ilegal ha contado, en los últimos años, con respaldos legislativos indirectos, a través de normas que flexibilizan controles o amplían plazos de formalización, generando incentivos favorables para redes criminales.

A ello se suma la dimensión económica del delito. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reportó que entre octubre de 2024 y 2025 las operaciones vinculadas a la minería ilegal movilizaron USD 3.355 millones. En una mirada de largo plazo, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) estima que, en dos décadas, la producción acumulada de oro ilegal oscila entre 476 y 3.260 toneladas, con un valor que podría ubicarse entre USD 23 mil y USD 165 mil millones.

Deforestación, contaminación y comunidades afectadas

El Instituto Peruano de Economía (IPE) advierte que entre enero de 2021 y marzo de 2024 la minería ilegal provocó la deforestación de 30.846 hectáreas en la Amazonía sur, afectando ecosistemas clave y generando riesgos para la salud pública. Conservación Amazónica–ACCA reporta que esta actividad se ha extendido ya a nueve regiones, perjudicando a 73 comunidades nativas y a más de 250 ríos y quebradas, con una deforestación acumulada de 139.169 hectáreas.

Asimismo, Madre de Dios continúa siendo el epicentro del problema, concentrando el 97,5 % de la deforestación asociada a minería ilegal. Sin embargo, el fenómeno se expande a otras regiones. En Loreto, cuencas como Nanay, Chambiras, Yaguas y Tigre registraron hasta 42 dragas activas en un solo día y 688 en el año. En Huánuco, la deforestación vinculada a este delito se triplicó en un año, pasando de 558 hectáreas en 2024 a 1.700 en 2025.

Oro ilegal y crecimiento sin control

Las cifras de exportación reflejan la magnitud del problema. El IPE señala que en 2005 se exportaron 12 toneladas de oro ilegal, mientras que en 2023 la cifra alcanzó 77 toneladas, con un valor estimado de USD 4.800 millones. En 2024, el volumen subió a 92 toneladas (USD 7.415 millones) y para 2025 se proyecta una exportación de entre 105 y 115 toneladas, valorizadas en alrededor de USD 12.000 millones.

En paralelo, el número de dragas en operación se ha disparado. Solo en el corredor minero de La Pampa, este año se contabilizan 1.613 dragas, frente a las 140 identificadas en 2021, con la participación de aproximadamente 6.400 mineros ilegales.

El deterioro institucional que genera la minería ilegal también se refleja en la opinión pública. El 94% de peruanos afirma que la corrupción está directamente vinculada con economías ilícitas —como la minería y la tala ilegal, el narcotráfico y el tráfico de tierras—, según la XIII Encuesta Nacional de Percepciones de la Corrupción 2025 de Proética.

Marco legal y compromisos regionales

La minería ilegal está tipificada en el artículo 307-A del Código Penal y sancionada con penas privativas de libertad de entre cuatro y ocho años, además de multas, cuando se realiza sin autorización y con afectación al ambiente o la salud. El proyecto de Gonzáles plantea que estas consecuencias penales se reflejen también en el ámbito político.

La iniciativa se alinea, además, con la Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal de la Comunidad Andina y con la Agenda Legislativa 2024–2025, orientada a fortalecer la democracia y el Estado de derecho. Según se precisa en la exposición de motivos, la propuesta no implica costos adicionales para el Estado y busca reforzar los controles sobre los antecedentes de quienes aspiran a un cargo parlamentario.

Por último, cabe precisar que los informes del NRGI advierten que, entre 2020 y 2025, se han documentado en regiones como Loreto indicios de corrupción, representación sobredimensionada de intereses vinculados a economías ilegales y estrategias para debilitar la fiscalización estatal.